El Supremo de EE UU estudia si se puede analizar el ADN de detenidos

¿Pueden las fuerzas del orden tomar una muestra de ADN de la boca de un detenido que todavía no ha sido juzgado? ¿Son esas pruebas una invasión de la intimidad? En definitiva, ¿son constitucionales las leyes estatales que permiten obtener muestras genéticas de los detenidos? Durante una hora de vista oral, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos han debatido hoy lo anterior después de que un hombre condenado a cadena perpetua en 2009 por la violación y asesinato de una mujer tuviera que ser puesto en libertad por haberse vulnerado su derecho constitucional protegido por la cuarta enmienda –la que protege de registros arbitrarios y garantiza el derecho a una orden judicial-.

El Supremo, como en todos sus casos, emitirá su dictamen en el mes de junio antes de concluir su curso.

Alonzo Jay King fue detenido en 2009 por cargos de asalto en un condado de Maryland. Acogiéndose a una ley estatal que permite tomar muestras de ADN a los arrestados por delitos violentos, los agentes hicieron lo propio e introdujeron un bastoncillo en el carrillo de King y enviaron el especimen al sistema computerizado de perfiles de ADN conocido como CODIS.

El ordenador emitió su respuesta poco después y mostró la palabra mágica en la pantalla: coincidencia. El ADN de King correspondía con el almacenado en el sistema después de que la policía encontrase muerta en su casa en 2003 a una mujer de 53 años que había sido violada y cuyo caso dormía en los archivos policiales del condado de Salisbury, en Maryland.

El ADN de King correspondía con el almacenado en el sistema después de que la policía encontrase muerta en su casa en 2003 a una mujer de 53 años que había sido violada y cuyo caso dormía en los archivos policiales

King nunca fue condenado por el cargo por el que había sido detenido y durante el que le tomaron la muestra de ADN. Sin embargo, sí fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel por la violación y el asesinato del que su muestra de ADN decía que era culpable. Pero sus abogados argumentaron que la prueba tomada no debería de haberse usado para conectarle con el crimen entre otras cosas porque no se utilizó una orden judicial para ello ni se daban los criterios básicos de causa probable para obtener dicha muestra.

King tiene el respaldo de los grupos de defensa de derechos civiles que consideran que el Gobierno debería de tener limitaciones a la hora de recoger esas pruebas de ADN. Como mínimo, argumentan, la policía debe de tener en su poder una orden judicial basada en lo que los letrados denominan “sospecha individual” de que una determinada persona sea sospechosa de haber cometido un crimen en particular.

Todos los Estados de la Unión exigen que se tomen muestran de ADN de aquellos condenados por crímenes violentos. Pero solo 26 y el Gobierno federal permiten hacerlo en casos menores. Desde el año 2000, los 50 Estados y el Distrito de Columbia requieren recolección de ADN de todos los criminales convictos. El número actual de perfiles en CODIS es de unos diez millones, con más de un millón de perfiles de personas que han sido detenidas pero no condenadas.

Maryland argumenta a su favor que la recolección y análisis de ADN es similar a la toma de huellas dactilares. Y sin embargo, los grupos de derechos civiles puntualizan que el objetivo de las huellas es lograr identificar a alguien que ha sido detenido. En opinión de estos colectivos, Maryland usa el ADN para investigar en lugar de identificar.

El Tribunal de Apelaciones de Maryland fue quien dio la razón a King y anuló su condena. El Estado entonces pidió la intervención del Supremo de EE UU diciendo que la decisión de la corte de apelaciones había privado a Maryland de una de “sus más valiosas herramientas para luchar contra el crimen. E insistieron en que las tomas de ADN son las huellas dactilares del siglo XXI.

El presidente del Supremo, John Roberts, permitió en julio del año pasado que el Estado siguiera adelante con la toma de muestras y en su exposición dejó entrever cuál podrá haber sido hoy su postura. “La recolección de ADN de individuos detenidos por delitos violentos supone una herramienta muy valiosa para investigar crímenes sin resolver y por tanto ayudan a apartar a los violentos de la población general”, escribió Roberts. “Que Maryland no pueda emplear esta figura para prevenir futuros males constituye un daño irreparable”.

Si el Tribunal Supremo fallase a favor de King, el millón de perfiles de ADN de sospechosos que a día de hoy están almacenados en CODIS deberían ser destruidos y ciertos convictos tendría que ser puestos en libertad.