La Junta de Castilla-La Mancha alega que las urgencias rurales son un “despilfarro”

Castilla-La Mancha ha presentado cuatro informes técnicos al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en los que justifica su decisión de suprimir 21 puntos de atención continuada (PAC) en la región y pide a los magistrados que retiren la suspensión cautelar que pesa sobre el cierre. Todos estos informes sobre la pertinencia o no de cerrar estos centros llevan fecha posterior al 17 de enero, cuando el tribunal dejó sin efecto la medida adoptada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

El argumento central de las alegaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, es la baja asistencia a las urgencias nocturnas. “Resulta obvio que mantener los centros abiertos durante 24 horas todos los días del año a los que acudan 0, 1, 2… pacientes puede considerarse, desde el punto de vista de la eficiencia, algo que podría resultar próximo al despilfarro”, dice el documento.

Los informes adjuntos a las alegaciones de la Junta están firmados por el director gerente del Servicio de Salud de la Comunidad (Sescam), Luis Carretero; el director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, Javier Fernández; el director general de atención sanitaria y calidad del Sescam, Miguel Ángel Soria, y el director gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Juan Antonio Sánchez Losada.

La Junta solicita al tribunal que, en caso de no levantarse la suspensión cautelar, “afecte solo al municipio reclamante”. El Gobierno regional considera que “no le compete” al Ayuntamiento de este municipio toledano defender los intereses globales de la región. “Las localidades afectadas no están representadas por el Ayuntamiento de Tembleque”, añade el escrito. El tribunal lleva reunido varios días para votar si mantiene o revierte la suspensión del cierre de las urgencias rurales, una vez recibidas las alegaciones de la comunidad autónoma.

Frente al argumento esgrimido por alcaldes y vecinos sobre el tiempo —superior a 30 minutos— que emplearán ahora en llegar a un centro de salud de noche, el Informe técnico sobre la organización de los puntos de atención continuada, anejo a las alegaciones y firmado por Miguel Ángel Soria, afirma que en todos los pueblos el tiempo al centro de referencia es “inferior o igual a 30 minutos”. Algunos Ayuntamientos han comprobado ante notario que esto no es así, como en el caso de Piqueras, que dista 45 minutos de Molina de Aragón, su nuevo centro asignado. Este periódico pudo comprobar que otra de las localidades afectadas, Loranca de Tajuña, queda a 40 minutos de las urgencias tras el cierre nocturno del centro de salud de Chiloeches (Guadalajara).

El Gobierno regional añade que “el criterio de eficiencia es uno de los que deben regir la actuación de las Administraciones públicas”. El Informe sobre el cambio de horario de algunos puntos de atención continuada en Castilla-La Mancha, firmado con fecha 18 de enero por Luis Carretero, va más allá. “Dado el valor de la vida humana, la toma de decisiones en gestión sanitaria se encuentra sometida al concepto de coste oportunidad. Esto es, ante cualquier decisión sanitaria, decidir dar uso a los recursos significa renunciar a destinar estos a otros usos alternativos”, escribe. Y añade: “Mantener un recurso con una baja aportación sanitaria supone tener que eliminar otros con mayor aportación”. Carretero subraya que esta medida se une a otras ya tomadas para paliar la crítica situación económica “que pone en riesgo la viabilidad de la sanidad pública en Castilla-La Mancha”, repite. Cita, entre otras, la reducción salarial de los profesionales, la concentración de compras y racionalización del gasto farmacéutico, supresión de puestos directivos en los centros sanitarios, la reducción de camas y plantilla, así como la supresión de la paga de Navidad o el copago farmacéutico. “Todas ellas suponen reducciones en la asistencia sanitaria”, afirma. Pero “ninguna de ellas”, incluido el cierre de los PAC, entraña un “riesgo inadmisible para los pacientes”. De no tomarlas, dice el escrito, “supondría la generación de un déficit que pondría de nuevo en peligro la viabilidad del sistema sanitario”. Con el cierre de 21 PAC en la región, el Gobierno calcula que ahorrará 5,1 millones de euros.