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El TSJC ordena a la Generalitat ofrecer enseñanza en castellano a seis alumnos

El auto impone la medida de forma cautelar hasta que se resuelva el recurso de los padres

El Gobierno catalán anuncia que impugnará la decisión judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza. En seis autos distintos, que se han notificado hoy, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere para que se dé este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la Consejería de Educación para que desestimaba sus pretensiones. La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, se suma a la protesta y ha anunciado que recurrirá en el plazo de cinco días la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

"No es fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar en catalán", ha remachado Rigau al criticar la reforma educativa que plantea el Gobierno central, y ha celebrado que el alto tribunal haya denegado la petición inicial de las mismas familias de extender el modelo bilingüe al resto de la clase de alumnos afectados.

En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la Consejería para que, de forma cautelar, adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística a la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán. En un comunicado de prensa, el TSJC aclara que los autos notificados hoy no suponen "en absoluto" la segregación de los alumnos por razón de lengua.

Esta misma sección del TSJC fue la que, en 2011, en relación con el recurso presentado por otras tres familias, dictó un auto en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat.

La sección quinta también reconoció en mayo de 2012 el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una "grieta" del sistema educativo catalán.

En los seis autos, la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJC advierte de que, pese a que da la razón a los padres a la hora de fijar la medida cautelar, ello no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso.