Salud subastará la mitad de los fármacos que recetan sus médicos

La Junta de Andalucía prevé sacar a subasta la mitad de los medicamentos que se prescriben en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La intención de la Consejería de Salud es publicar esta semana una nueva convocatoria pública de fármacos mediante la que queden sujetos a adjudicación la gran mayoría de los medicamentos que han perdido la patente y, por tanto, cuentan en el mercado con genéricos. Con esta medida, el SAS espera ahorrar 200 millones de euros al año.

La Junta recibió este lunes el auto por el que el Tribunal Constitucional levanta la suspensión cautelar que pesaba sobre la convocatoria pública de fármacos desde julio de este año, tras el recurso del Gobierno central. Entre las alegaciones presentadas por el SAS ante el alto tribunal destaca el perjuicio económico que ocasionaría a las cuentas de la Junta el veto a las subastas de fármacos, uno de los pilares del plan de ajuste andaluz en materia sanitaria. Y la Junta, en estas alegaciones, desvela sus planes: el 89% del total del gasto de la Junta en recetas (1.911 millones de euros en 2011) se refiere a medicamentos y, de éstos, son subastables (porque ya no tienen patente) el 56,2% (111 millones de envases al año). Si la Junta los licitara todos podría ahorrar 244 millones de euros al año.

La idea de Salud no es aplicar la medida a ese 56,2%, pero casi: los planes pasan por que alrededor del 50% de todos los medicamentos que recetan los médicos del SAS estén sujetos a subasta. Es decir, cuando un paciente acuda a una farmacia con una receta por principio activo (casi el 90% de todas las que se emiten hoy en el SAS lo son), el boticario no le entregará cualquier genérico de ese principio activo, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta para ese medicamento.

Es la misma fórmula que ya funciona desde junio con los tres subgrupos terapéuticos que adjudicó la Junta el año pasado y que incluyen algunos de los principios activos más consumidos: los protectores gástricos (como el omeprazol), las estatinas (para reducir el colesterol) y los inhibidores de agregación plaquetaria (para prevenir coágulos y disminuir el riesgo de infarto).

En el auto hecho público este lunes, el Constitucional vuelve a respaldar la capacidad de la Junta para buscar medidas de ahorro del gasto farmacéutico. Los jueces recuerdan los argumentos que ya incluyeron en el auto por el que levantaron en julio la primera suspensión decretada sobre la subasta: “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, expone el auto.

Tras el varapalo de la resolución de julio, el abogado del estado busca nuevos argumentos para cuestionar la licitación de fármacos, pero los jueces los rechazan uno a uno. El Constitucional pone incluso en entredicho un informe con el que el Gobierno intenta probar que la subasta andaluza permite un menor ahorro que las revisiones mensuales del precio de los medicamentos impuestos por el Ministerio de Sanidad. Según los jueces, este informe no viene ni firmado, ni se dice cuándo se ha hecho ni quién lo ha encargado, por lo que “carece de valor probatorio”.

Los jueces rechazan también que, como denuncia el Gobierno, la subasta perjudicará a los laboratorios farmacéuticos que no resulten adjudicatarios. “Los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico”, señala el auto.