Recortes disfrazados de reforma

Cinco años de crisis, y un sinfín de planes anunciados para salir de ella, es suficiente bagaje: cuando se oye la palabra reforma, la reacción natural ya no es discutir si el cambio propuesto servirá para algo, sino echarse la mano a la cartera. Al Ejecutivo español se le exigen, al mismo tiempo, drásticos ajustes presupuestarios y radicales cambios en las normas que regulan la economía. Son condiciones de Bruselas, del Banco Central Europeo (BCE), de Alemania para sostener a España frente a los embates de los mercados. Pero, como repite a menudo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “la prioridad es reducir el déficit”. En más de un caso, la reforma es un envoltorio, mucho menos de lo que promete. Y, sorpresa, lo que hay dentro son más recortes y más impuestos.

Al eco de lo que organismos internacionales, servicios de estudios privados y una parte sustancial de la academia llevan años repitiendo, el Gobierno, socialista antes, popular ahora, ha dado una importancia mayúscula a las reformas. “Saldremos de la crisis a base de reformas”, decía Elena Salgado, entonces vicepresidenta económica, al final de la legislatura socialista. “Queda una larga senda de reformas por recorrer”, avisaba hace poco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La crisis no estalló porque no se hicieran esas reformas, pero ahora que la crisis está aquí, se impele a hacerlas: el argumento es que, si se solucionan problemas estructurales, habrá crecimiento económico antes y será más sostenible. “En el caso de España, hay que explicar que las reformas debían haberse hecho ya hace tiempo, que la burbuja inmobiliaria lo tapaba todo”, apunta Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La fundación, que creó el Banco de España, es una de las principales valedoras de la necesidad de profundas reformas en la economía española.

“Además, ahora, ¿qué alternativas hay? Cuando hay tantas limitaciones a la política monetaria, y aumentar el gasto público no es una opción, es la única herramienta que te queda para fortalecer el crecimiento”, abunda Conde-Ruiz. Jorge Uxó, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del colectivo Econonuestra, muy crítico con que esa sea la única vía para salir de la crisis, cree que el aparente empeño de los Gobiernos se explica por otros motivos: “Las expresiones reforma y modernización tienen una carga semántica positiva, lo mismo que ocurre con austeridad; desvían la atención sobre los efectos negativos de las políticas de recortes”.

Rajoy anuncia una reforma tras otra movido por la necesidad y la presión exterior

Que las reformas tengan mejor venta política que los recortes no quiere decir que sea de venta fácil. Casi ninguna lo es. La Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevaban años recomendando al Gobierno español cambios en el sistema de pensiones, en la regulación del trabajo, en las cajas de ahorros, en el sector eléctrico, en la composición de los impuestos, en las barreras de acceso a actividades de servicios, en la supervisión de la competencia empresarial o en el proceso administrativo para poner en marcha un negocio, por citar solo algunas áreas. Caían en saco roto. Hasta que estalló la crisis.

“¿Por qué es tan difícil hace reformas estructurales?”, se planteaba en un artículo Raghuram Rajan, cuando aún era economista jefe del FMI. “No todo el mundo gana en las reformas. En muchos casos, no tienen impacto en el corto plazo, necesitan más de un ciclo electoral para que sus efectos sean visibles. Y las ganancias futuras no son siempre fáciles de explicar”, sintetiza Conde-Ruiz, el subdirector de Fedea.

En su artículo, el ex economista jefe del FMI daba algunas pistas para facilitar a un Gobierno la aprobación de reformas conflictivas. “Un periodo de crecimiento escaso o negativo propicia la reforma: o la gente se da cuenta de su necesidad o los grupos de interés se debilitan”, decía Rajan en referencia a los colectivos que pierden con los cambios legales. “La presión de fuera ayuda”, añadía, “la supervisión del FMI es una forma de presión internacional, a escala mundial, para la mejora de políticas”. Nunca, en la historia reciente, ha sido el Gobierno español, rehén de una situación financiera precaria, tan sensible a esas presiones, que transforman las recomendaciones en mandatos.

Desde la Gran Recesión de 2009, España ha afrontado tres grandes reformas. El Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero aprobó la de las pensiones: se elevaba de 65 a 67 años la edad de jubilación y se aumentaba el tiempo de cómputo, de los 15 a los últimos 25 años cotizados. En suma, recortes a los nuevos pensionistas para salvaguardar la viabilidad de un sistema amenazado por el envejecimiento de la población. La reforma laboral, adoptada por el Ejecutivo del PP, abarata el despido y refuerza el poder de negociación empresarial: el objetivo es ganar productividad, pero ahora, en clave de recesión, se traduce en más paro y recortes salariales. La financiera, tras cuatro intentos, se la ha acabado haciendo Bruselas a Madrid. Aquí sí hay dinero público para sanear a la banca de su carga tóxica de préstamos vinculados al ladrillo, pero los resultados visibles son menos crédito a hogares y una notable pérdida de empleo en el sector.

"La burbuja lo tapó todo", dice el subdirector de Fedea

Son ejemplos de la disyuntiva entre impacto negativo a corto plazo a cambio de ganancias más amplias a medio plazo. Aunque para el profesor Uxó, que los considera “ajustes estructurales”, ni tan siquiera ese es el caso: “Las reformas se concentran en el deterioro de las condiciones laborales, la disminución de la capacidad de negociación salarial y el adelgazamiento del Estado de bienestar”, sostiene. El debate gana en confusión con otras reformas promovidas por el Gobierno del PP, en las que prima el afán recaudatorio, el tijeretazo al gasto público.

El sector eléctrico, por ejemplo, pide una reforma a gritos. El recibo de la luz que pagan los españoles es uno de los más caros de la UE. Y, al mismo tiempo, el sistema está diseñado de tal manera que el desfase entre los ingresos de las empresas productoras y los costes que se le reconocen no deja de crecer, de modo que los consumidores deben ya más de 24.000 millones al sector. Pero lo que el Gobierno del PP anunció como una reforma del sector se quedó en septiembre en una subida de impuestos a los productores, que acabarán pagando… los consumidores. “Solo hemos taponado el déficit”, admitió después el ministro de Industria, José Manuel Soria.

La transformación del sistema educativo es otra asignatura pendiente. En un primer análisis del contenido educativo del Plan Nacional de Reformas, Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y colaborador de la fundación Fedea, concluyó que, al menos la mitad de las 18 propuestas del Gobierno solo explicaban “cómo se realizarán parte de los recortes en educación” y “cómo muy probablemente estos recortes quedarán consolidados en el tiempo”. Los primeros cambios normativos dictados por Educación fueron subidas de tasas universitarias, aumento de las horas lectivas y del ratio de alumnos por profesor o supresión de licenciaturas. Eso sí, el departamento que dirige José Ignacio Wert acaba de lanzar la reforma educativa para la enseñanza no universitaria y ha establecido los cimientos de una formación profesional dual, con un contrato de aprendizaje.

En sanidad, la primacía de los recortes en los cambios legislativos impulsados por el Gobierno es absoluta: el aumento del copago farmacéutico brinda el mejor ejemplo. La última muesca de estas reformas que disfrazan ajustes es el aumento de las tasas judiciales, que se justifican como una medida para desatascar los tribunales, otra de esos problemas estructurales que apelan a una revisión a fondo. “Ante el colapso de la justicia, simplemente se hace más cara para limitar su uso, apenas se analizan nuevas fórmulas”, explica Rogelio Velasco, profesor de Economía de IE Business School.

"Se usan para desviar la atención sobre los recortes", dice el profesor Uxó

“Somos uno de los países con mayor ratio de abogados por habitante, la mayoría de los diputados son abogados, y eso se nota en la legislación, muy formalista, en la que no se consideran los costes económicos”, prosigue el profesor de la escuela de negocios, que pone un ejemplo: “Aquí, intentar cobrar por vía judicial un cheque devuelto lleva mucho más tiempo que en Marruecos”. Si a eso se le une que el inicio y desarrollo de la actividad empresarial puede tener que lidiar con los requisitos de cuatro Administraciones (central, autonómica, provincial y local), lo que queda es que España es uno de los países más complicados para poner en marcha un negocio.

“Cuando se crecía al 3% apenas se prestaba atención a estas ineficiencias”, concluye Velasco. La simplificación de licencias y permisos es, como la mejora del funcionamiento del sector público o la detección de duplicidades entre los distintos niveles de la Administración, una de esas reformas que se quedan a medio camino, cuando no en un cajón. O en una comisión, como las que el Gobierno acaba de anunciar para que hagan un dictamen antes de junio de 2013. Los cambios legales encallan aquí en el debate político, con ganadores y perdedores dentro de los propios partidos políticos, algo de difícil digestión.

En otros casos, los “grupos de interés” a los que hacía referencia el economista jefe del FMI están en el sector privado. La reforma de los servicios profesionales, que implica rebajar la barrera de acceso que establecen los colegios profesionales, lleva años atascada. Y a los distribuidores de carburantes solo se les amenaza con una regulación para presionar sus márgenes cuando la subida del precio de la gasolina acapara la atención de los medios. Y hay, también, alguna reforma que amaga con desandar el camino, como la unificación de los organismos reguladores y de competencia: se aduce, de nuevo, la necesidad de ahorrar costes, pero el riesgo es una supervisión más débil de la actividad de grandes empresas, como ha subrayado varias veces la Comisión Europea.

Lo que es innegable es que la crisis, y la presión exterior, han cambiado el ritmo de las reformas. Un informe de la OCDE de este año destacaba que eran precisamente Grecia, España, Irlanda y Portugal los países que más aumentaron el seguimiento de sus recomendaciones de 2008 a 2011. Otra cosa es que lo hagan de la mejor manera posible.

Para abordar el colapso de la justicia, el Gobierno opta por subir las tasas

La OCDE, tras analizar las reformas implementadas en los últimos 30 años, concluye que “apoyar las reformas con un sector financiero en buen funcionamiento y una estrategia de comunicación efectiva son claves para maximizar los beneficios a corto plazo”. También es recomendable “un amplio apoyo político” y utilizar recursos públicos para compensar a los perdedores (reforzar las políticas activas de empleo, por ejemplo). En momentos de dificultad económica, aconseja empezar por reformas de sectores cruciales, como la electricidad o el transporte, o por eliminar barreras de entrada en el comercio y servicios profesionales. Y postergar la reforma laboral: “En economías deprimidas, este tipo de reformas reportará beneficios más rápido solo si se ponen en marcha una vez que el mercado de trabajo muestra signos claros de recuperación”. El contraste con la hoja de ruta del Gobierno es llamativo. Como lo es que la propia OCDE no tenga empacho en contradecirse y presione ahora al Ejecutivo español para que de otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.

La exigencia simultánea de recortes y reformas mide a Rajoy. En algunos casos, como la reforma laboral, ha jugado a fondo una apuesta controvertida, aunque pasa de puntillas por el uso abusivo de la contratación temporal. En muchos otros, ha tirado por la calle de en medio, ha ganado tiempo, cuando no ha revestido recortes y subidas de impuestos de grandes palabras transformadoras. A su manera, recita aquello que dijo Chico Marx, disfrazado de Groucho Marx, a Margaret Dumont en Sopa de ganso: “¿A quién va a creer, a mí, o a sus propios ojos?”.