Irene Rigau: “No cambiaremos la política lingüística en las escuelas”

Pregunta. ¿Existe un problema lingüístico en Cataluña?

Respuesta. No. Tendríamos un problema si al final de la ESO o en la Selectividad nuestros alumnos suspendieran la asignatura de castellano, pero no es así.

P. Si es un conflicto político, ¿por qué no se soluciona políticamente?

R. Los partidos estatales no se han creído el modelo de Estado plurinacional, donde existen varias lenguas cooficiales. Ley tras ley han intentado menoscabar las competencias de la Generalitat, pero nadie hasta ahora la había atacado tan fuerte. Hay un problema político porque no aceptan la diferencia cultural y lingüística y consideran que la escuela es la responsable de mantener viva esta diferencia.

P. ¿Con el plante de hoy se rompen las negociaciones?

R. La propuesta es innegociable. Le enviaremos un informe que dice que vulnera el Estatut.

P. ¿Se rompe la inmersión?

R. Sin el modelo de escuela que defendemos desde hace 30 años, ahora tendríamos escuelas con idiomas diferentes y comunidades lingüísticas diferentes, sería romper la sociedad.

P. ¿Cómo se notará en el día a día de las aulas que el catalán pase a ser asignatura optativa?

R. No cambiará porque el día a día de las escuelas lo marca la Generalitat y nosotros defenderemos donde haga falta nuestro modelo. No cambiaremos la política lingüística en las escuelas.

P. ¿Y si el Gobierno dicta, por ejemplo, que el 60% de las clases tienen que ser en castellano?

R. Lo pueden hacer, pero nosotros lo recurriremos y no lo aplicaremos. Por encima de todo está la convivencia.

P. ¿Cuánto puede costar escolarizar en castellano a alumnos en escuelas privadas?

R. 600 euros por alumno.

P. ¿Cómo ve que este gasto lo deban asumir las comunidades?

R. No tiene ningún sentido. Además, no encontrarán en Cataluña escuelas privadas que hagan todas las clases en castellano. Esto es tener un gran desconocimiento del país. Pero mire, si incluso se habla de evaluar en primaria en la lengua materna. ¡En Cataluña hay 190 lenguas maternas! Ya veo a los profesores valorando en urdu.

P. Con las diferentes sentencias que cuestionan la inmersión y la actual reforma, ¿prevén un alud de peticiones de escolarización en castellano?

R. No, todo esto está impulsado políticamente y las familias están demostrando que tienen más seny que los políticos y nadie quiere que a sus hijos se les use políticamente.

P. Si se impone la ley por mayoría absoluta, ¿qué margen tienen las comunidades y los centros para sortear la reforma?

R. La fuerza y la autoridad moral de un país que defiende un modelo de escuela construido durante 30 años.

P. ¿Cómo se notará la pérdida de poder de las comunidades a la hora de definir los contenidos? ¿Se recortará las horas dedicadas a literatura catalana?

R. Limitar la autonomía de las comunidades es una nueva forma de interpretar el concepto de competencias compartidas. Tendremos que buscar la forma de preservar en el currículo escolar las materias esenciales para la cultura catalana.

P. ¿Cree que el Estado intenta con esta reforma controlar el aprendizaje?

R. Sí, es evidente. Hay un cambio a la hora de interpretar las competencias: en lugar de fijar un mínimo de cada materia que posteriormente completaría la Generalitat, el Gobierno lo que hace ahora es fijar el máximo de las materias importantes y dejan a las comunidades aquellas que consideran secundarias.

P. Sobre el resto de la reforma, ¿cómo valora la decisión de avanzar a tercero de ESO la elección entre FP y Bachillerato?

R. Tenemos ciertos matices a hacer porque hay algunas cuestiones técnicas que no nos gustan.

P. ¿Y sobre las reválidas?

R. Es una forma de controlar el currículo y creemos que no le corresponde al Gobierno evaluar los alumnos de Cataluña, esto corresponde a la Generalitat. El Gobierno puede establecer los criterios de evaluación, pero no los contenidos. Aquí tendremos una lucha dura.

P. ¿Qué medidas tomará la Generalitat ahora?

R. Las escuelas deben aplicar la normativa catalana y nosotros defenderemos nuestra Ley de Educación política y judicialmente. Si se mantiene el texto, recurriremos al Constitucional.