Sanidad causa alarma al abrir sobre el papel el copago de fármacos hospitalarios

El Ministerio de Sanidad ha reavivado la alarma que causó en abril el real decreto ley de recortes sanitarios cuando estableció que había que equiparar receta sanitaria y orden de dispensación hospitalaria. Desde luego, cuando personas como el exsecretario general de Sanidad en todos los Gobiernos de Zapatero, José Martínez Olmos, o el exdirector general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección y de Farmacia del Ministerio de Sanidad Alfonso Jiménez Palacios dicen que hay peligro de que la formulación de la medida permite que se aplique el copago a medicamentos como los antivirales para el VIH o tratamientos para la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, necesitados de hormona del crecimiento o hepatitis C es para temerlo. Y ello pese a que los portavoces del Ministerio de Sanidad insisten en que “lo que hasta ahora se da gratis va a seguir siendo gratis”. Y que lo que se hace es una modificación burocrática porque hay medicamentos (como algunos antibióticos) que el paciente “puede comprar en la calle y en el hospital” y que lo que se va a hacer es que las recetas que extiendan los médicos de los hospitales tengan el mismo copago que las de los médicos de primaria. Lo que ha sucedido es que tras el real decreto de abril ahora se ha aprovechado la regulación de las pensiones para concretar la equiparación de ambos formularios: la receta y la hoja de dispensación hospitalaria, algo que, además, hace falta por la implantación de la receta electrónica.

En concreto, lo que dice el real decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, es, en una disposición adicional, es que “se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria” –y que, por tanto, está sujeta a copago- “la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia”. El problema está en la interpretación de la última parte: ¿están incluidos en estos servicios de farmacia los hospitalarios? Y, sobre todo, ¿afectará esto a medicamentos que ahora se dan gratis?

La respuesta de Sanidad es tajante: “No”. Se refiere a servicios de farmacia que ahora ya daban medicamentos por los que había que pagar. El prólogo del real decreto intenta explicarlo: “Las desigualdades que está provocando la existencia de una diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación [un paciente puede ir a una farmacia con una receta de un médico del ambulatorio o con un papel del hospital] unido al proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud, exigen una clarificación inmediata que garantice la aplicación homogénea de estas medidas de dispensación”, afirma.

La respuesta oficial no convence a la oposición. Si se implantara el copago, la situación podría ser tremenda. Alfonso Jiménez pone algunos ejemplos: A los “niños de talla corta por déficit de hormona del crecimiento es necesario administrarles esta hormona (somatotropina) durante unos 10 años. El coste anual medio de este tratamiento es de 15.200 euros (precio venta del laboratorio). La familia de este paciente (habitualmente trabajadores en activo) tendría que abonar el 40, 50 o 60% de este coste (unos 7.500 euros al año) ya que los topes de la aportación solo existen para los pensionistas”.

Más casos: los pacientes con hepatitis C. “Los medicamentos más recientes como el boceprevir y el telaprevir permiten alcanzar una tasa de curación del 50 al 75% de los infectados, según hayan sido tratados o no con la terapia previa, y tienen un coste del tratamiento que oscila entre 21.000 y 42.000 euros, según sea la duración del mismo (de 24 a 48 semanas). La aportación que, el paciente, tendría que realizar en este caso, sería de entre 10.000 y 20.000 euros si fuera un trabajador en activo. Si fuera un pensionista, pagaría el 10% (de 2.000 a 4.000 euros pero, en este caso, con topes de 8, 18 o 60 euros al mes en función de su renta)”.

Sanidad afirma que solo se está unificando la receta

Hay más: pacientes con artritis reumatoide, psoriais o enfermedad de Crohn. “En estos casos, los medicamentos más utilizados son los llamados anti- tnf, como es el adalimumab cuyo precio es de 1.127 euros por cada envase de dos jeringas. El tratamiento es, por lo menos, de seis envases, lo que supone un coste de 6.762 euros. Los porcentajes a pagar por el paciente serían los mismos que en el caso anterior”.

Por último (sin agotar las posibilidades): pacientes con esclerosis múltiple remitente recidivante. “Hay varios medicamentos que se dispensan desde los hospitales a estos pacientes, para reducir la frecuencia de los brotes o la progresión de la enfermedad, como el interferón beta- 1a y el 1 b, el natalizaumab, el acetato de glatiramero, o el fingolimob. El coste medio anual de estos tratamientos supera los 14.000 euros, y los porcentajes a pagar por estos pacientes serían los mismos que en los casos anteriores”, dice Jiménez.

La conclusión, si se cumpliera esta situación, es que muchos no podrían pagarlo. Sanidad insiste en que no es así. A última hora se vio obligada a sacar una nota al respecto. Pero sin éxito. En ella dice que "se trata de una medida dirigida a los medicamentos y productos sanitarios que actualmente se dispensan en oficina de farmacia, además de en farmacia hospitalaria, y que estaban sujetos a aportación del usuario. Estos podrán tenerla también en el caso de que se prescriban para dispensación hospitalaria ambulatoria".

El PSOE cree que, al menos formalmente, la puerta queda abierta. Para Martínez Olmos "o no saben lo que han hecho, o es algo mucho peor". Lo que está claro es que si el objetivo no era abrir la puerta al copago y tranquilizar al respecto, se podía haber aclarado y se habrían evitado sustos para muchos.