EDITORIAL

Pago, copago y repago

Las medidas de ahorro en medicamentos no deben penalizar a los enfermos

Cuatro días antes de entrar en vigor el copago de los medicamentos, que obligará a los enfermos, incluidos los pensionistas, a pagar un porcentaje del precio de las medicinas en función de la renta, la ministra Ana Mato anunció una nueva medida de ahorro: retirar la financiación pública a más de 400 fármacos de uso frecuente e indicados para patologías que la ministra calificó de leves, pero que no siempre lo son. Entre los medicamentos excluidos figuran algunos de los antiinflamatorios más utilizados en procesos traumáticos y reumáticos, vasodilatadores, antiácidos, laxantes y antivirales, además de anticatarrales y mucolíticos que, aunque no curan las dolencias, alivian síntomas en las personas que tienen afecciones respiratorias.

El catálogo de fármacos debería revisarse periódicamente para retirar los que quedan obsoletos y disponen de una alternativa mejor. Algunos de los excluidos ahora pertenecen a esta categoría, pero otros no. En todo caso, el recorte no se ha hecho por un criterio de racionalidad en la prescripción, sino para lograr un ahorro de 440 millones, asegura Sanidad.

El copago, que entra en vigor el domingo con problemas organizativos y la rebelión de algunas autonomías, es una fórmula para contener gastos que se usa en varios países de Europa para salvaguardar los sistemas de salud amenazados por la crisis. De lo que se trata es de vigilar y evitar que la combinación del copago y la exclusión de medicamentos recaiga en los más vulnerables y tenga efectos disuasorios injustos, si quienes abusan y pueden pagar sigan consumiendo y muchos de quienes los necesitan dejen de tomarlos por no poder sufragarlos.

El Gobierno ha presentado una medida de ahorro sin aportar un informe de impacto económico, sin evaluar los efectos sociales y sin consultar con los médicos; se hará, ha dicho el Gobierno, próximamente. Algunos expertos han advertido de que, como ha ocurrido en anteriores medicamentazos, el ahorro previsto no se alcance. Es posible que ante la persistencia de los síntomas, los médicos acaben recetando fármacos más potentes con financiación pública y más caros.

En los últimos años, la industria farmacéutica ha sustituido medicamentos que habían perdido la patente, y por tanto ya no resultaban tan rentables, por otros con el mismo principio activo pero alguna variación en la composición o en la forma de administración, lo que les permite comercializarlos como un producto nuevo a un precio superior. A partir de ahora, los medicamentos excluidos seguirán en las farmacias y quienes los necesiten tendrán que pagarlos. Los que queden bajo financiación pública estarán sometidos al copago, lo que ya no excluye a los pensionistas, que ahora los obtienen gratis. Ambas medidas supondrían un repago si, en lugar de repartir las cargas a través del sistema impositivo para garantizar el futuro del sistema de salud, penalizaran a los que están en situación más vulnerable.

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