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Las personas con discapacidad se echan a la calle

El colectivo marcha hacia Madrid contra los recortes y una deuda de 300 millones de las administraciones

Un 20% de los centros de atención, al borde del cierre, según el CERMI

Desalojo de una mujer de la plataforma de discapacitados del hemiciclo de las Cortes Valencianas.
Desalojo de una mujer de la plataforma de discapacitados del hemiciclo de las Cortes Valencianas.

Las personas con discapacidad sacan su malestar a la calle, ese lugar que suele estar lleno de obstáculos para ellas. La primera convocatoria de una manifestación masiva, fijada para el domingo en Madrid, busca denunciar la “situación insostenible” que atraviesan por los recortes derivados de la crisis económica. Lo afirma Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la entidad que convoca la marcha, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI —agrupa a más de 7.000 entidades—. Asegura que las administraciones autonómicas deben al sector al menos 250 millones de euros, y los ayuntamientos, otros 50 por dos años de impagos. “Si en la época de bonanza ya lo pasábamos mal, con la crisis estamos todavía peor”, puntualiza.

Al menos 300 autobuses trasladarán a Madrid a unas 15.000 personas, según fuentes de la organización. En la marcha, convocada con el lema SOS discapacidad. Derechos, inclusión y bienestar a salvo, está prevista la presencia de ciudadanos con distintas discapacidades, incluida la medallista paralímpica Teresa Perales. Esta iniciativa ha tenido un prólogo en la Comunidad Valenciana: la marcha de nueve días y 200 kilómetros de 15 trabajadores sociales para protestar contra impagos y recortes. Ayer, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ordenó desalojar de la tribuna de invitados a los representantes de las entidades y centros que lanzaron gritos de protesta, informa Adolf Beltran. “¿Cuándo vamos a cobrar?, ¿por qué cobra usted y yo no?”, se escuchó.

Fuente: OCDE.
Fuente: OCDE.

“Los 300 millones de deuda viva derivan de la prestación de servicios, subvenciones y de las ayudas en salarios para los centros especiales de empleo, en los que la Administración paga la mitad del salario mínimo de cada trabajador”, detalla Pérez Bueno. Este miércoles se reunió con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, para abordar la situación. Se comprometieron a que, en la segunda partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) —18.000 millones en la primera y 23.000 el año que viene—, se pueda incluir el pago de subvenciones a la discapacidad, dice el presidente del CERMI.

Aunque según los ministerios el Gobierno ha destinado ya “339 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del FLA”, Pérez Bueno asegura que la deuda con la discapacidad sigue prácticamente intacta. “Los servicios sociales son mucho más que la atención a la discapacidad”, matiza. Además, las comunidades deben dedicar el fondo de rescate en primer lugar a saldar su deuda financiera, luego a pagar intereses y después, a proveedores. Ahí es donde el Gobierno incluye los 339 millones en facturas por servicios sociales correspondientes a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, las primeras en beneficiarse del FLA. Los impagos son especialmente relevantes en las comunidades que han pedido el rescate —a las que se han sumado Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria—. Pero también en Castilla y León y Madrid. Pérez Bueno solo salva a País Vasco, Cataluña, La Rioja y Aragón.

“La deuda hace nuestra situación insostenible porque tiene impacto en el empleo, que ya es bajo, y en la desaparición de servicios que son esenciales para tener una vida digna”, asegura el presidente del CERMI. “El 20% de los centros de atención a personas con discapacidad están en peligro de cierre inminente”, concreta. Caería la atención y, también, el trabajo, un bien especialmente escaso en un grupo de población amplio. Aunque se calcula que en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, solo 1.179.900 entre 16 y 64 años disponen de un certificado que lo acredita. De ellos, menos de un tercio están laboralmente activas, según el INE.

Las personas con discapacidad padecen otro ajuste: el de la Ley de Dependencia. “Tiene impacto enorme en la rebaja de atención”, afirma Pérez Bueno. A ello se suma la “practica desaparición” de la obra social de las cajas de ahorro, que aportaba “hasta el 20% de la financiación de la discapacidad”.