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Wert busca base legal para burlar la escuela en catalán

El Gobierno encarga un informe jurídico para concertar colegios privados en castellano

La Generalitat recuerda que las competencias sobre los centros son suyas

La enseñanza en castellano, otra de las promesas electorales del PP, es el nuevo capítulo de la pelea abierta entre el Ministerio de Educación y la Generalitat de Cataluña, después de que el proyecto de reforma escolar aumente el porcentaje de contenido que el Gobierno central impone a las autonomías y de que el ministro José Ignacio Wert vinculara el auge del independentismo con las transferencias educativas. Ahora, el ministerio admite que una de las posibilidades que está estudiando para asegurar el “derecho a que el castellano sea la lengua vehicular” en las escuelas catalanas es firmar convenios con colegios privados para que estos enseñen en español a aquellos alumnos que así lo deseen, como adelantó El Mundo.

Fuentes del ministerio aseguran que se trata solo de una de las posibilidades que se están estudiando —no detallan ninguna de las otras—, que no está cerrada y que no es definitiva. Tampoco especifica si afectaría a las escuelas privadas (unas 45 en Cataluña) o también a las concertadas (unas 700). “Estamos barajando varios escenarios, y el mejor de todos sería que la Generalitat cumpla la ley”, dice la misma fuente en referencia a las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia catalán que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular en las escuelas.

Sin dar más detalles sobre su idea, Educación dice que los servicios jurídicos están estudiando cómo podría llevarse a cabo. Cuestión primordial, pues según la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, no podrían hacerlo con la normativa actual, porque la creación de centros o financiación de otros depende solo de la Generalitat. Eso sí, Rigau reconoció en una entrevista en Rac1 que “los marcos legales están cambiando de una forma muy rápida y todo hace pensar que la nueva reforma educativa entrará en el tema de la lengua”.

“No hay tema. La escuela catalana seguirá funcionando. Si algún déficit tenemos es mejorar las lenguas en su conjunto y las lenguas extranjeras”, replicó ayer el presidente catalán, Artur Mas. Y añadió: “Ni entienden nada ni quieren entenderlo. En la escuela catalana con inmersión lingüística, cuando los niños salen, sacan una nota de castellano que está por encima de la media”.

El debate de la inmersión lingüística va surgiendo frecuentemente desde que tres familias catalanas ganaron en los tribunales un recurso pidiendo que sus hijos recibieran más asignaturas en lengua castellana. Diferentes sentencias han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano ejerce, junto al catalán, de lengua vehicular en la enseñanza, pero sin especificar cómo. Pese a todo, se trata de un debate que la comunidad educativa catalana considera artificial y meramente político. Incluso una escuela privada de Cataluña (susceptible de ser afectada por la medida) aseveró a este diario que se trata de un “asunto minoritario y un problema que no existe en realidad”. Esta misma escuela, que ofrece una educación bilingüe, mostró su rechazo a la propuesta de Wert y criticó el poco conocimiento del ministro sobre la realidad de las escuelas.

Según el Departamento de Enseñanza, este curso han pedido la escolarización en las dos lenguas cooficiales 12 familias en la etapa de preescolar. Pero en todo el sistema educativo, la cifra se eleva hasta unas 900, según Convivencia Cívica catalana, entidad que aglutina estas peticiones.

La consejera Rigau siempre ha defendido que la normativa actual garantiza a los recién llegados una atención personalizada en castellano. El Gobierno catalán defiende el actual sistema de inmersión lingüística apelando a las evaluaciones académicas en que se refleja que los alumnos acaban la etapa obligatoria conociendo al mismo nivel las dos lenguas cooficiales. “Si hace tanto tiempo que lo hacemos y ha sido útil para los hijos de aquellos que no hablaban catalán o a los que venían de fuera, ¿dónde está el problema?”, cuestionó la consejera. Con todo, Rigau quiso zanjar la polémica de forma contundente. “No se separará al alumnado por razón de lengua y no romperemos la cohesión social”.

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