Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El baile de precios de los fármacos pone en pie de guerra al sector

Sanidad obliga a dispensar el más barato, lo que ha generado desabastecimientos

El sistema supone que un paciente puede tener que cambiar de pastilla cada mes

La ministra de Sanidad, Ana Mato. Ampliar foto
La ministra de Sanidad, Ana Mato.

Un pequeño cambio, apenas dos palabras, introducido en el decreto ley de medidas sanitarias del pasado mes de abril tiene en pie de guerra al sector farmacéutico. Y en alguna comunidad, principalmente Galicia, está provocando problemas de desabastecimiento de una veintena de medicamentos. La raíz del conflicto llegó camuflada en el documento de correcciones del decreto ley (publicado en el BOE tres semanas después que la norma), donde, además de corregir algunas erratas, el Gobierno aprovechó para cambiar el sistema de financiación de los principios activos (la sustancia que tiene acción terapéutica).

Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad establecía periódicamente lo que se llamaba el “precio menor”, que es el que debía tener en cuenta el boticario al vender un medicamento recetado por principio activo. Este “precio menor” no era solo el más barato del mercado, sino que se llamaba así al listado de precios aprobado por el Gobierno para las prescripciones de los principios activos. Pero la nueva redacción sustituye el concepto de “precio menor” por el de “precio más bajo”. Lo que parece un simple cambio semántico escondía en realidad una revolución para el sector: cuando un paciente llega a una farmacia con una receta por principio activo el boticario ya no puede elegir entre un conjunto de medicamentos, sino que tiene que vender el que ese mes tenga el precio más bajo de todos.

“Un sistema que cambia los precios todos los meses es imposible de gestionar", dice el presidente de los farmacéuticos andaluces

Los laboratorios hacen sus propuestas de precio a principios de mes y Sanidad autoriza como “precio más bajo” al que presente la oferta más económica. Los demás, por tanto, se quedan fuera de la financiación pública ese mes. En la práctica, el mecanismo funciona como una especie de subasta a la baja mensual que trae de cabeza a los farmacéuticos, los fabricantes y las distribuidoras de medicamentos. “Un sistema que cambia los precios todos los meses es imposible de gestionar. Es un caos inviable”, advierte el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance.

Para los boticarios, el principal problema es la gestión del stock. El plazo para que los laboratorios presenten sus ofertas de bajada voluntaria de precio se abre el día 1 de cada mes. El 5 se hacen públicas y los laboratorios tienen tres días de repesca para igualarlas. El día 10 se publican los precios que estarán vigentes el siguiente mes. “Del 10 al 20 seguimos dispensando y pidiendo a los laboratorios stock de los fármacos de ese mes. Pero a partir del 20 ya no sabes si pedir los de ese mes o el siguiente. Es un disparate”, insiste Mingorance.

Polémica epistolar en Galicia

La guerra de precios que algunos laboratorios pequeños han impuesto gracias al sistema de precio más bajo ha generado problemas de desabastecimiento de fármacos tan comunes como el losartán (para la hipertensión) o la simvastatina (colesterol). Especialmente en las farmacias de Galicia, cuyo sistema informático solo permite entregar al paciente el del laboratorio más barato. Una carta a la Agencia Española del Medicamento (Aemps) del presidente del colegio de farmacéuticos de Ourense ha generado tal polémica que ha obligado a la Aemps a emitir un comunicado público de respuesta en el que reafirma la calidad de los medicamentos genéricos.

El colegio, con el apoyo de los de Coruña y Lugo, denunció que los boticarios se veían obligados a dispensar medicamentos de laboratorios de los que no tienen referencias y con los que ni siquiera se habían podido poner en contacto para exigirles garantías. Uno les respondió si podían escribirles en inglés y otro dijo que debía pedir el estudio de bioequivalencia a la India. “Lo que nos pareció irregular”, dice la carta. “Se han detectado desabastecimientos de todos los productos de los citados laboratorios en todos los almacenes mayoristas que operan en Galicia”, aseguraba la misiva.

Son empresas que decidieron bajar sus precios pese a no tener capacidad para suministrar. “Nadie nos puede obligar a hacer producción para todo el mercado nacional”, aseguran en una de esos laboratorios, Sumol, que bajó un 25% tres especialidades muy comunes “para seguir en el mercado”. “También las pymes, y no solo los grandes, tenemos derecho”, añaden, y acusan al “lobby farmacéutico” de llevar años “ofreciendo descuentos y bonificaciones ilegales a las farmacias” para mantener su cuota.

"Los estudios de bioequivalencia existen y están disponibles", señala la presidenta de la Aemps, Belén Crespo, que lamenta que la carta del colegio de Orense "cuestione todo el sistema de medicamentos genéricos". Los ciudadanos, añade, "tienen que saber que los fármacos cumplen todas las garantías sanitarias" y asegura que todos los laboratorios acreditados en España cuentan con personal al que la Aemps tiene acceso en caso de duda.

Otros agujeros del sistema se empezaron ya a ver en junio, cuando se publicó el primer listado de bajadas voluntarias. Algunos laboratorios pequeños y con escasa cuota de venta bajaron drásticamente sus precios para intentar situarse en el mercado. En el sector se les conoce como los kamikazes. De la noche a la mañana, varios de sus fármacos se convirtieron en los únicos autorizados por Sanidad para la financiación pública, pero en la práctica no tenían capacidad para abastecer a todo el país. Y apenas unas horas después de entrar en vigor los nuevos precios saltaron las alertas de los primeros desabastecimientos. Cuando el farmacéutico metía el nombre del fármaco en el ordenador, se encontraba con que no quedaban existencias. “El criterio de precio más bajo debería ir unido a la garantía de suministro”, sostiene Carlos González Bosch, presidente del grupo Cofares, una cooperativa que lidera la distribución de medicamentos  en España. González Bosch pide al Ministerio de Sanidad que cambie la norma para regular que solo se pueda adjudicar el precio más bajo a laboratorios con capacidad para abastecer a todo el país.

Un ejemplo de empresa pequeña es el laboratorio Sumol Pharma, con sede en Barcelona, que bajó el precio de algunas presentaciones de simvastatina (para el colesterol), losartán y enalapril (para tratar la hipertensión), tres principios activos que toman centenares de miles de personas. Cuando tomó esa decisión, el laboratorio tenía una cuota de mercado ínfima. "Nadie nos puede obligar a hacer producción para todo el Estado", asegura su consejero delegado, Luis Bahamonde, que reconoce haber bajado precios para hacerse un hueco en el mercado. "Si nosotros no servimos, se puede dar el siguiente precio", añade. Sin embargo, en Galicia el sistema de receta electrónica es tan rígido que un farmacéutico no puede señalar el segundo precio más barato en el formulario del ordenador. De ahí los problemas de desabastecimiento que han denunciado los boticarios en las últimas semanas. "Hemos tenido que mandar a los pacientes a casa sin el fármaco, o decirles que si lo querían en el momento debían pagarlo", asegura Vicente Álvarez, presidente del Colegio de farmacéuticos de Orense.

Con todo, el presidente de la distribuidora Cofares cree que parte del problema se va a solucionar en agosto, cuando entren en vigor los precios surgidos de las ofertas presentadas a principios de julio. Este nuevo listado deja ya entrever que las grandes marcas de la industria han reaccionado para no quedarse fuera del mercado y han usado los días de repesca para bajar sus precios al mismo nivel que las kamikazes. Así, todas se sitúan en ese “precio más bajo” y los farmacéuticos pueden dispensarlas. Aunque esto soluciona el problema de los desabastecimientos también puede acabar desvirtuando el objetivo de bajada de precios que perseguía el ministerio, vaticinan los expertos: si las empresas ven que por mucho que abaraten su fármaco las demás lo igualan, dejarán de abaratarlos.

"Hemos tenido que mandar a los pacientes a casa sin el fármaco, o decirles que si lo querían en el momento debían pagarlo", asegura Vicente Álvarez, presidente del Colegio de farmacéuticos de Orense.

La comunidad donde más problemas ha ocasionado el nuevo sistema es Galicia. La mayoría de las comunidades han puesto desde el principio en marcha un mecanismo de sustitución que autoriza al farmacéutico a vender el siguiente de menor precio si no hay existencias del designado por Sanidad. Pero en Galicia “el sistema informático es muy rígido y no permite dispensar un producto de precio superior”, explica Álvarez, del colegio de Ourense. La Xunta ha tenido que autorizar puntualmente el suministro de los siguientes fármacos más baratos.

“Hay 17 comunidades y 17 sistemas. No hay equidad en el acceso a los medicamentos”, se queja la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), María Jesús Rodríguez. “No tiene ningún sentido cambiarle el medicamento al paciente cada mes. Hay personas mayores que no entienden que las pastillas no sean del mismo color. Por ahorrar dos euros ahora, el Ministerio no es consciente de lo que gastaremos por urgencias e ingresos hospitalarios, por falta del cumplimiento de la medicación”, añade, y se pregunta: ¿Por qué se consiente que el fármaco registrado como más barato no esté comercializado?”

Ángel Luis López de la Cuerda, director general de la Asociación Española de Genéricos (Aeseg), pide directamente la vuelta al sistema anterior, el del precio menor (que no más bajo), que además se revisaba o semestral o trimestralmente. “Con una revisión mensual es muy difícil trabajar”, apunta López de la Cuerda. “La revisión semestral daba coherencia al sistema. Una compañía necesita un tiempo para fabricar los medicamentos y llevarlos al mercado. No puede hacerlo sin saber si ese mes va a vender lo mismo o mucho menos”, explica. El director de Aeseg, además, está convencido de que el sistema actual produce un ahorro “mínimo” que no compensa los problemas logísticos y de abastecimiento que genera.