El Gobierno estudiará incentivos para la regularización de las asistentas

No habrá prórroga. Hoy termina el plazo de seis meses fijado para completar la integración de todos los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, incluidos los que acuden unas pocas horas a la semana a distintos domicilios, pero cientos de miles de hogares no han dado aún de alta a sus trabajadores, la mayoría mujeres. El colectivo presentó el miércoles una petición formal al Gobierno para que amplíe el periodo de transición hasta final de año, pero el Ejecutivo descarta esta opción, según un portavoz del Ministerio de Empleo. Lo que sí asegura es que estudiará incentivos para impulsar la regularización tras analizar los datos finales de afiliación, que se presentarán el próximo martes.

La reforma laboral
obliga a estudiar
medidas fiscales y simplificar trámites

El Gobierno elaborará en los próximos meses un informe con posibles medidas para simplificar los trámites e introducir incentivos fiscales como bonificaciones en las cotizaciones o desgravaciones en el IRPF. Le obliga a ello una enmienda introducida por CiU en la reforma laboral aprobada definitivamente ayer. Carles Campuzano, portavoz en materia laboral de CiU en el Congreso, cree que incluso hay que ir más allá. “Hay que fijarse en otros países europeos que han logrado hacer aflorar mucho empleo informal en este sector. Por ejemplo, entre 2005 y 2009 Francia consiguió crear 500.000 puestos de trabajo gracias a un sistema de cheques que se pueden adquirir en los bancos. Bélgica tiene algo parecido y en Alemania existen varios instrumentos para apoyar la contratación, entre ellos el de los minijobs,que permite utilizar un procedimiento simplificado de registro”, señala Campuzano.

Hace menos de dos semanas la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso aprobó una proposición no de ley impulsada por CiU para pedir al Gobierno que estudie fórmulas de este tipo adecuadas al contexto español, en el que se calcula que más de 400.000 trabajadoras del hogar no están afiliadas. Muchas porque al ser irregulares no pueden ser contratadas, otras porque sus empleadores se niegan y otras porque prefieren mantenerse en la economía sumergida. La nueva normativa prevé multas de entre 626 y 6.250 euros.

El colectivo reclama
un plan de
inspecciones eficaz

Pese a que el Gobierno rechaza ampliar el plazo, el sindicato Sindihogar ha convocado una concentración mañana por la tarde en Barcelona para exigir de nuevo una prórroga. Las trabajadoras denuncian que el Gobierno no ha realizado una buena labor de información durante el proceso de transición, lo que ha creado confusión y temor entre los empleadores y ha llevado al despido de cientos de personas, especialmente de inmigrantes irregulares. “No se les puede hacer contrato hasta que consigan el arraigo y muchas van a perder la tarjeta sanitaria en unos meses. Las familias tienen miedo de lo que pueda pasar si alguna tiene un accidente dentro de su casa”, explica Begoña Arias, del centro Pueblos Unidos, que ofrece en Madrid asesoramiento y formación a extranjeros.

El sector reclama también soluciones para las discontinuas que trabajan por horas en diferentes casas, que hasta ahora podían cotizar por su cuenta y que perderán su afiliación si no han conseguido que alguno de sus jefes formalice su alta. A finales de mayo se encontraban en esta situación 47.000 empleadas, aunque el Ejecutivo cree que esta cifra bajará bastante cuando se conozcan los datos de junio porque muchos hogares han esperado hasta el final del plazo para ahorrarse las cuotas de los meses anteriores. Las colas registradas esta última semana en algunas oficinas de la Seguridad Social pueden apoyar esta suposición.

Los colectivos de trabajadoras consideran además que debe ponerse en marcha un plan de inspección eficaz. “Las autoridades siempre se han escudado en el hecho de que no se puede traspasar la puerta de un domicilio privado, pero hay otras maneras de iniciar un procedimiento si realmente hay voluntad”, indica Concha Gómez, portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE). “Es difícil que ellas denuncien. No es fácil demostrar una irregularidad en un entorno tan informal como este, sin documentos que lo acrediten”, añade Begoña Arias.