¿De verdad sobran investigadores?

La Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, declaró hace poco a la revista Nature que el sistema español no se puede permitir contratar a tantos investigadores. La afirmación me ha sorprendido, por cuanto la idea de cambiar el modelo productivo para salir de la crisis se había convertido en un mantra. Salvo que el cambio de modelo que tenga en la cabeza se refiera a dejar de construir casas y especular, para que nos dediquemos a, no sé, alquilar a la selección nacional de fútbol para bolos internacionales, en plan estajanovista, no se acaba de entender la lógica que le impulsa a afirmar tal cosa. Si a lo que se refieren con cambio es a dejar de financiar entre todos el que alguien compre una casa esperando a que suba, para dedicar el dinero a producir cosas nuevas y de manera más eficaz, entonces no se comprende que la estrategia sea racanear donde habría que invertir.

La falta de puntería de esta política solo se entiende asumiendo un escenario de ignorancia abrumadora sobre los beneficios de la investigación. ¿De verdad no hay nadie en el Gobierno que haya entendido en qué consiste cambiar el modelo productivo? A veces uno piensa que los Consejos de Ministros se desarrollan como una escena de los Monty Python. Imagino que están discutiendo sobre lo caro que sale esto de la ciencia, y que algún ministro acaba preguntando: pero, en el fondo, ¿qué han hecho los científicos por nosotros? Solo que al contrario que en la película, da la impresión de que en Moncloa no hay nadie que le responda: nada, salvo inventar vacunas, terapias contra enfermedades, prótesis, robots, motores, órganos artificiales, coches eléctricos, ordenadores, baterías, satélites que nos dicen cómo gastar menos agua y energía, modelos que nos permiten evitar inundaciones, células solares más eficientes, métodos para que el ozono siga protegiéndonos, máquinas de diálisis más rápidas, comida más sana y abundante, neveras, hornos microondas, antihistamínicos, antídotos contra venenos, ropa que evita que te congeles, corriente alterna, trenes que van a trescientos por hora, plaguicidas, internet telefonía móvil, fertilizantes, o eso que llaman medicamentos.

Por poner solo un ejemplo de la desorientación en la que parece que se mueven las inversiones productivas, este año solo se podrá contar con 175 contratos en el programa Ramón y Cajal (investigadores de alto nivel), frente a los 250 del año 2011. Parece ser que resulta carísimo realizar 75 contratos más; contratos temporales, por cinco años, y sujetos a dos evaluaciones en ese periodo. Desde luego debe resultar muy difícil -de alta orfebrería financiera- invertir en 75 personas que inventen medicamentos, vacunas, terapias, etcétera, cuando, por ejemplo, hay que pagar siete millones de euros de indemnización a alguien que llevó a la quiebra a un banco. Si se multiplica ese dinero -que, para entendernos, daría para mantener a 200 investigadores- por el número de gestores que con sus -por decirlo suave- prácticas defectuosas, nos han llevado a donde estamos, se entiende que al ministro no le salgan las cuentas. Deben ser cientos de millones los que tenemos que pagar. Sumado eso a lo que deben costar los miles de asesores en todas las escalas, y los cargos de confianza, no debe quedar ni un céntimo para que los investigadores descubran algo útil.

Será que de llevar 20 años en la Universidad uno se vuelve raro, pero me da la impresión de que si hay que priorizar, se deberían primar cosas como por ejemplo cumplir con el compromiso de convertir becas de doctorado en contratos de investigación de dos años, como prevé la legislación. No hay ninguna necesidad de mandar a la calle con una tesis a medias a chicos cargados de ilusión. Por otro lado, resulta poco inteligente, porque se irán al extranjero a producir para otros, con lo que seremos aún menos productivos. A fortiori, echar a ciertos investigadores españoles es perder dinero, porque sus contratos se subvencionan en un 80% con dinero europeo, pero pagan aquí el 100% de sus impuestos. El 20% que haría falta poner se autogenera. Despedirles es, por tanto, incomprensible.

Ya sabemos que no estamos en la mejor época, y que, en cierto sentido, los investigadores somos unos privilegiados, pero hay que fijar prioridades si es que queremos salir algún día de donde estamos. Decir que sobran investigadores cuando somos poco competitivos es como decir que sobran médicos cuando hay una epidemia. Y estoy convencido de que si hay que recortar, hay bastantes elementos superfluos que adelgazar. Siguiendo con el sketch de La Vida de Brian, algunos podríamos preguntarnos: pero, en el fondo ¿qué hacen, digamos, las Diputaciones por nosotros?. Esta vez la respuesta es más corta: nada. Tal vez lo que no nos podamos permitir sea mantener instituciones vacías de contenido cuando hay otras que necesitan llenarse de ideas.

Francisco J. Tapiador es Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC).