Gobierno y comunidad educativa, listos para un conflicto prolongado

El Ministerio de Educación afronta hoy su primer gran choque con la comunidad educativa. El primero, porque las propias previsiones del Gobierno —se reducirá en cinco años la inversión pública en enseñanza del 4,9% al 3,9% del PIB, es decir, más de 10.000 millones de euros— auguran un conflicto prolongado, pues las consecuencias de los recortes apenas han empezado aún a asomar. Y eso, sin contar con las resistencias que puedan surgir a la prometida reforma educativa: cuarto de la ESO especializado hacia la FP o el bachillerato, programas de FP dual que combine estudios y trabajo, o evaluaciones externas en primaria y secundaria.

De momento, los sindicatos más representativos de la enseñanza (CC OO, ANPE, CSIF, STES y UGT), apoyados por la asociación mayoritaria de padres de alumnos (Ceapa) y las organizaciones estudiantiles, intentarán parar hoy los colegios, institutos y universidades públicas. La huelga será en toda España, menos en el País Vasco, La Rioja y Baleares, donde finalmente las centrales autonómicas han decidido apearse de la convocatoria estatal, aunque en las dos últimas habrá concentraciones de protesta. En distintos puntos de Galicia y Andalucía, la protesta arrancó anoche. La escuela concertada (privada subvencionada) solo está llamada a la huelga en Cataluña, mientras la patronal de centros privados CECE criticó la huelga y la asociación católica de padres Concapa la ha tachado de “irresponsable” en el actual contexto.

La profunda crisis económica que atraviesa España lleva dos años reduciendo los presupuestos públicos, también en sectores estratégicos y especialmente sensibles como la educación. El primer gran recorte fue el de sueldos docentes en 2010 (todavía con el Gobierno socialista), al que siguieron reducciones de plantillas en las escuelas en varias comunidades el pasado septiembre (Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha), poniendo más horas de clase a los funcionarios para poder prescindir de interinos. A ello se ha sumado la eliminación de distintos programas de apoyo a los escolares y restricciones y algunos ahogos en el día a día de los centros. A primeros de 2012, el recorte era de más de 3.400 millones de euros en los presupuestos educativos en solo dos años. Esto incluía las cuentas del Ministerio de Educación, que ha suprimido programas como el de apoyo a la creación de plazas de educación infantil hasta tres años.

Ese es el caldo de cultivo que encontró a mediados de abril el anuncio del Gobierno de que, aun con todo lo anterior, el recorte no era suficiente y se habrían de reducir otros 3.000 millones. Por ejemplo, generalizando y profundizando la reducción de plantillas que ya habían empezado en algunas comunidades a través del aumento de horas de clase de los profesores (también en la universidad) y el límite de alumnos por aula. Las autonomías también podrán subir el precio de las matrículas universitarias (unos 500 euros sobre una media actual de 1.000), mientras se endurecen los requisitos para acceder a las becas.

El sector afronta una reducción de plantillas para aulas más llenas

Todo estos ajustes y otros aflorarán en las aulas a partir del curso que viene con distintas concreciones e intensidades (FP superior de pago en Cataluña, eliminación de escuelas rurales pequeñas en Castilla-La Mancha, menos becas de libros y comedor en Madrid...).

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha insistido en que, a pesar de que se está pidiendo un gran esfuerzo a los profesores, las medidas permiten tal flexibilidad que apenas afectarán a la calidad del sistema educativo. Pero la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que centraliza el movimiento de protesta, no se lo cree. “Una retirada del 20% de los recursos económicos no es asumible en modo alguno sin poner en serio peligro la calidad de la educación. Supone el desmantelamiento del sistema educativo tal y como lo conocemos en este momento”, dice la carta enviada la semana pasada la directiva de la Ceapa a los padres.