Medio Ambiente suaviza el decreto ley que quitaba competencias autonómicas

El Ministerio de Medio Ambiente ha suavizado el borrador de decreto ley que quitaba a las comunidades autónomas competencias para vetar grandes obras en espacios de la Red Natura 2000. En el último texto, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no aparece ningún cambio en la Ley de Evaluación Ambiental, aunque mantiene las reformas de la Ley de Aguas, la de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la de Residuos.

Como era previsible, y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno volverá a ejercer las competencias de policía de agua en las cuencas que afectan a varias autonomías. En realidad, esa competencia, cedida por el Gobierno del PSOE de urgencia en agosto de 2011, nunca ha sido ejercida en Andalucía, la comunidad del PSOE que más reivindicó la gestión del Guadalquivir pese a que afecta a otras tres autonomías. Tampoco Aragón las ha utilizado. En su día, el PP se abstuvo en esa votación en el Congreso y apoyó otras que vulneraban la unidad de cuenca que ahora defiende. Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta y que ha defendido la unidad de gestión de los ríos, fue en su día ponente del Estatuto de Castilla y León. Ese texto fue anulado por el Constitucional en la parte en la que se atribuía la gestión del Duero.

El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha rebajado el borrador que adelantó este diario y que iba a acabar con toda probabilidad ante el Constitucional. En ese borrador, Medio Ambiente afirmaba que "existía una controversia" sobre qué administración era la competente "para emitir la declaración de la autoridad competente de supervisar la Red Natura 2000, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental".

Entonces, Medio Ambiente determinaba "con toda claridad y urgencia" que la competencia "corresponderá al Ministerio". Eso auguraba un conflicto con las comunidades, que perderían la posibilidad de poder minar grandes obras por su impacto ambiental, como el Puerto de Pasajes o el oleoducto desde Huelva a Badajoz. Ahora, no figura la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental. El Ministerio ha amagado varios consejos de ministros con el texto y al final lo ha retrasado.

La norma tiene una dudosa urgencia para utilizar el procedimiento de decreto ley. El Ministerio justifica que la sequía obliga a acelerar los trámites (ahí se nota que está redactado desde finales de marzo). En materia de aguas, permite la compra-venta de agua a los regantes del acuífero 23, el del nacimiento del Guadiana y las Tablas de Daimiel. Esta era una medida reclamada desde hace tiempo por el sindicato agrario Asaja, con el argumento de que permitirá reducir la extracción de agua sin utilizar dinero público.

Los ecologistas consideran en cambio que venderán agua aquellas personas que tienen la dotación concedida pero que en la práctica no la usan (bien por tener los pozos ya secos o bien por ser solo regantes ocasionales; gente que mantiene el campo como segunda ocupación). Así, según Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, el resultado será una mayor sobreexplotación.

Las ONG en defensa del medio ambiente lamentan que Cañete no vea la oportunidad única que tiene de recuperar los Ojos del Guadiana, junto a los cuales ya han surgido los primeros afloramientos de agua en 30 años. SEO/Birdlife asegura que arruinar el acuífero no tiene ningún mérito y que ya lo hicieron muchos ministros antes.

El decreto ley también ha eliminado la posibilidad de que las sociedades estatales de agua operen en el extranjero para buscar financiación, algo que había alarmado a las empresas españolas del agua, que no solo sufren retrasos en los pagos desde el Ministerio, sino que veían cómo les podía surgir un competidor.

Por último, el Gobierno aborta la posibilidad de establecer un sistema de depósito y retorno de envases, en el que el usuario paga una pequeña cantidad por cada vidrio, por ejemplo, que recibiría de vuelta al dejarlo en el punto de venta. Es una posibilidad prevista en la ley pero que no se ha aplicado y que ha enfrentando a los actuales gestores de residuos, como Ecoembes, con grupos ecologistas y fabricantes de las máquinas para reciclar, agrupados en la Fundación Retorna.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han rechazado en un comunicado el decreto ley "tanto en la forma como en el contenido". Consideran que "es una burla a la transparencia y participación y denuncian los retrocesos que produce en la protección ambiental de nuestro país".