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TRIBUNA

¡Qué poco lo han pensado!

El autor critica las últimas medidas adoptadas por el Gobierno que afectan a los profesores universitarios en su tarea investigadora y docente

He leído el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Sinceramente, lo primero que me ha venido a la mente es lo poco, que los autores, han pensado acerca de la situación de la universidad, o su desconocimiento de las categorías, funciones y dedicación de los profesores universitarios. Para ellos la solución es muy simple: más horas al profesorado y más cara la matrícula.

Asumo y apoyo la necesidad de reconsiderar y optimizar nuestra actividad docente e investigadora a la universidad, así como los desempeños de aquellos que apoyan esa labor como personal de administración y servicio. Si entendemos la Universidad como un servicio público es necesario buscar la mejor rentabilidad económica y social, e intentar una mayor eficacia en nuestro trabajo. El principio de austeridad es asumido por la mayoría de los profesores. Es nuestro sino en la Universidad española.

Cuando trabajo con mis alumnos, acerca de la resolución de problemas, les explico que antes de ponerse a realizar algún procedimiento para resolver el problema hay que pasar por dos fases previas: comprender y analizar la situación planteada y elaborar diferentes estrategias de solución. Son dos pasos convenientes si queremos abordar y solucionar el problema con racionalización y rigor. Les pongo múltiples ejemplos, algunos sacados de su propia experiencia, para mostrar que sin esos dos pasos corremos el riesgo de perdernos, en el camino. Es lo que creo que ha pasado con las medidas del decreto, que parecen redactadas, sin un análisis serio y riguroso de la situación del personal que trabaja en la universidad.

Una de las medidas aprobadas modifica el régimen de dedicación del profesorado. Me parece bien que exista una diferente consideración en función de criterios objetivos para señalar la dedicación docente e investigadora del profesorado. Pero, es evidente que esos criterios tendrían que corresponderse con las diferentes tareas que los profesores realizamos, teniendo en cuenta la contribución de cada cual en su campo científico y otras aportaciones que realizamos a la universidad. A este respecto, podríamos señalar diferentes aspectos que reflejan nuestro trabajo: dirección y participación en proyectos de investigación competitivos; participación en órganos de la administración para la gestión de la investigación como puedan ser la ANEP, la ANECA o diversas comisiones que consideran aspectos concretos; participación en instituciones internacionales relacionadas con la investigación en tu ámbito científico; direcciones de tesis doctorales, etcétera. Diferentes tareas que asumimos y realizamos y de cuyo resultados se beneficia la universidad.

Pero de todas las posibilidades, los autores del decreto se han fijado en las evaluaciones de la investigación. Es decir, los llamados sexenios. Es difícil encontrar en la universidad española algo más discrecional y discriminatorio que los sexenios. A modo de ejemplo, en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas se aplican diferentes baremos según el área a la que pertenezcas. En unas, adquirir un sexenio es casi rutinario, y en otras áreas de esta misma comisión el baremos es muy exigente.

No hay unos criterios equilibrados para todas las áreas, por lo que son muchos los profesores que se siente perjudicados por un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades. Además, el decreto se olvida que en la universidad existen otras categorías de personal docente e investigador en régimen de dedicación a tiempo completo, como los contratados y ayudantes doctores, que realizan una importante labor docente e investigación.

Por otra parte, en el decreto no se considera, en ningún momento, que la dirección y/o participación en proyectos o contratos de investigación pueda ser una referencia en la labor del profesorado universitario. En muchos casos, la cantidad económica aportada con los proyectos de investigación es superior al presupuesto que los departamentos tienen asignados en sus universidades. Es decir, la financiación de tales proyectos es lo que permite que algunos departamentos universitarios puedan desarrollar su labor y tener unos medios adecuados al siglo XXI. Pues bien, el esfuerzo que los investigadores hacemos en este sentido no es reconocido en la universidad, en general, y tampoco lo será en el decreto. Es evidente que estos legisladores, y los anteriores, han olvidado que la investigación es una fuente de financiación de la universidad. Han olvidado que para mejorar el funcionamiento de la universidad hay que facilitar y potenciar las fuentes de financiación como en este caso pueda ser apoyar la tarea de aquellos que  consiguen proyectos y contratos de investigación. Y esto sólo por hablar de lo que parece interesarle al actual Gobierno que es el aspecto monetario. Contrasta esta falta de referencia a la financiación de la investigación con la desproporcionada subida de tasas que se propone.

El problema de la dedicación docente viene, además, condicionado por la actual estructura universitaria en relación a las áreas de conocimiento, la adscripción a las titulaciones o el número de alumnos por aulas, entre otras cuestiones. No hay que profundizar mucho para observar la situación de desequilibrio entre áreas y titulaciones, en muchos casos afines, para comprender cómo se han diseñado muchos planes de estudio de los actuales grados y másteres universitarios. Sin abordar en profundidad estos problemas, va a ser muy difícil evitar las situaciones discriminatorias en la universidad y optimizar los recursos de personal. Por lo pronto, las medidas tomadas penalizarán a los departamentos cargados de horas docentes cuyos profesores aumentaran sus horas de clase, mientras que los que tienen menos  dedicación seguirán con sus mismas horas. Es decir, se castiga a los que cumplen. No sé cuánto dinero nos vamos a ahorrar con las medidas o cuántos profesores se van a quedar sin renovar su contrato. Pero, el afán recaudatorio de los actuales gobernantes y sus prisas, han evitado una ocasión o un pretexto para racionalizar el funcionamiento de la universidad. Lo decretado no mejorará el funcionamiento de la universidad.

Lorenzo J.  Blanco Nieto  es catedrático de Didáctica de la Matemática. Universidad de Extremadura