Economía intentará eliminar algunas restricciones de contratación de científicos

El Ministerio de Economía y Competitividad intenta terminar con restricciones de contratación de personal en los organismos público de investigación (OPI) para los investigadores del programa Ramón y Cajal, según ha explicado la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela en una comparecencia hoy en el Congreso. Vela anunció hace unas semanas que este año se convocarán 340 puestos en total para los programas Ramón y Cajal (científicos de alto nivel) y Juan de la Cierva (doctores recientes) frente a las 600 plazas del año anterior. Además, la I+D+i está sujeta a la tasa de reposición cero establecida por el Gobierno para toda la Administración central, con alguna excepción, lo que significa que no se cubren ni siquiera las plazas que van quedando libres por jubilación de investigadores. Los recursos humanos en el sistema de ciencia español se han convertido en un problema de primera magnitud en las instituciones y laboratorios. Vela señaló ayer que intentará lograr una excepción para la I+D+i y convocar este año unas 120 plazas para todos los organismos públicos de investigación, informa EFE.

Vela ha explicado, en la comisión de Economía y Competitividad sobre los Presupuestos del Estado del Congreso, que uno de los ejes del ministerio se centrará en recursos humanos y que, para consolidar la carrera científica de los mejores investigadores tras los cinco años de contrato Ramón y Cajal, va a intentar que se haga una excepción en su caso (así como en los del programa Miguel Servet, del Sistema Nacional de Salud), en la ley de restricción de contratación en los organismos públicos. También se ha referido Vela a la dotación de acceso del programa Ramón y Cajal, cuyos investigadores reciben 15.000 euros iniciales para poner en marcha su proyecto científico. Esa cantidad es ya insuficiente, ha reconocido Vela, y plantea la posibilidad de aumentarla hasta 40.000 euros, informa Europa Press. Esta es una de las reivindicaciones planteadas por la Asociación de Investigadores Ramón y Cajal.

En su enumeración de planes e intenciones, Vela ha destacado la puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada hace un año en el Parlamento con el apoyo casi unánime de los grupos políticos y que aún sigue esperando su desarrollo. El elemento esencial reclamado por la comunidad científica hace varios años es la Agencia Estatal de Investigación que, según la ley, tendría que estar funcionando en el plazo máximo de un año desde la aprobación de dicha norma. Vela había ya comentado su fecha para dar este importante paso sería el próximo junio. La secretaria de Estado ha reiterado ahora que dicha Agencia se realizará con coste cero.

El impulso de la I+D+i en el sector privado, una dramática y endémica asignatura pendiente del sistema español de I+D+i en comparación con otros países desarrollados, es otro de los ejes de la política científica del Gobierno al que se ha referido Vela. Ha explicado que se han creado cuatro grupos de trabajo que están ya funcionando en la optimización fiscal, la responsabilidad social corporativa, la relación de fondos éticos y solidarios de inversión, el mecenazgo y el micromecenazgo. “En este último punto cabe destacar que se está elaborando una Ley de

Mecenazgo que albergue también conceptos científicos", ha dicho Vela.

Vela se ha referido también a la excelencia y a la intensificación de la participación de España en los programas de la Unión Europea, con la intención de potenciar la presencia tanto en el Séptimo Programa Marco como en el próximo Programa Horizonte 2000 que se está preparando y para el que se baraja un incremento considerable (45%) de la financiación para alcanzar los 80.000 millones.

Los representantes de varios grupos parlamentarios (Socialista, Mixto e Izquierda plural) han aludido a la Carta Abierta por la Ciencia, cuyos promotores entregaron hace pocas semanas al Presidente del Gobierno y al mismo Congreso, expresando su extrema preocupación por la situación del sistema español de I+D+i y el efecto tremendamente negativo de los recortes presupuestarios.

Vela ha dicho que “son tiempos difíciles” y ha reconocido que “no ha sido fácil trabajar con estos presupuestos”. El recorte para la I+D+i recogido en los presupuestos del Estado elaborados por el Gobierno es de un 25% para la investigación, unos 2.195 millones de euros respecto a 2011. Vela ha recordado una vez más que la mayor parte del recorte se hace en el capítulo de préstamos, dirigidos a las empresas, una partida que en los años anteriores ha quedado muy lejos de su plena utilización.