Mato amenaza con una bajada de precios a grandes laboratorios

Sanidad da a Bayer, Sanofi y Abbot diez días para explicar por qué ofreció a Andalucía fármacos a un coste menor que al resto de España

Una operaria supervisa la producción de fármacos.
Una operaria supervisa la producción de fármacos.

La amenaza del Ministerio de Sanidad de rebajar los precios de los fármacos se extiende a algunas de las grandes multinacionales del sector que trabajan en España. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato han confirmado que no solo va a revisar los precios de los cuatro laboratorios que suscribieron el convenio de adjudicación con la Junta de Andalucía, sino también los de otros siete que participaron en la subasta pública andaluza y resultaron seleccionados pero, en el último momento, decidieron dar plantón al Gobierno andaluz y no firmaron el acuerdo. Entre estas empresas se encuentran multinacionales como Bayer, Sanofi, Abbott o Ranbaxy, uno de los principales fabricantes de principios activos del mundo.

La intención del ministerio es que ofrezcan para toda España los precios que le propusieron a Andalucía en la subasta, lo que supondría una rebaja que, en algunos casos, llega al 50% del valor actual de los fármacos. Para la Junta y para diversas fuentes consultadas del sector, la medida se traduce más en una venganza del Gobierno a los laboratorios que han sucumbido a la tentación de asociarse con Andalucía que en una fórmula real de ahorro.

¿Castigo o medida de ahorro?

La decisión del Ministerio de Sanidad de revisar los precios de los laboratorios seleccionados en la subasta andaluza deja una pregunta en el aire: ¿El departamento de Ana Mato pretende ahorrar con esta medida o se trata solo de castigar a las empresas que se han mostrado dispuestas a asociarse con Andalucía, la comunidad que aspiraba a gobernar el PP y que ha avisado de que va a ser una piedra en el zapato del Gobierno si pretende recortar prestaciones o implantar copagos? Diversas fuentes consultadas y la mera extrapolación de datos apuntan más a la segunda opción que a la primera.

La rentabilidad de la subasta para la Junta y para los laboratorios se asienta en la elevada población de Andalucía (8,4 millones de habitantes, el 18% de España) y la fuerte implantación de la prescripción por principio activo en esta comunidad (el 87% de los fármacos que se prescriben). Con estos números, las empresas ofrecieron importantes rebajas porque la Junta les garantizaba la compra de miles, y en algunos casos de millones de envases. Pero si el Gobierno central les rebaja el precio sin garantías de que van a vender más, los laboratorios que han presentado las ofertas más potentes podrían acabar perdiendo dinero.

Para las demás comunidades autónomas, esta rebaja que Sanidad va estudiar tampoco supondría en principio un gran ahorro porque la mayoría no tiene tan implantada la prescripción por principio activo ni ha puesto en marcha concursos para comprarle en exclusiva a estas empresas.

¿Y por qué no se extiende la subasta al resto del país? El PSOE presentó hace unas semanas una moción en el Congreso para que se hiciera y cifró el ahorro en 1.500 millones de euros. Pero la ministra la rechazó alegando que este mecanismo genera “desigualdades” entre territorios y “riesgo de desabastecimiento”. La Consejería andaluza de Salud asegura que su fórmula elimina ese riesgo adjudicando a cada laboratorio el volumen de compra que cada uno se compromete a producir.

Si las cuatro que permanecieron fieles a la Junta eran pequeños laboratorios (Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo) no asociados a las grandes patronales del sector, entre las siete que concurrieron pero no firmaron están algunas de las grandes multinacionales: Bayer, Rambaxy, Abbot, UCB Pharma, Sanofi Aventis, Nycomed Pharma y Janssen Cilag. Sanidad ha emprendido con las 11 el mismo procedimiento de “reconsideración de las condiciones de financiación y, en su caso, de dispensación” de los fármacos que cada uno ha acordado con la Junta, entre los que se encuentran los principios activos más consumidos.

Sanidad está enviando a los laboratorios un escrito en el que les informa de que va a revisar los precios de los medicamentos adjudicados en Andalucía y les recuerda que es el Gobierno central el que tiene las competencias para fijar los precios y las condiciones de venta de los fármacos. El ministerio da a los laboratorios 10 días de plazo para que les remita la “justificación económica en la que esa empresa se ha apoyado para ofrecer” el precio más barato a Andalucía. Las compañías pueden presentar alegaciones en este plazo.

Fuentes de Sanidad explicaron que lo que se ha hecho es una “petición de información” para estudiar la situación, pero no significa que la decisión de bajarle los precios esté tomada. Con todo, la ministra Mato dio pistas el jueves de las intenciones de su departamento: “Si han bajado los precios a Andalucía que se los bajen a todas”. Para Sanidad, no solo los cuatro laboratorios que han firmado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han demostrado que están dispuestas a reducir su coste, sino también los otros siete que se presentaron al concurso aunque después no lo firmaran.

Más información
Andalucía adjudica a 11 laboratorios la primera subasta de fármacos
Los grandes laboratorios boicotean la subasta de fármacos andaluza

El ministerio ampara su decisión en el artículo 91.2 de la ley de garantías y uso racional del medicamento, que establece que “el precio de un fármaco podrá ser modificado cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica”.

Las mejoras económicas ofrecidas por las empresas a Andalucía oscilan entre el medio céntimo de euro (0,005) por envase de 30 comprimidos de 100 de Adiro, el ácido acetilsalicílico genérico de Bayer, al 50% del precio de venta que ofreció la multinacional india Ranbaxy para sus cajas de 28 pastillas de 40 miligramos de su protector gástrico Pantoprazol. El precio de venta actual para toda España de esta presentación es de 18,42 euros y el laboratorio ofreció a la Junta una mejora de 9,204 euros. Claro que, para ofrecer este precio, Ranbaxy se aseguraba la venta en exclusiva en Andalucía siempre que un médico del SAS prescribiera el principio activo pantoprazol de 40 miligramos y 28 cápsulas. En la resolución de la Consejería Andaluza en la que se concretan las condiciones de la subasta (y que el Gobierno ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional), se fija en un mínimo de 419.641 envases la producción anual de este fármaco que Andalucía se compromete a comprarle a Ranbaxy. Lo mismo ocurre con el resto de medicamentos que se sacaron a subasta.

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que la revisión de precios se centra en estas 11 empresas porque sus ofertas han quedado demostradas en una resolución que aprobó la Junta el pasado 19 de marzo para hacer público el listado definitivo de medicamentos seleccionados por el Servicio Andaluz de Salud. Este documento recoge, una a una, cada molécula adjudicada por la Consejería de Salud, el laboratorio que se va a encargar de producir cada presentación, a qué provincias debe surtir, el precio de venta habitual, la oferta especial a la Junta y el coste definitivo para Andalucía. El departamento de Mato esgrime esta tabla como prueba de que las empresas estaban dispuestas a abaratar sus precios, aunque algunas luego dieran marcha atrás.

Cronología

  • La Junta empezó a negociar con los farmacéuticos la subasta en otoño de 2010. Ante la falta de acuerdo, en diciembre de 2011 aprueba el concurso en un decreto ley. El Gobierno central, en manos del PSOE, es reticente, aunque da el visto bueno.
  • Andalucía convoca el concurso el 25 de enero de 2012. Espera ahorrar 40 millones en la primera fase. Se presentan 13 empresas.
  • A finales de febrero, el Gobierno, ya en manos del PP, avisa a la Junta de que puede llevarlo al Constitucional y le pide que pare el concurso. Andalucía se ofrece a dialogar, pero frenar el proceso.
  • La subasta se adjudica a 11 laboratorios el 19 de marzo. La Junta les cita para suscribir el convenio, pero siete empresas no acuden a la cita. La Junta denuncia "presiones" del Gobierno.
  • El 30 de marzo, el Gobierno anuncia un conflicto de competencias ante el Constitucional. Esta semana, el Ministerio ha informado a las empresas que concursaron que les revisará los precios.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS