Arias Cañete asume que Bruselas multará a España por depurar mal

El Ministerio de Medio Ambiente encara pesimista la batalla ambiental ante la Comisión Europea. Al menos la que se refiere a la mala depuración de aguas residuales. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha enviado al Consejo Asesor de Medio Ambiente un documento en el que admite que España incumple la norma de depuración y parece dar por hecho que España recibirá una sanción económica de entre 20 y 50 millones al año a contar desde abril de 2011. Lo achaca a la herencia del PSOE.

Bruselas tiene a España en su punto de mira por la depuración desde hace años. Aunque el país trata correctamente el 83% de sus aguas residuales, la dispersión de poblaciones obliga a construir miles de estaciones de tratamiento (la cifra es menor en países con la población más concentrada). Bruselas ha abierto dos procedimientos sancionadores contra España y prepara un tercero. En 2011, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente.

Medio Ambiente admite que de esas 38 localidades, “15 han resuelto el problema, 12 tienen una instalación de depuración en construcción y las 11 restantes todavía no han implantado medidas”. Entre ellas están las depuradoras de Nerja (Málaga), Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Pontevedra). La depuración es competencia autonómica y municipal, aunque Medio Ambiente cofinancia muchas de las obras.

Además, el año pasado Bruselas denunció a España porque 39 ciudades no depuraban correctamente el agua en zonas declaradas como sensibles. En lugares con mayor valor ecológico, Bruselas exige un tratamiento mayor. Hay un tercer procedimiento que comienza ahora porque 912 pueblos de más de 2.000 habitantes incumplen la norma. Hay localidades en todas las comunidades, salvo en Navarra y Murcia.

La patronal calcula que hay que invertir 1.000 millones al año

Ante este panorama, Arias Cañete irá a Bruselas el 8 de marzo y parece dar por hecho que no evitará la multa. El ministro ya fue muy duro en su comparecencia parlamentaria con la calidad de las aguas y en el Informe de la situación de la gestión del agua en España mantiene el tono.

Tanto, que llega a dar una estimación económica de la multa que puede caerle a España solo por el primer procedimiento (el de las 38 depuradoras). La cifra oscilaría entre los 20 y los 50 millones al año en concepto de “multa coercitiva” y entre dos y cinco como “suma a tanto alzado”, que se paga una sola vez. El ministerio extrapola la sanción recibida por Luxemburgo y Bélgica.

Una portavoz del ministerio afirma: “La situación encontrada es muy difícil. La preocupación es máxima por la situación, pero no se tira la toalla”. El informe señala que el objetivo es llegar al “100% de la depuración de las aguas y que desaparezcan los procedimientos sancionadores”.

Lo relevante del caso es que el ministerio opta por la sinceridad total y ya parece asumir por escrito —y con membrete— la multa. Lo habitual hasta ahora era resaltar ante Bruselas los progresos para intentar eludir la sanción. Fuentes del sector interpretan que así Medio Ambiente muestra ante Hacienda lo importante de no recortar en esa partida. Ángel Cajigas, de la patronal de tratamiento de agua (ATTA), calcula que para mejorar la situación comunidades, Ayuntamientos y Gobierno deben invertir unos 1.000 millones al año.

Aunque España acumula un largo historial de condenas en el Tribunal de Luxemburgo por temas ambientales (las minas a cielo abierto de Laciana, la carretera M-501...), Bruselas rara vez llega hasta la multa. Antes negocia con el Gobierno una solución.

Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, no comparte que se dé por hecho que habrá sanción: “No nos parece bien que asuman la multa. Lo que tienen que hacer es invertir. Con la crisis, hay comunidades como Madrid que han relajado mucho las inversiones”. La de la mala depuración puede ser el inicio de un rosario de problemas con la Comisión Europea por los incumplimientos ambientales, por la mala calidad del aire y el retraso en los planes de cuenca, entre otros.

El informe de Medio Ambiente no menciona la posibilidad de construir un nuevo trasvase y se limita a señalar que el Gobierno quiere un nuevo “Plan Hidrológico Nacional contando con todas las tecnologías”.