Una multimillonaria demanda por fraude amenaza con la quiebra a las tabaqueras de EE UU

Las tabaqueras estadounidenses se enfrentan desde mañana en Nueva York a las demandas por conspiración contra la salud pública y fraude presentadas por la Fiscalía General, que acusa a estas compañías de haber silenciado los efectos adictivos de la nicotina durante más de cincuenta años. El juicio, tras cinco años de preparación, podría llevar al sector a la bancarrota: la Fiscalía reclama la devolución de 280.000 millones de dólares (unos 230.000 millones de euros) cuando el valor neto combinado de las empresas demandadas no llega a los 200.000 millones de dólares.

Según informa hoy el diario The New York Times, los hechos se remontan a 1953, fecha de la reunión mantenida en un hotel de Manhattan por los entonces presidentes de las compañías del sector. Oficialmente, se reunieron para crear un instituto de investigación, que hoy ya no existe, pero la Fiscalía asegura que el resultado del encuentro fue un pacto sectorial para callar los efectos negativos del tabaco en la salud.

Las acusadas son Philip Morris y su casa madre Altria; R.J.Reynolds; Brown & Williamson (que este verano se fusionó con Reynolds); Lorillard (filial de Loews Corporation); British American Tobacco; y el grupo Liggett.

Los abogados del Estado, que llevan cinco años preparando el caso, aseguran que durante aquella reunión los gerifaltes de las tabaqueras acordaron silenciar los efectos adictivos de la nicotina que sus estudios ya habían confirmado, mentir sobre las enfermedades del fumador pasivo y orientar sus esfuerzos publicitarios hacia las jóvenes generaciones.

La Fiscalía estima que este acuerdo puede considerarse como una conspiración contra la salud pública y, en aplicación del concepto legal del disgorgement, pretende que las tabaqueras devuelvan al erario público los beneficios de su conducta delictiva. De tener éxito sus demandas, el sector podría declararse en quiebra dado que el valor neto combinado de las empresas demandadas no llega a los 200.000 millones de dólares, 80.000 menos de los reclamados.

Desde mañana, el Tribunal Federal de Distrito, en un proceso sin jurado, escuchará a más de cien testigos, a los que se añaden las declaraciones por escrito de otros 200. Se espera que el proceso se prolongue durante unos seis meses. Se trata, de hecho, de la mayor acción civil emprendida en el marco de la Ley contra la Influencia Mafiosa y la Corrupción de Organizaciones.

Error pero no fraude

Las tabaqueras, por su parte, afirman que las acusaciones no tienen base alguna, y que la postura antaño defendida de que el tabaco no era malo para la salud "pudo ser equivocada pero no existen pruebas de que constituya fraude". En palabras del vicepresidente de Altria, William Ohlemeyer, sus abogados demostrarán que ni hubo fraude en el pasado ni la intención de cometerlo en el futuro.

Estas compañías recuerdan también que en 1998 ya llegaron a un acuerdo con los 46 Estados que les habían demandado para recuperar 250.000 millones de dólares reclamados como indemnización para el sistema de salud pública. El acuerdo alcanzado con la Administración de Bill Clinton comprometía al sector a pagar 200.000 millones en 25 años, en programas de salud, a cambio de cierto grado de inmunidad sobre demandas del pasado. En este caso, sin embargo, no se trata de compensaciones al Estado sino de devolver beneficios que se consideran obtenidos mediante fraude.