Philip Morris, condenada a pagar 28.000 millones de dólares a una fumadora

Una mujer de 64 años obtuvo ayer la mayor victoria en la historia de la lucha judicial contra el tabaco. Un tribunal de Los Ángeles condenó a la compañía Philip Morris a pagar 28.000 millones de dólares (casi igual en euros) a Betty Bullock, que sufre cáncer de pulmón. La mujer acusó a la compañía de haber provocado esta enfermedad al no advertir expresamente sobre los riesgos del tabaquismo. El jurado ya había condenado a la empresa a pagar otros 850.000 dólares como daños compensatorios, pero subieron la cifra después de un día y medio de deliberación. Las acciones de Philip Morris cayeron inmediatamente en picado hasta perder un 7,37% e impulsaron un retroceso del 2,45% en Wall Street.

Betty Bullock empezó a fumar cuando tenía 17 años. A los 64 sufre un cáncer de pulmón que no cede en su avance y se ha extendido ya al hígado. Denunció a Philip Morris con el argumento de que siempre se había fiado de la compañía cuando aseguraba públicamente que los estudios médicos no demostraban vinculación real entre el cáncer y el consumo de tabaco.

En un país con más abogados que todo el resto del mundo, Bullock encontró el perfecto letrado para representarla: Michael Piuze, curtido en el enfrentamiento con las tabaqueras. Había defendido al fumador Richard Boeken en un proceso similar en junio del año pasado. En aquella ocasión, el jurado condenó a Philip Morris a pagar a Boeken 3.000 millones de dólares, una cifra que el enfermo nunca llegó a percibir. Boeken, que durante años fue también adicto a la heroína, murió de cáncer de pulmón poco después del juicio.

La sentencia de ayer es aún más descomunal. Nunca antes una empresa tabaquera había sido condenada a pagar 28.000 millones de dólares a un solo fumador, lo que aumenta además el riesgo de tener que compensar a todos los que presenten demandas similares. La situación legal de las demandas contra las compañías tabaqueras es tan confusa que nadie es capaz de determinar en qué Estados y con qué fiscalías están pactados acuerdos federales o estatales que anulen demandas de este tipo.

Cambio de táctica

Los 12 miembros del jurado que fijaron la cantidad ya habían establecido la semana pasada que la empresa tenía que indemnizar a la mujer con 750.000 dólares por daños económicos y 100.000 por 'dolor y sufrimiento'.

Durante el juicio, la compañía cambió de táctica en su defensa: en vez de defender su comportamiento empresarial en el pasado (amparándose en la falta de legislación que obligara en esa época a informar sobre los efectos del producto que comercializaba) se centró en la decisión voluntaria de la mujer de consumir tabaco. 'Si ella hubiera dejado de fumar aunque fuera a comienzos de los años ochenta, no tendría hoy cáncer de pulmón', dijo al comienzo del juicio el abogado de la compañía, Peter Bleakley, en una declaración que la acusación interpretó como un reconocimiento de culpa.

El abogado de la mujer basó su argumentación en que la empresa había desplegado en los años cincuenta una campaña perfectamente diseñada en los años cincuenta para esconder los efectos nocivos del tabaco. 'Demostraremos en este juicio el que creo que es el mayor fraude perpetrado nunca por una compañía', dijo el letrado.

William Ohlemeyer, consejero general de Philip Morris dijo ayer que el jurado debería haberse centrado en lo que la mujer sabía sobre los riesgos del tabaco y en si la compañía tuvo alguna influencia en su decisión de fumar o de dejar de fumar. 'Sin embargo, parece que la decisión se ha tomado en función de asuntos más generales en torno al consumo de tabaco que no deberían decidirse en demandas como estas', añadió.

Hay sin embargo un conflicto legal pendiente que puede jugar en beneficio de la industria: una sentencia reciente del Tribunal Supremo de California establece que las compañías no pueden ser condenadas por pruebas que se basen en su comportamiento entre 1988 y 1997, cuando estaba vigente una ley estatal que blindaba su responsabilidad civil en este tipo de demandas. Los abogados de las empresas tratarán de usar esa sentencia para obligar a repetir los juicios de los consumidores en los tribunales inferiores, incluido el que terminó ayer.