La UE anuncia una nueva demanda por contrabando contra dos tabaqueras de EE UU

Bruselas ha dicho que la denuncia tiene el objetivo de "proteger los intereses financieros de la Unión Europea y luchar contra el fraude", que sigue siendo "una de las principales prioridades de la Comisión Europea".

En noviembre de 2000 la UE presentó una demanda civil contra Philip Morris y RJ Reynolds por su supuesta implicación en el contrabando de cigarrillos en la UE y pidió compensación por el perjuicio financiero sufrido a causa de ese contrabando.

También pidió a los Tribunales que impidiera a las empresas tabaqueras "proseguir con esta actividad" y a principios de año, diez Estados miembros se sumaron a la denuncia.

Sin embargo, el pasado 17 de julio un tribunal de Nueva York desestimó una de las demandas de la UE por una cuestión técnica, al considerar que los Estados miembros no podían sumarse a la actuación que ya estaba en curso.

Desde el punto de vista de la Comisión, el mismo tribunal desestimó al mismo tiempo todos los argumentos de la defensa de las tabaqueras y por eso ahora Bruselas considera que la nueva denuncia tendrá más posibilidades de prosperar puesto que en ella participan ya los Estados miembros.

Los Estados que apoyan a la Comisión Europea en su denuncia son Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Grecia, Bélgica, Holanda, Finlandia y Luxemburgo.

Bruselas argumenta que, como consecuencia del supuesto contrabando en el que estarían implicadas las dos empresas tabaqueras, la UE dejó de percibir en 1999 al menos 570 millones de euros (unos 530 millones dólares) en ingresos fiscales, de los que 142,5 millones de euros (unos 132 millones de dólares) tenían que haberse destinado directamente al presupuesto de la UE.

En su denuncia original, la Comisión alegó la implicación directa de ambas compañías en el contrabando de cigarrillos y la presunta violación de la legislación estadounidense.

Aunque el juez estadounidense Nicholas Garaufis reconoció la personalidad legal de la Comunidad Europea", consideró el pasado 17 de julio que la denuncia de la UE no podía ser admitida a trámite porque la Comunidad como tal no sufrió ningún daño directo.

El juez recordó que cualquier reducción de ingresos fiscales en el presupuesto comunitario se compensa con las aportaciones de los Estados miembros, las cuales, en el período 2000-2006, no pueden rebasar el 1,27 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE.

El juez razonó que son los países miembros de la UE quienes resultan perjudicados y no la Unión directamente.

Sin embargo Bruselas insistió en que tanto el Ejecutivo comunitario como los Estados miembros han sufrido y siguen sufriendo pérdidas de ingresos debido al contrabando de cigarrillos.

La comisaria europea de Presupuesto, Michaele Schreyer, recordó el mes pasado que ha habido pérdidas de ingresos para la UE, ya que como consecuencia del supuesto contrabando deja de percibir dinero por aranceles aduaneros y por el IVA, mientras que Estados miembros, por su parte, dejan de ingresar el dinero procedente de los impuestos especiales al tabaco.