Los padres de la niña que abortó en Nicaragua estudian querellarse contra las autoridades

El abogado de los padres de una niña de nueve años violada y sometida a un aborto el pasado día 20 no descarta presentar una "contra-acusación" contra las autoridades en caso de que sus clientes sean procesados en los tribunales de Managua. El letrado Sergio García ha declarado a los periodistas que la querella sería "por exposición de personas al peligro", contra autoridades que no ha precisado, porque "se ha estado jugando con la vida de una niña".

El viceministro nicaragüense de Gobernación, Alfonso Sandino, declaró ayer que estudia iniciar una investigación de la clínica donde el pasado 20 de febrero se practicó el aborto terapéutico. "Vamos a investigar si existe [la clínica], en qué condiciones está, y revisar si dentro de sus estatutos y escritura constitutiva está el practicar este tipo de operaciones", dijo Sandino. También se supo el lunes que una ciudadana, Dora Jaqueline Roque, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia sobre el aborto.

La denuncia sostiene que "se cometió un delito de acción pública", pero no menciona a nadie como supuesto transgresor de las leyes del país. La ley nicaragüense prohíbe el aborto, excepto cuando hay riesgo de muerte de la mujer, a la que se le permite abortar si ese peligro lo determinan de forma oficial una junta de al menos tres médicos.

Los padres denuncian una persecución

El Fiscal del Estado, Julio Centeno, admitió a trámite la denuncia y apuntó que por el momento "sólo se está iniciando la investigación del caso". También anunció que se está pensando en enviar un fiscal especial a Costa Rica, para que, de alguna forma, este país actúa como observador en el proceso, ya que la violación se produjo en un cafetal costarricense y su autor está detenido y pendiente de ser procesado. Además, desde el pasado viernes el Ministerio de la Familia realiza un análisis jurídico para un eventual juicio en contra de los padres, la niña y las organizaciones que les apoyan.

Por su parte, representantes de la jerarquía católica de Nicaragua señalaron que, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, los padres de la niña -Francisco Fletes y Rosa Reyes-, médicos, personal sanitario y abogados que participaron en el aborto han quedado excomulgados ipso facto. Ante esta situación, la Red de Mujeres Contra la Violencia ha pedido a las autoridades religiosas de este país "que las cosas de Dios se las dejen a Dios, que es el único que tiene derecho a juzgar a todas las personas".

Violeta Delgado, líder de esta red que ha actuado en representación de la niña ha insistido en que no hay delito que perseguir "porque todo se hizo legal". Sobre la situación de la menor, Delgado ha señalado que "se encuentra totalmente estable" y que "recuperó su niñez, lo que les "llena de fortaleza". Ante esta situación, los padres "se sienten perseguidos. Ellos tomaron un camino y eso hay que respetarlo. Lo más importante para ellos fue su niña", ha añadido Luisa Molina, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de la Niñez y la Adolescencia.