Bajo un volcán de violaciones

Un oso de peluche, lápices de colores y varias muñecas acompañan la recuperación de Rosa. Pero la polémica desatada en Nicaragua no ha terminado, porque el Ministerio de la Familia, que se había opuesto al aborto y había reclamado la tutela de la niña embarazada tras una violación, sostuvo ayer, igual que la Iglesia católica, que la familia había sido secuestrada por activistas de ONG y anunció que estudia posibles acciones legales contra los padres por "aborto ilegal".

"Está recuperándose de una forma excelente, tiene sus juguetes y un ánimo totalmente cambiado, y comprende lo que ha pasado", dice el abogado Sergio García Quintero, representante legal de los padres. Un equipo médico trabaja en el apoyo físico y emocional a la niña, según la Red de Mujeres contra la Violencia, que ha apoyado a los padres en su decisión de interrumpir el embarazo. "Estamos listos para cualquier recurso que puedan presentar los sectores oscurantistas que, lejos de atender una situación sumamente complicada para una menor y su familia, se limitaron a poner en riesgo su vida", dice Juana Jiménez, abogada de la Red.

La cuarta parte de las violaciones en Nicaragua las sufren menores de 15 años

"Vivimos una persecución del Ministerio de Salud", dicen los padres

El calvario de Rosa ha revelado una realidad de constantes abusos contra menores en Centroamérica. La Red indica que "en Nicaragua, de los casos de violación reportados en el Instituto de Medicina Forense, el 25% corresponde a niñas y niños menores de 15 años. Pero es aún peor en Costa Rica, donde la población inmigrante nicaragüense carece de protección y carece de los derechos mínimos".

Doble moral

En ese análisis coincide el procurador nicaragüense para los Derechos Humanos de la Infancia, Carlos Emilio López, quien aunque no proporciona cifras admite que hay denuncias documentadas. "Este caso pone al descubierto uno de los peores abusos que se comete contra la niñez, porque las violaciones sexuales son consideradas como delito de lesa humanidad. También revela la doble moral que practica la sociedad", añade. Un reciente estudio de la ONG Dos Generaciones señala que de 100 casos de abusos a menores documentados entre 1995 y 1999, el promedio de edad de las víctimas era de 10 años, y la mitad de los casos incluía violación.

Una semana después de que Rosa fuese repatriada, las autoridades de Costa Rica informaron de que investigaban la violación de otra hija de inmigrantes nicaragüenses, de 11 años, también embarazada. Al parecer el agresor, un joven nicaragüense que se alojó en octubre en la humilde vivienda de los inmigrantes, habría regresado a Nicaragua. El violador de Rosa, un costarrincense de 20 años, está detenido en Costa Rica. Los padres de Rosa, afligidos por la situación de su hija y por la falta de autorización de las autoridades para un aborto terapéutico previsto en la ley, habían incluso proyectado irse a Cuba para salvar a la niña. Los cónyuges, Francisco y María, son dos jóvenes campesinos analfabetos que hace ocho años emigraron ilegalmente a Costa Rica. La familia regresó a Nicaragua el 12 de febrero, arrastrando su tragedia y en busca de un respaldo que, dicen, no encontraron.

Gracias a gestiones realizadas por la Procuraduría de Derechos Humanos, la familia logró obtener finalmente de las autoridades de Gobernación tres salvoconductos que les habilitaban para viajar a cualquier país de Centroamérica, México, Cuba o la República Dominicana. Las posibilidades de buscar apoyo fuera de Nicaragua se ampliaron con ofrecimientos de ONG y clínicas de Madrid y Alicante, que ofrecieron su colaboración para que la niña recibiera atención.

En Costa Rica viven unos 400.000 nicaragüenses, en su mayoría inmigrantes ilegales, que trabajan en el campo o en el servicio doméstico. La situación económica en Nicaragua es difícil: un 60% de los cinco millones de habitantes sobreviven con menos de dos euros al dia. El índice de desempleo se sitúa en un 12%, mientras el subempleo ronda el 45%, según cifras oficiales.

El procurador de los Derechos Humanos de la Infancia considera que tanto en Costa Rica como en Nicaragua, Rosa ha sufrido una serie de violaciones a sus derechos. Los padres, que desconocían la violación, llevaron a su hija a un hospital de Costa Rica para que los médicos le atendieran de una dolencia genital. Pero en el centro sanitario "no se les dijo a los padres que había sido violada, que quedó embarazada y que contrajo dos enfermedades de transmisión sexual", denuncia López.

En una emotiva misiva dirigida el pasado jueves al presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, y que firmaron con sus huellas digitales, los padres solicitaron una respuesta "rápida y positiva" a su petición y señalaron: "Desde que nos enteramos de la barbaridad que le habían hecho a nuestra única hija, ella, la niña, no desea continuar con el embarazo". La carta fue leída por líderes de la Red de Mujeres contra la Violencia, quienes indicaron que la familia estaba en un refugio gestionado por una ONG porque temía a las autoridades.

"Nos encontramos viviendo una situación de persecución por parte del Ministerio de la Familia, que ha dicho que solicita la tutela de nuestra hija, razón por la cual, a pesar de que estamos actuando legalmente, nos sentimos amenazados por este ministerio y por la negligencia de las autoridades del ministerio de Salud", se aseguraba en la carta de los padres.

El pasado martes, la pareja decidió hablar con periodistas -a condición de que se preservara su identidad- para hacer un dramático llamamiento a las autoridades, a fin de que respetaran su decisión.

Expulsiones

Más tarde, denunciaron que su hija había sido prácticamente expulsada de un hospital estatal, tras ser examinada por una comisión médica oficial, cuyo dictamen definió el "alto riesgo" que corría la salud de la pequeña, se interrumpiera o no el embarazo. De hecho, la niña no fue admitida en varios centros, hasta que finalmente una clínica privada la acogió para practicarle un aborto terapéutico.

El drama de la niña ha generado una ola de opiniones encontradas en todos los medios de comunicación del país. Entre los más opuestos a la interrupción del embarazo se encuentra el conservador Comité nicaragüense Pro Defensa de la Vida, cercano a la Iglesia católica, y desde luego la propia jerarquía religiosa, abanderada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien se pronunció en varias ocasiones durante la semana en contra de la posibilidad de abortoy a favor de que los médicos se esforzaran por preservar la vida de la niña y al feto.

El abogado de la familia, Sergio García Quintero, estima que ha existido negligencia por parte de las autoridades para resolver la situación. Según Quintero, un connotado jurista, "las fuerzas más oscurantistas y más retrógradas" han intentado imponer su voluntad y atropellar la decisión de los padres, a quienes corresponde la potestad legal.

Mientras, Francisco y María acompañan la convalecencia de Rosa, y la incógnita es si los tres lograrán recobrar una vida tranquila. Varias ONG han asegurado que a la familia le resultará difícil conservar la privacidad. "Ellos están dentro de un enorme torbellino y, después de no existir para nadie, ahora se convierten en centro de atención y todo mundo ha querido tomar una decisión por ellos", señala Ana Quiroz, una de las líderes de la Red de Mujeres contra la Violencia.