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La Audiencia de Sevilla rechaza suspender la explotación de la mina de Aznalcóllar

Es la tercera vez que la justicia tumba las peticiones para frenar la reapertura de la mina

Técnicos en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), hace un año.
Técnicos en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), hace un año.

La Audiencia de Sevilla ha rechazado suspender la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), prevista por la Junta de Andalucía tras el desastre de la rotura de una balsa de lodos tóxicos hace 20 años. De este modo, la explotación del yacimiento seguirá con sus planes de apertura tras fallarse hace un lustro el concurso público para la concesión, trámite que investiga la justicia por supuesta prevaricación. Es la tercera vez que la justicia deniega la paralización de los trabajos previos a la explotación, solicitada por Ecologistas en Acción ante los riesgos que conlleva para el medio ambiente, tras dos negativas previas del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.

El caso Aznalcóllar nació tras la concesión pública en concurso de la reapertura de la mina a la empresa Minera Los Frailes-Grupo México y la denuncia por supuestas irregularidades de la empresa perdedora, Emerita Resources. Desde entonces, se ha archivado y reabierto varias veces en un toma y daca entre la juez instructora, Patricia Fernández, y la ponente de la Audiencia de Sevilla y primera instructora del caso, Mercedes Alaya. La última reapertura de la investigación ordenada por Alaya fue el 26 de septiembre y devino en la imputación y dimisión de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) —dependiente del Ministerio de Hacienda— y ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

La juez ponente de la resolución de este martes y que investigó el caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera que la suspensión de la mina no sería una medida “proporcional”, ya que los procedimientos administrativos de evaluación ambiental —cuya suspensión se solicitaba— solo determina si la explotación se adecua a la protección del medio ambiente. En su auto, Alaya avisa de que dada la investigación judicial en marcha, Minera Los Frailes asume “un riesgo económico continuando con su proyecto minero”, ubicado en Aznalcóllar, un municipio de la Sierra Norte sevillana con 6.200 habitantes. Ecologistas en Acción alegó en su recurso que una eventual sentencia firme del caso investigado podría originar “un perjuicio irreparable” por la extracción de minerales, argumento que da por bueno la Audiencia pero que no prima sobre la proporcionalidad.

Alaya recuerda que considera que la instructora debería abrir juicio oral contra los imputados, a pesar de sus dos archivos previos. “Existen importantes indicios del presunto delito de prevaricación (…) se habrían podido cometer múltiples delitos contra la Administración en la adjudicación del concurso (…) Los derechos mineros derivados de la adjudicación del concurso estaban ostentados ilegítimamente por la sociedad Minera Los Frailes, pues la misma no intervino en el concurso y está controlada casi en su totalidad por Grupo México, que tampoco participó en el mismo”. Mientras, el anterior Ejecutivo socialista de la Junta defendió en diferentes ocasiones la “legalidad y transparencia” del procedimiento establecido en el concurso.

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