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El Gobierno cesará al presidente de la SEPI este viernes tras su imputación por la venta de una mina

La Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso por presuntas irregularidades en la adjudicación de Aznalcóllar

SEPI
Vicente Fernández Guerrero, presidente de la SEPI.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha reabierto el caso por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y ha imputado a Vicente Fernández Guerreropresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que en el momento de la adjudicación era alto cargo de la Junta de Andalucía. Fernández ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, en concreto, ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús  Montero, de quien depende esta empresa estatal, tras conocerse el auto de la Audiencia, dictado por la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE. La salida de Fernández se formalizará en el Consejo de Ministros de este viernes, según fuentes gubernamentales.

Montero ha declarado: “Hay que dejar que la justicia actúe, pero debo recordar que ha sido un caso que en dos ocasiones se ha archivado y que forma parte de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior. No tiene nada que ver con el desarrollo de su actividad actual”. 

Vicente Fernández, según fuentes de su entorno, ha subrayado que se ha sentido obligado a poner su cargo a disposición del ministerio (aunque en ningún momento se refiere directamente al término "dimisión"). Sobre la imputación en sí misma, ha recordado que esta investigación judicial ya ha sido archivada previamente y que está deseando declarar sobre el asunto para esclarecer cuál fue su papel.

La causa reabierta por la Audiencia Provincial de Sevilla investiga presuntas irregularidades de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015. Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso en febrero de 2015 y a continuación la firma perdedora, Emerita, denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública.  El proyecto de Emerita ofrecía una inversión de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza Minorbis-Grupo México, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. 

Emerita Resources había recurrido hasta en seis ocasiones, en las que el juzgado había desestimado el recurso. Ha sido la juez Alaya la que ha reabierto el caso, que había sido archivado en dos ocasiones.

También están llamados a declarar Isidro y Mario López Magdaleno, vicepresidente y presidente de Magtel. El auto señala el presunto tráfico de influencias de los hermanos López Magdaleno por su relación amistosa con Vicente Fernández, quien había solicitado declarar ante el juez en dos ocasiones. El recurso también pide que se investigue a varios funcionarios por presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia.

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