La Audiencia de Sevilla reabre el ‘caso Aznalcóllar’

La Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso Aznalcóllar, una investigación que el año pasado tuvo en vilo a la Junta de Andalucía ante las sospechas de que el concurso público para adjudicar la explotación de la mina fuera amañado. Hace un año, la instructora Patricia Fernández, que imputó a 15 cargos y funcionarios del Gobierno, cerró el caso tras seis meses de pesquisas. Ahora, la juez Mercedes Alaya, ponente del auto de la Audiencia, ordena más pruebas para aclarar si hubo delito en la reapertura de la mina tras el desastre medioambiental de 1998.

La magistrada ponente del auto de la Audiencia que reabre el caso Aznalcóllar ha sido Mercedes Alaya, conocida por su instrucción en el caso ERE y los cursos de formación, por el que acusó a la Junta de clientelismo político en el reparto de ayudas. Hace 15 meses, Alaya ascendió a la Audiencia y ahora como miembro de la Sección Séptima ha atendido el recurso de la empresa minera Emerita y el pseudosindicato Manos Limpias, que recurrieron la decisión de la instructora Patricia Fernández para archivar el caso, con la opinión coincidente de la Fiscalía de Sevilla. La difusión de la resolución de Alaya ha coincidido hoy con el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento andaluz.

El caso Aznalcóllar dificultó la investidura de la presidenta andaluza, Susana Díaz, lograda finalmente en junio de 2015 gracias al apoyo de Ciudadanos. Ante la contundencia de los primeros autos de la juez, en los que concluía que existían “graves irregularidades” en el concurso público de la explotación minera, y que este carecía del “mínimo rigor”, la oposición pidió explicaciones al Gobierno andaluz. Durante la investigación, la policía incluso acusó a la Junta de amañar el concurso para conceder la mina y vulnerar el procedimiento que fija la ley.

Finalmente, Ciudadanos dio el apoyo a Díaz y meses después la juez cambió su postura inicial y decidió archivar el sumario.

Ahora, la Audiencia anula el archivo de la causa, que investiga si existió prevaricación en la concesión del concurso público ganado por la multinacional Grupo México y la firma andaluza Minorbis. De entrada, los jueces subrayan que los indicios incluidos en el sumario apuntan a que sí hubo delito: “No se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación dado el elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración autonómica [la Junta andaluza], indiciariamente arbitrarios”.

En el concurso público para la explotación de la mina, la Audiencia estima que “era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa” dado que en Aznalcóllar ocurrió “uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país”. El concurso partía de un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto de competencias que enfrentó al Gobierno central con la Junta de Andalucía, solucionado finalmente a favor del Gobierno regional. Los jueces destacan con dureza: “Lo que hallamos apriorísticamente son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias” en el procedimiento administrativo.

La Audiencia obliga a la instructora a que exija a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) un informe que “por su interés” considera clave y que este organismo evitó presentar por dos veces durante la instrucción. Los jueces de la Sección Séptima rechazan el resto de pruebas pedidas por Emerita, pero sí le pide a la Junta que incorpore una resolución de la Junta para autorizar el pasado 3 de junio la explotación en Aznalcóllar.

Mientras, la Junta ha destacado que la única diligencia que debe acatar la juez es la petición del informe de la CHG, un documento elaborado por un funcionario despedido y luego imputado en otra causa penal por estafa procesal y cohecho. Además, el Gobierno ha subrayado que para reactivar la mina tras años de inactividad, Grupo México y Minorbis han invertido más de 5,5 millones y disponen ya de 178 trabajadores y 25 empresas auxiliares.