La juez del caso Aznalcóllar imputa a la directora de Minas de Andalucía

La juez ha imputado por presunta prevaricación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a la directora general de Industria de la Junta de Andalucía, María José Asensio, a un interventor de este departamento, a una letrada de la Administración autonómica y a cuatro miembros de las comisiones técnicas y de contratación. El auto forma parte de la investigación judicial por posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal en la concesión a Minorbis-Grupo México de la explotación de la mina de esta localidad sevillana.

La magistrada Patricia Fernández, quien también llamará como testigo al científico Juan José Negro para aclarar aspectos sobre los informes referidos al impacto en el ciclo del agua, mantiene que la adjudicataria no cumplía los requisitos imprescindibles, según la documentación aportada, y carece de la solvencia económica exigida. El Gobierno andaluz, del PSOE, redujo las imputaciones a “tres dudas administrativas” y dos aspectos técnicos mientras el PP pidió el cese de Asensio.

En este último auto, la juez considera contradictorio que los integrantes de la mesa de contratación se ampararan en informes de la técnico de análisis Pilar Trujillano, quien negó en su declaración como testigo haber realizado estudio específico alguno sobre la solvencia económica del grupo o haber informado a la mesa de forma favorable. “Resultaría imposible realizar un estudio de este calado en una reunión cuya duración no llegó a una hora”, resume el auto sobre la declaración de Trujillo.

En función de estas circunstancias, la juez imputa a Asensio y a tres de los seis integrantes de la mesa del concurso: Pastora Sánchez (letrada), José Marcos (interventor) y Julio Ramos (representante de Hacienda en la mesa).

La juez también imputa al jefe de área de Minas, Alberto Fernández, por las dudas e “incongruencias” sobre los planes de investigación y explotación de Minorbis. Fernández avaló las soluciones técnicas aportadas por la adjudicataria en cuanto al acceso por el talud sur, algo que testigos del caso consideraron arriesgado e “imposible de llevar a efecto”. También los “datos que aportó la Junta” admitían “problemas”, según el auto judicial. La magistrada considera que el imputado debía conocer estos impedimentos, ya que trabajó en Boliden (la anterior concesionaria de la mina y causante del vertido tóxico de 1998) y Egmasa, la empresa de gestión medioambiental de la Junta.

También cuestiona la instructora que esté resuelto el ciclo de agua, en función del estudio del investigador del CSIC Juan José Negro, cuestionado por un contrainforme de la empresa implicada, y a falta de la documentación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por último, la juez imputa a Juan José García y Pilar Orche, dos miembros de la comisión técnica, al considerar “nada satisfactorias” las explicaciones sobre los cálculos de inversión y los cambios de puntuación sobre este aspecto a las empresas aspirantes. También exige la juez que se aporte la información reclamada sobre los pagos para adquirir participaciones de terceras empresas.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (CEEC) mostró su confianza en que las declaraciones de la directora general de Minas, el interventor, la letrada de este departamento y el jefe de área “aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que por ese juzgado se mantienen sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, así como sobre otros dos aspectos, de carácter técnico del proyecto ganador, relacionados con la gestión futura del agua en la explotación minera y el acceso al talud sur de la corta de Aznalcóllar”.

“Ninguna corrupción”

Este último auto, según la Junta, supone que “la investigación penal se refiere ya a aspectos en los que se discute el acierto de la resolución administrativa —si eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso—, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción”. “La cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa) es más que evidente”, concluye el Gobierno.

Por el contrario, el portavoz de Economía del PP en el Parlamento de Andalucía y diputado por Sevilla, Jaime Raynaud, exigió la dimisión o destitución “inmediata” de la directora general imputada por una actuación que calificó de “a todas luces irregular” y sobre la que exigió responsabilidades.

“Por un lado nos dicen que hay plenas garantías, por otro se paraliza la adjudicación, imputan a la directora general de Minas, y el consejero se afana en circunscribir el escándalo en una pelea entre dos empresas; demasiada palabrería contradictoria y confusa para no dar las explicaciones necesarias ni asumir responsabilidades”, afirmó Raynaud.