La policía culpa a la Junta andaluza del amaño en Aznalcóllar

La policía acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Tras un mes de pesquisas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha finalizado su investigación por fraude y prevaricación con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo, técnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. La juez Patricia Fernández, tras censurar que el concurso careció del “más mínimo rigor”, debe ahora mover ficha.

La policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado febrero y a continuación la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial que acaba de concluir. Durante las pesquisas, ha prestado declaración la directora general de Minas, María José Asensio, además de los técnicos que intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis.

El estallido de este caso coincidió con las negociaciones para la investidura de la presidenta Susana Díaz, ya de por sí alambicadas. Ante las sospechas y para asegurar la transparencia, Díaz suspendió la adjudicación hasta que la instrucción ofrezca resultados.

Ahora los investigadores estiman en su informe que los técnicos del concurso emitieron valoraciones sesgadas para perjudicar a Emerita. Especialmente en los apartados económico y del presupuesto de investigación por cuadrícula minera. El proyecto de Emerita ofrecía una inversión de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza Minorbis-Grupo México, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. La policía sostiene que a Emerita le fueron sustraídos al menos 6,5 puntos de manera indebida.

El informe policial relata una inicial negociación entre ambas empresas que fracasó pronto. Tras la ruptura, la consultora Ayesa protagonizó supuestamente una maniobra de espionaje industrial al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que presentó ante la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita. El abogado de Emerita denunció ante la juez cómo hace un año el responsable del grupo ganador, Mario López, les ofreció "refundir ambos proyectos", tras advertirles que "tenía la llave del concurso".

La policía subraya asimismo las carencias del proyecto ganador de Minorbis respecto a que utiliza datos y volúmenes de agua ficticios. Además, los agentes critican la propuesta de Minorbis para construir balsas de residuos tóxicos, prohibidas en el propio pliego tras el desastre ecológico del vertido en 1998, y considera suficiente una depuradora físico química cuando es necesaria una de ósmosis inversa. Por último, el informe censura la propuesta para el acceso subterráneo al talud sur sin tener en cuenta su inestabilidad y su alto riesgo de desprendimiento.

La tesis policial denuncia que el Gobierno andaluz ignoró la transparencia debida en el concurso, y que esa intención motivó que el Consejo Consultivo no interviniera para vigilar el proceso, a pesar de que por ley no está obligado a ello. La UDEF considera que el Consultivo debía haber emitido un dictamen dado que el proyecto supera los 300 millones. Al Grupo México no le fue exigida la documentación requerida en las bases porque este no fue licitador en el concurso, sino que solo prestó a Minorbis apoyo económico, técnico y financiero, tal y como explicaron las personas acusadas por la policía. Para rechazar los testimonios de los detenidos, la policía incluye certificados, actas y resoluciones que indican lo contrario y rubrican la participación de Grupo México como licitador en unión con Minorbis.

La Junta ha defendido la legalidad del concurso, y tras un informe favorable de sus servicios jurídicos, ahora el Ejecutivo ha cerrado la vía administrativa al rechazar el recurso de alzada de Emerita, a la que acusa de basarse en “meros juicios de valor”. “No se vulneró ningún derecho de la compañía, ni se halló ilegalidad en la resolución del concurso”, concluye el Gobierno.

Mientras, en las diligencias por tráfico de influencias desgajadas de la investigación troncal, que investigan un supuesto trato de favor desde la Junta hacia el grupo Magtel (propietario de Minorbis), la juez ha archivado seis de los siete casos que se investigaban. Tras el informe de la fiscal del caso, la juez ha ordenado investigar los trabajos de asesoramiento del ex director general de Innovación de la Junta Andrés Luque para Magtel por "servicios de asesoramiento", por los que recibió 430.000 euros.