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La juez rechaza paralizar los trabajos en la mina de Aznalcóllar

La instructora desvincula esta medida cautelar con la actuación de los investigados

Un operario en la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Ampliar foto
Un operario en la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

La juez que investiga la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha rechazado paralizar los trabajos en el yacimiento, tal y como reclamaba la empresa perdedora del concurso, Emérita. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, considera que la solicitud de la empresa "no es una medida cautelar que sirva para evitar la reiteración delictiva por los investigados en esta causa", que son los miembros que formaron la comisión técnica y la mesa de contratación del concurso que ganó Minorbis-Grupo México. A principios de noviembre, la juez amplió la investigación después de que la Audiencia de Sevilla le obligara a reabrirla tras un carpetazo en falsoEl caso indaga si la concesión para explotar la mina fue amañada a través del concurso público ofertado por la Junta andaluza.

Según el auto, fechado el pasado lunes, la actuación de los investigados "se agotó con su última actuación administrativa en el concurso público" y están "absolutamente desvinculados de la exploración física que actualmente se lleva a cabo en esa reserva minera". "Respecto de la cual consta que se está ejerciendo por la Administración el pertinente control mensual", apunta. Tras reabrir el caso, la magistrada sumó a los 15 investigados (antes imputados) hasta la fecha otros seis funcionarios que formaron la comisión técnica y la mesa de contratación.

Fernández recuerda que la investigación se centra en un delito de prevaricación presuntamente cometido por los funcionarios públicos que participaron en el proceso y por los administradores de la compañía ganadora. Ante la petición de Emérita, recuerda que "la existencia de un riesgo para el medio ambiente y los recursos naturales de la zona, no es el objeto de la presente investigación". "De hecho, cuando en julio del 2015 se puso de manifiesto la posible evidencia de niveles altos de contaminación en determinadas aguas de la zona, se acordó deducir el correspondiente testimonio a los Juzgados de Sanlúcar la Mayor", apostilla. 

La decisión de la magistrada, contra la que cabe recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia, coincide con la emitida la semana pasada por la fiscalía.

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