La Junta acusa a Alaya de invadir competencias de la juez del ‘caso Aznalcóllar’

El dolor de cabeza de la Junta de Andalucía con la juez Mercedes Alaya por sus investigaciones en los ERE y los cursos de formación no acabó hace un año y medio con el ascenso de esta a la Audiencia de Sevilla. En la primera ocasión que Alaya ha tenido para decidir sobre un asunto espinoso para el Gobierno andaluz, el caso Aznalcóllar, la juez mandó reabrirlo un año después de que la instructora Patricia Fernández le diera carpetazo. De este modo, Alaya como ponente y sus compañeros de la Sección Séptima de la Audiencia provocaron la imputación de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, alto cargo del Gobierno andaluz investigada junto a una quincena de funcionarios y empresarios acusados por prevaricación al reactivar la investigación y poner en vilo de nuevo la concesión del concurso para explotar la mina de nuevo tras años de parón.

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Ahora la Junta ha acusado a Alaya de invadir las competencias de la juez instructora cuando como ponente del auto de la Audiencia le ordenó realizar una serie de diligencias que justo ella había denegado a las partes."Se reabre la causa para practicar diligencias ya denegadas por el órgano instructor, que es el competente para ello (...) [la Audiencia] compromete gravemente las garantías procesales", censura el Ejecutivo en su escrito.

"La invasión del ámbito de competencia del juez instructor vicia la decisión de la Audiencia por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", argumenta la Junta en su recurso. Al Gobierno se le han sumado las defensas de los empresarios que ganaron el concurso y de Asensio como exdirectora general de Minas y otros funcionarios imputados.

La Junta acusa a Alaya y por tanto a la Sección Séptima de la que forma parte, de constituirse en un órgano instructor "omnímodo", además de haber sobrepasado sus competencias por ordenar diligencias de investigación sobre hechos "que aún no se habían producido al tiempo de archivar las diligencias". Es decir, Alaya le indicó a la instructora que debía incorporar un documento de la Junta del pasado junio pese a que ella había archivado el caso en noviembre de 2015.

En paralelo, tras la reapertura de la causa la empresa perdedora del concurso, Emérita, había pedido la paralización cautelar de la explotación de la mina que ya había comenzado su competidor Minorbis. Sin embargo, la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a paralizar las obras, informa Efe, y ahora será la juez quien decidirá sobre si es conveniente revertir las contrataciones para reactivar la mina.