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El Gobierno estudia rebajar las penas del delito de sedición

El Ejecutivo promoverá una reforma "amplia" del Código Penal también sobre el consentimiento de las relaciones sexuales y los delitos medioambientales

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, antes de la rueda de prensa.

El Gobierno impulsará una reforma del Código Penal que incluya la revisión de los delitos de sedición y rebelión, y en la que contempla una rebaja de las penas por las que cumplen condena los líderes independentistas catalanes. Pedro Sánchez ha encargado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que elabore una propuesta de reforma amplia del Código Penal que aborde además el consentimiento en las relaciones sexuales y nuevos delitos medioambientales. El PSOE se reserva la posibilidad de presentar la reforma en solitario, ya que no está incluida en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos.

El Gobierno está dispuesto a abrir en esta legislatura el melón de la delicadísima reforma de los delitos de sedición y rebelión, que puede ser decisiva para el apoyo de ERC al Ejecutivo y la estabilidad de la coalición progresista. El PSOE ya había defendido desde 2018 la necesidad de reformar el delito de rebelión para “adecuarlo a la España del siglo XXI”, en palabras de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Pero ahora ha incluido la posibilidad, además, de modificar el tipo penal de sedición en el sentido de suavizarlo y rebajar sus penas —de un máximo de 15 años—, lo que podría permitir que los líderes independentistas del procésfueran excarcelados antes de lo previsto por la sentencia del Tribunal Supremo.

La confirmación de este propósito llega a las puertas de la segunda reunión de Sánchez con el presidente catalán, Quim Torra, y de la puesta en marcha de la mesa de diálogo con el Govern que exigió ERC para apoyar la investidura. El objetivo del Gobierno, que coincide con lo defendido por un sector dentro del Tribunal Supremo, augura una nueva bronca con la oposición. PP y Ciudadanos acusaron este martes a Sánchez de intentar “un indulto oculto” y “por la puerta de atrás” a los cabecillas del procés, incluido Oriol Junqueras, líder de ERC, el partido del que depende que Sánchez pueda sacar adelante los Presupuestos.

La liebre saltó el lunes en la entrevista de Pedro Sánchez en TVE, cuando el presidente dejó la puerta abierta tras una pregunta del periodista Carlos Franganillo. Este le interpeló sobre si se planteaba “en una futura reforma del Código Penal revisar o reducir la pena por el delito de sedición”. “Mire, yo creo que hay que ir paso a paso”, contestó Sánchez, que no dio más detalles pero añadió como reflexión que el Código Penal “no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España”. Este martes, la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la intención del Gobierno de abordar una reforma “amplia” del Código Penal que incluya la “tipificación de los delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña”.

El Ejecutivo estudia una reforma conjunta de los delitos de sedición y rebelión, porque ambas figuras son “complementarias”, aseguran fuentes gubernamentales. Entre las opciones barajadas, según transmiten esas mismas fuentes, se encuentra la de rebajar la pena de sedición —lo que podría favorecer a los líderes independentistas actualmente en prisión por ese delito— pero, al mismo tiempo, reformular y endurecer el delito de rebelión, lo que sería relevante en el caso de que la Generalitat o cualquier otra institución pública volviera a intentar lo que el Gobierno catalán consumó en 2017. Sánchez tampoco descarta tipificar el delito de referéndum ilegal. Montero dejó claro que el presidente “no renuncia a impulsar las medidas que prometió en campaña”, en alusión a esta propuesta.

Ahora bien, el asunto está aún en estado embrionario. El Ejecutivo no tiene todavía una propuesta concreta encima de la mesa, y tampoco hay acuerdo entre los socios de la coalición, porque no se ha discutido. En el caso de que el PSOE y Unidas Podemos sean incapaces de consensuar una postura común como Gobierno, cada partido presentará su propia propuesta de reforma del Código Penal, precisan fuentes gubernamentales. El propósito es, en todo caso, conseguir el “máximo consenso” posible del Congreso: una reforma del Código Penal precisa mayoría absoluta (176 diputados); es decir, Sánchez necesita sumar más votos de los que obtuvo en su investidura. Montero aseguró que les gustaría contar con el PP.

Debate en el Supremo

La necesidad de abordar una reforma de los delitos de sedición y rebelión es compartida por un sector dentro del Tribunal Supremo, que aboga desde hace meses, incluso antes de que se iniciase el juicio del procés, por modificar el Código Penal para facilitar el encaje de hechos como los protagonizados por los líderes independentistas. Los defensores de este cambio lo sitúan en la necesidad de adaptar los delitos de rebelión —con penas de hasta 30 años— y sedición a los tiempos actuales, una vez que el procés demostró que para poner contra las cuerdas al Estado no es imprescindible, por ejemplo, la violencia del delito de rebelión.

La iniciativa de reforma del Código Penal defendida por magistrados del alto tribunal ha sido compartida con dirigentes políticos tanto del PP como del PSOE, aseguran las fuentes consultadas. Se trataría de reformar los delitos de rebelión y sedición para incluir un apartado que castigue a la autoridad o funcionario público que de forma “grave” o “reiterada” desatienda los requerimientos del Constitucional, para lo que se preverían penas de prisión pero inferiores a las actuales de esos delitos (cuyas penas, según esta propuesta, se mantendrían).

Indulto “oculto” para PP y Cs

La oposición acusa al Gobierno de pretender un indulto encubierto de los cabecillas del procés con la reforma de los delitos de sedición y rebelión.

“Para que lo entienda todo el mundo, es un a ver cómo sacamos a [Oriol] Junqueras y a los demás lo antes posible de la cárcel, que es lo que pedía [Gabriel] Rufián en el debate de investidura”, afirmó este martes el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que acusó al Ejecutivo de pretender un “indulto oculto”. “Mientras los ciudadanos de a pie tienen que cumplir hasta la última coma de las leyes y no se les pasa ni una, ¿los políticos socios de Sánchez pueden tener un Código Penal a medida? Esto sería un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y otros condenados del procés”, cuestionó también la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

La reforma del delito de sedición fue defendida, por su parte, por el Síndic de Greuges de Cataluña la semana pasada. El defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, planteó derogar o “revisar en profundidad” este delito, que calificó de “arcaico”. “La puesta en libertad de las personas acusadas parece imprescindible para el éxito de una salida negociada al conflicto político actual”, sostiene el informe entregado al Parlament por el Síndic.

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