Exteriores acepta ahora que se reabran las ‘embajadas’ catalanas

El Gobierno cambia de estrategia en uno de los principales contenciosos que mantenía con la Generalitat en el ámbito exterior: la labor de las llamadas embajadas catalanas. El Ministerio de Exteriores ha dado su visto bueno a la reapertura de tres de esas delegaciones, impugnadas por el Gobierno y posteriormente paralizadas por la justicia. Después de que la Generalitat haya reformulado sus objetivos para reactivarlas, el ministerio no ve ya riesgo de que esos centros autonómicos entorpezcan la labor exterior de España.

Lo que parecía un nuevo desplante de la Generalitat al Gobierno español en el conflicto por las competencias exteriores ha acabado siendo la primera señal de un cambio de era. La Generalitat aprobó el pasado martes tres decretos para reabrir las tres embajadas suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (las de Argentina, México y Túnez). Pero lejos de ser un nuevo desafío al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la maniobra contaba con el visto bueno de Exteriores, que había revisado previamente los textos y había logrado introducir algunas modificaciones, según explican fuentes de ese ministerio. La vía libre a la reapertura se dio el pasado 10 de enero, tres días antes de que tomara posesión la nueva ministra, Arancha González Laya, cuando dirigía el ministerio de manera interina la titular de Defensa, Margarita Robles.

Esa interlocución entre las dos administraciones supone un giro respecto a las tensiones mantenidas hasta ahora. Y coincide con la nueva fase de diálogo que Sánchez pretende impulsar en el conflicto catalán. Con Josep Borrell al mando, Exteriores mantuvo una línea muy firme para demostrar que esas oficinas de promoción de Cataluña en el extranjero resultaban lesivas para los intereses del Estado. “Están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”, argumentaba entonces el ministerio.

Ahora, sin embargo, tanto el Gobierno como la Generalitat se muestran mucho más conciliadores. Para empezar, el Govern ha mandado a Exteriores los decretos antes de adoptarlos, como marca la ley. La primera vez que la Generalitat legisló para abrir esas embajadas no esperó a recibir el informe de Exteriores, que no es vinculante pero sí obligatorio. Ahora, en cambio, ha habido “una serie de correcciones que la Generalitat aceptó e incorporó a los nuevos decretos aprobados”, explican esas fuentes del ministerio. El resultado es que el Gobierno “no tiene objeciones a la literalidad de los decretos”, aunque se reserva el derecho de volver a la vía judicial si percibe que esas delegaciones incumplen la ley.

Fin de la vía judicial

Esa nueva vía de entendimiento anula —al menos de momento— la vertiente judicial de este caso. Al reescribir los decretos para abrir de nuevo las tres delegaciones, tanto el recurso presentado como las medidas cautelares adoptadas por el tribunal, que consistían en suspender la reapertura de las embajadas, pierden sentido, según la interpretación de Exteriores. El acuerdo entre el PSOE y Esquerra para que prosperara la investidura de Sánchez aludía precisamente a "superar la judicialización" del conflicto.

Una de las grandes objeciones del ministerio consistía en el término que empleaba la Generalitat para referirse a sus contactos con los Estados donde abre oficinas. El departamento de Acción Exterior hablaba de “relaciones bilaterales”, una expresión que puede interferir en las competencias exclusivas que tiene el Gobierno central en este terreno.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no aclaró el pasado martes cuál había sido el cambio en el texto de los nuevos decretos y simplemente se refirió a una “actualización en las funciones”. El Diario Oficial de la Generalitat no publicó este jueves el texto pero desde Acción Exterior, en manos de Esquerra, dicen que se hará posiblemente hoy.

Las fuentes consultadas no aclaran si la expresión “bilateral” se había utilizado de nuevo, pero dan a entender que los cambios sugeridos en los decretos catalanes iban en esa línea. Se trataba de “deslindar las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales de la proyección exterior que pueda hacer Cataluña de sus competencias estatutarias”, explican. Acción Exterior de la Generalitat declinó hacer comentarios.