El intento de cierre de las ‘embajadas’ catalanas abre otro frente entre Torra y el Gobierno

Las relaciones entre el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Quim Torra han atravesado este miércoles otro episodio de tensión a propósito de la voluntad del ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, de cerrar las delegaciones catalanas en Ginebra, Londres y Berlín. El Govern considera que la información aportada por Exteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para motivar el cierre de las oficinas se ha obtenido mediante seguimientos a sus delegados en el exterior. El presidente catalán no ha dudado hoy en acusar al Gobierno de haber "espiado" a sus cargos en el extranjero y ha afirmado que denunciará la situación ante las cancillerías extranjeras. Por su parte, el ministerio no comenta el caso, pendiente de resolución judicial, pero recuerda que su cometido es "vigilar de cerca" cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España y evitar que se destinen recursos públicos al proyecto independentista a traés de las llamadas embajadas catalanas.

Los documentos avanzados por eldiario.es y TV3 han sido aportados por la Abogacía del Estado en el procedimiento contencioso-administrativo abierto contra contra la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe resolver en los próximos días la petición del Ministerio de Asuntos Exteriores de paralizar, de forma cautelar, la actividad de las delegaciones del Gobierno catalán en las citadas ciudades europeas. En 2018, el Gobierno central interpuso un recurso contra el decreto por el que la Generalitat restableció esas tres delegaciones, con el argumento de que su actividad "responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña".

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha afirmado esta mañana que las "cloacas del Estado" habían llegado al fondo de las "alcantarillas". "Se ha espiado a diputados y periodistas", añadió. Tras la sesión de control, Torra y el vicepresidente Pere Aragonès han mantenido una reunión y han afirmado en un comunicado que la actuación del Gobierno es "escandalosa" e impropia "de un Estado de Derecho".

El informe remitido por Exteriores contempla que las delegaciones recibieron instrucciones de Oriol Junqueras, en prisión por rebelión, para que realizaran contactos con representantes de las congregaciones eclesiásticas con sus países correspondientes. El objetivo era obtener el apoyo de la Iglesia para mejorar la situación de los presos. El documento contiene, por ejemplo, que una diputada alemana del Bundestag de los verdes realizó dos preguntas parlamentarias de "apoyo" a los presos tras entrevistarse con la delegada.

En el caso de Londres, la Embajada española en la capital británica remitió un informe con el título "actividades Delegación Generalitat y otras entidades", con fecha de 7 de diciembre de 2018, que incluía un detallado seguimiento de las actividades del delegado, Sergi Marcén. El documento da cuenta de actos públicos y privados además de informar sobre las cartas que envió el 19 de enero de este año a sus contactos políticos "en Reino Unido para conseguir su apoyo a los políticos independentistas presos".

Otro informe incluye seguimientos realizados en Ginebra y la Embajada sostiene que las tareas realizadas por la delegación catalana se ajustan a la legalidad. Sin embargo, al final del documento adjuntan un "comentario" el que sugieren que se debería estudiar la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) nombrara a un consejero o agregado residente en Ginebra "por la importancia reciente de intereses en juego".

Por su parte, el ministerio de Exteriores insiste en que ha actuado correctamente. "Es cometido de este Ministerio detectar el uso indebido de fondos y recursos públicos para menoscabar la imagen de España e intentar consumar el proyecto separatista", ha asegurado un portavoz del departamento dirigido por José Borrell. Exteriores, argumenta, "debe evitar a toda costa que se siga produciendo bajo falsos pretextos" este uso indebido de los recursos públicos, tal y como sucede en "algunas delegaciones del Gobierno catalán en el exterior".