Puigdemont y Comín recibirán casi 70.000 euros cada uno de la Eurocámara en salarios atrasados

La sentencia europea que permitirá al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconsejero Toni Comín acceder a la Eurocámara como diputados de pleno derecho no solo les proporcionará inmunidad y un potente altavoz mediático. Ambos verán crecer con fuerza en unas semanas la cifra que figura en sus cuentas bancarias. Fuentes de la administración del Parlamento Europeo confirman a EL PAÍS que les abonarán los salarios y dietas que les correspondía haber percibido como eurodiputados desde el pasado 2 de julio, día de inicio de la legislatura, a pesar de no haber podido desempeñar su función por tener vetada la entrada.

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El salario neto de un europarlamentario asciende a 6.824,85 euros mensuales, y las dietas para gastos generales a 4.513 euros. Al haber estado seis meses privados ilegalmente de recibir ambas partidas, el montante acumulado que ahora ingresarán de golpe se aproxima a los 70.000 euros cada uno, casi 80.000 si llega junto a la nómina de enero. Junqueras no se beneficiará de la inyección monetaria después de que el Tribunal Supremo considerara que ha quedado inhabilitado.

La dieta de gastos generales, que supondrá una parte importante del pago, está destinada a cubrir el alquiler de oficinas, teléfono, suscripciones, actividades de representación, compra de equipos informáticos y organización de conferencias y exposiciones, pero no es obligatorio gastar el dinero el mismo mes que la reciben, y las facturas solo es necesario presentarlas si el Parlamento lo requiere, no sistemáticamente.

El tardío aterrizaje de Puigdemont y Comín en Estrasburgo ha sido finalmente posible debido a una decisión de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la UE determinó el pasado 19 de diciembre que los candidatos electos son miembros del Parlamento Europeo desde la proclamación de los resultados, lo que en la práctica supone que debía haberse permitido a Puigdemont y Comín haber estado en Estrasburgo el 2 de julio en la sesión inaugural. Ese día, la legislatura echó a andar con 748 parlamentarios por las ausencias de Puigdemont, Comín y Junqueras.

Desde el comienzo de la semana, la Eurocámara ha ido dando los pasos necesarios para cumplir con el fallo de la Corte de Luxemburgo: los nombres de Puigdemont, Comín y Junqueras ya figuran en la página web de la institución y se les ha habilitado un buzón personal. Los dos primeros estrenarán su condición este lunes 13 de enero en Estrasburgo. Allí, como en la sede del Parlamento en Bruselas, contarán con despacho propio y, si lo necesitan, coche oficial, igual que el resto de eurodiputados.

El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye asegura que todavía no han tratado con su cliente el pago del dinero atrasado, pero considera el desembolso "la consecuencia lógica de la decisión del lunes", en referencia a la nota interna que el Parlamento Europeo envió ese día, en la que reconoció como eurodiputados a los tres líderes independentistas.

Vox ya ha anunciado que tratará de evitar el pago: el eurodiputado Jorge Buxadé ha enviado una carta al Tribunal de Cuentas de la UE, la Oficina Antifraude y el director de Finanzas del Parlamento advirtiéndoles de que es ilegal remunerar a Puigdemont y Comín retroactivamente por haber sido oficialmente diputados autonómicos hasta su renuncia el 7 de enero, y amenaza con acudir a la justicia.

La transferencia de fondos supondrá un importante balón de oxígeno para ambos. Y cuanto más se dilate la petición de la justicia española de un suplicatorio —el permiso de la Eurocámara—, y la posterior votación para quitarles la inmunidad, mayores serán sus ingresos para afrontar el abultado cheque de la batalla política y legal que libran en el exterior.

La factura de la denominada Casa de la República de Waterloo, donde Puigdemont recibe a gran parte de la clase política independentista, y convertida en lugar de peregrinaje para sus fieles, supera los cuatro mil euros mensuales; los múltiples frentes judiciales abiertos les han obligado a contratar a un equipo de varios letrados —Paul Bekaert asegura que cobra 125 euros la hora por sus servicios—; el temor a ser objeto de un atentado —"si han colocado una baliza de GPS debajo de mi coche, quizá un día pondrán un explosivo", escribe Puigdemont en un libro reciente refiriéndose al CNI— le ha llevado a equiparse de escolta, y el trabajo de internacionalización del procés ha requerido desplazamientos por varios países europeos, no siempre con estatus de invitado.

Aunque la opacidad ha sido la tónica en lo que a sus fuentes de financiación se refiere, Puigdemont y Comín han insistido en que esa estructura se sostiene gracias a las donaciones, entre otros, de los inscritos al Consell per la República, que rondan los 85.000 a razón de un mínimo de diez euros de aportación cada uno. Su número está lejos del millón de adhesiones que aguardaban en un primer momento, pero son suficientes para facilitarles un valioso colchón económico. Ahora, con el regreso de ambos a la arena política oficial más de dos años después de su llegada a Bélgica, todo hace indicar que aumentará sustancialmente su grosor.