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Puigdemont busca 10 millones para su ‘govern’ en la sombra

El Consejo para la República tiene detrás una sociedad sin ánimo de lucro creada en Bélgica

Puigdemont participó el sábado en una torre humana de la colla Vella de Valls en Waterloo.
Puigdemont participó el sábado en una torre humana de la colla Vella de Valls en Waterloo.

El expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, se ha autoimpuesto una meta para que comience la actividad del Consejo para la República: recaudar 10 millones de euros. El órgano, que pretendía ser un gobierno en la sombra y que finalmente se limitará a promover a nivel internacional su apuesta por la independencia de Cataluña, tiene detrás una sociedad sin ánimo de lucro creada en Bélgica y que organiza actividades para recolectar fondos.

La recaudación de fondos es una de las principales preocupaciones de los políticos del procés huidos. El Consejo para la República ha comenzado a funcionar no sin polémica. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, criticó esta semana que se facilite una casa regional gallega para un acto que busca recaudar dinero para la obra del ex president.

Más de 21.000 euros en viajes de Torra

Los viajes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realizó a Bélgica el 27 de julio y el 26 de agosto para entrevistarse con su antecesor, Carles Puigdemont, costaron un total de 21.671,55 euros, según datos aportados por el Govern.

Así lo ha transmitido la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, a PSC-Units y al PP en sendas respuestas que detallan que el viaje de Torra de los días 27 y 28 de julio ascendió a 13.799,67 euros, mientras que el del 26 y 27 de agosto costó 7.871,88. En ese primer viaje, en el que el presidente catalán visitó la Delegación de la Generalitat en Bruselas y se reunió con Puigdemont y los exconsejeros que se encuentran en Bélgica, acompañaron a Torra 13 personas. Entre ellos, jefes de gabinete, de protocolo, de comunicación, un fotógrafo oficial y otros técnicos. En algunos de estos desplazamientos se han trasladado también hasta cuatro Mossos d’Esquadra.

El llamado Consejo de la República formaba parte del acuerdo de Govern entre Junts per Catalunya y Esquerra y buscaba crear “el espacio libre de Bruselas”, donde, lejos de la justicia española, se pudiera trabajar en la internacionalización del independentismo. Teóricamente se tenía que poner en marcha poco después de que se recuperara el autogobierno en Cataluña, pero la detención de Puigdemont en Alemania y la espera a que un tribunal de ese país decidiera su extradición retrasó los planes.

Desde su inicio, el Consejo ha sido una entidad opaca y los detalles sobre su funcionamiento se han conocido a cuentagotas. En primer lugar, porque sus promotores juegan a darle oficialidad mientras que al mismo tiempo intentan desmarcarlo de las instituciones catalanas para evitar así problemas con la justicia. Muestra de ello fue su presentación, el pasado 30 de octubre, en el Palau de la Generalitat, escudándose en que la sede del Gobierno catalán a veces “se presta” para eventos de carácter privado. El Govern insiste en que no ha dado un euro de dinero público.

Este diario ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con los responsables del Consell, sin éxito. En su presentación, Puigdemont habló de que el Consejo sería una “fundación de carácter privado” y anunció la creación de un registro privado de ciudadanos de entre los cuales saldrían algunos de los miembros del ente. Ese día se activó una página web en la que para inscribirse era necesario hacer una donación de al menos 10 euros. En ningún sitio de la página se explicaba a qué entidad iban los fondos o cuál era su domicilio. Mucho menos a quién se entregaban los datos personales.

Un millón de inscritos

Días después, en una entrevista al diario danés Der Nordschleswiger, en la que aseguró que este Govern paralelo en Waterloo se activará cuando llegue al millón de inscritos: la cuota mínima para inscribirse son 10 euros, lo que le granjearía, como mínimo, 10 millones de euros. Según la web, más de 30.000 personas se han registrado en estos 20 días, lo cual implica que el ente ya cuenta con al menos 300.000 para funcionar.

La financiación es una de las grandes preocupaciones de los independentistas fugados en Bélgica y otros países europeos. Sus líderes siempre han insistido en que cubren tanto los gastos de la denominada Casa de la República de Waterloo, también residencia de Puigdemont, como las cuantiosas minutas de sus abogados. Solo el alquiler de la casa cuesta de 4.000 euros al mes.

Esta semana, El Confidencial reveló que la asociación sin ánimo de lucro CATGlobal es la encargada de gestionar el dinero proveniente de las donaciones ciudadanas al Consejo de la República y, posiblemente, de otros gastos relacionados con el activismo independentista en Bélgica.

Su creación, el 19 de febrero de 2018, es muy anterior a la puesta en marcha del Consejo. Según su acta de constitución, depositada en la Cámara de Comercio francófona de Bruselas, la entidad “Se financiará con subvenciones, ayudas, donaciones, cuotas, regalos, herencias y otras disposiciones testamentarias y de últimas voluntades”.

La verdadera motivación de CATGlobal tampoco queda clara en su registro. No menciona su perfil político y como fundadores figuran la consultora Erika Casajoana, el lobista Jaime Bernis y el ciudadano belga Piet van den Bergh, sin militancia conocida. La calle Abbé Cuypers número 3 de Bruselas aparece como el domicilio de todos ellos. En esa misma dirección, en realidad un centro de negocios, hay inscritas otras 347 sociedades.

Falta de transparencia

Como miembro también se cita a Miquel Esquirol, de 89 años, fundador de CDC, y los administradores son Josep María Matamala, el inseparable amigo empresario de Puigdemont, y Jaume Cabani, ingeniero afín. Pese a que la ley así lo exige, estos dos últimos no facilitan dirección alguna. “Hay ciertas irregularidades en la identificación de los miembros y administradores, principalmente en el caso de estos dos últimos. Da la sensación de que hacen todo lo posible para que sus responsables no puedan ser identificados”, asegura Philippe T’Kint, abogado experto en este tipo de sociedades.

El letrado explica que en Bélgica no existe un control sistemático a las asociaciones sin ánimo de lucro. Unas 110.000 ASBL (por sus siglas en francés) operan en el país y ese elevado número dificulta su vigilancia. Sobre el papel, tienen la obligación de registrarse y Hacienda puede intervenir si no abonan impuestos. Además, si alguna autoridad les solicita información sobre sus miembros han de facilitarla, y como recoge la ley, el Ministerio de Justicia debe aprobar todas las donaciones superiores a 100.000 euros. Para el resto no necesitan autorización.

Un concierto para recaudar fondos

El próximo sábado 8 de diciembre se celebrará en Bruselas el festival Cityzen, un evento de 12 horas de música ininterrumpidas “por la libertad” promovido por el entorno independentista para recaudar fondos. En el concierto actuarán artistas como el rapero Josep Valtònyc, Gerard Quintana, Kepa Junquera o bandas como Senyor Oca, Germà Negre y Els Catarres.

La celebración del festival ha generado la queja del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, porque la sala donde se celebra es propiedad del Centro Gallego de Bruselas. Los gestores del centro se defienden alegando que solo han alquilado la sala. “El tema catalán no nos concierne. Pero es interesante abrir el debate y que la sala esté abierta a todos”, dice Noemí Palomo, su responsable.

Según la publicidad del acto, del que ya se venden entradas anticipadas a 15 euros, los vinos catalanes que se degustarán en el festival gastronómico paralelo corren a cargo del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, un organismo público de la Generalitat.

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