Puigdemont se refugia en organismos simbólicos para mantener su influencia

La presentación del llamado Consejo para la República, el pasado martes en el Palau de la Generalitat, dejó una imagen inédita en la actual legislatura: la presencia de Carles Puigdemont, vía videoconferencia, en un acto organizado en la sede del Govern. Desde Bélgica, donde está huido de la justicia española, el expresident intenta recuperar el primer plano tras unos días en los que el protagonismo ha estado en Cataluña y en el debate presupuestario en Madrid. De ahí que Puigdemont se refugie en órganos simbólicos como el Consejo.

Nadie duda de la influencia que tiene Puigdemont en la vida política, tanto en el Govern como en el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), o de su valor simbólico en el independentismo a pie de calle. Sin embargo, su preponderancia se había ido difuminando poco a poco tras la resolución de su situación judicial en Alemania y con un Ejecutivo catalán intentando hacer equilibrios entre la gestión del día a día —que implica negociar con el Gobierno central— y el discurso más encendido sobre el supuesto mandato republicano del referéndum del 1-O, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

El president Quim Torra y la portavoz Elsa Artadi consultan muchas decisiones con el expresident, pero siempre de manera más o menos discreta. Su presencia se invoca en cada discurso pero su imagen, como el pasado martes, nunca había estado tan presente. “El Consejo de la República será un órgano de coordinación de diferentes actores y de decisión política que llegue allá donde las instituciones no pueden hacerlo”, aseguró un Puigdemont que ya ha separado el sitio de presidente de ese órgano —que tendrá financiación privada— para sí.

El Consejo, efectivamente, busca cumplir dos roles en un momento en que el independentismo solo tiene como relato la defensa de los políticos en prisión y procesados por un supuesto delito de rebelión y malversación. Por un lado, reconoce el escaso margen de maniobra para que las Administraciones promuevan la implementación de la deseada república catalana. De ahí la deslocalización de su mayor fuente de presión a Bélgica o a entes con gran peso de la sociedad civil, como el Consejo Asesor para el impulso del fórum cívico y social para el debate constituyente. Este último, pilotado por el cantautor Lluís Llach y sin dinero público, tiene que sentar las bases para un proceso participativo “sobre el futuro de Cataluña” pero no para redactar una Constitución, según explicó el propio Llach el pasado martes.

Por el otro, aupa al expresident, de una manera más solemne, a comandar la supuesta lucha por la república en un espacio con menos riesgos jurídicos. “A nosotros no nos pueden aplicar ningún [artículo] 155”, recordó el expresidente. Puigdemont aseguró que este órgano, que ya figuraba en el acuerdo de Gobierno de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no se había puesto en marcha anteriormente por las semanas que estuvo en Alemania a la espera de que un tribunal finalmente rechazara extraditarle por un supuesto delito de rebelión, un gran revés para la justicia española.

El rol del Govern

Puigdemont ha insistido en varias ocasiones en ese rol de coordinación y “decisión política” que tendrá el Consejo. Desde el Palau de la Generalitat, sin embargo, insisten en que los ámbitos de acción son “distintos” y que no habrá injerencias directas. El Govern, en una respuesta parlamentaria a los socialistas, decía que no tenía constancia de ninguna entidad adscrita a la Administración catalana llamada consell per la república mientras que prestaba la sala más noble del Palau para la presentación de la “iniciativa privada”.

En el Consejo también estarán los otros exconsejeros que están huidos de la justicia española —como Clara Ponsatí o Lluís Puig o incluso Marta Rovira, según adelantó El Confidencial—y algunos ciudadanos que se inscriban en un registro habilitado en internet, previo pago de al menos 10 euros. Ayer ya rozaba los 20.000 inscritos. Sus funciones, sin embargo, siguen siendo inconcretas más allá de la promoción internacional del procés, algo que ya hacía Puigdemont.

De acuerdo a la web habilitada, el Consejo se dedicará a promover el “proceso constituyente” —no especifica cuál será su relación con el Consejo Asesor creado por Quim Torra—, “la generación de nuevas fórmulas de movilización democrática” o la “investigación y desarrollo de herramientas sociales y políticas innovadoras”. Se trata de aspectos sobre los que, en teoría, los afiliados tendrán la última palabra.