La Audiencia Nacional deja en libertad con fianza a tres de los ‘cdr’ detenidos por terrorismo

La Audiencia Nacional ha decretado este viernes la libertad bajo fianza de 5.000 euros para tres de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados el pasado septiembre por presuntos delitos de terrorismo. Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que se pueden adoptar "medidas menos" gravosas para afrontar su posible riesgo de fuga. La Fiscalía ya se abrió la pasada semana a esta posibilidad con estos tres arrestados, que no tuvieron contacto con explosivos: Xavier Buigas, Eduardo Garzón y Guillem Xavier Duch.

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La Operación Judas entra así en una nueva dimensión. Tres meses después de que el juez Manuel García-Castellón ordenase detener a nueve miembros de los CDR y encarcelar a siete de ellos, la Audiencia Nacional acepta suavizar las medidas cautelares adoptadas contra tres de los imputados, que han salido de prisión esta misma tarde. Esta decisión se toma pese a que el propio instructor decidió hace apenas un mes mantener encarcelados provisionalmente a Buigas, Garzón y Duch al considerar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Pero los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal lo enmendaron este viernes parcialmente tras, eso sí, el cambio previo de postura del ministerio público de la pasada semana.

A través de tres autos fechados este 20 de diciembre, el tribunal —compuesto por Fernando Andreu, José Ricardo de Prada y María Fernanda García— insiste en un primer momento en dejar claro que existe "un elevadísimo índice de verosimilitud acerca de la intervención de los encausados en el hecho delictivo". Aunque, a continuación, recuerda que la prisión provisional persigue asegurar la presencia de los imputados en el proceso, así como evitar la destrucción o manipulación de pruebas. Tres factores que han perdido peso en las últimas semanas, según desliza la Sala.

De hecho, sobre el riesgo de fuga, los tres jueces coinciden en señalar que se pueden adoptar medidas cautelares "menos gravosas" para evitar su huida —"dado el probado arraigo personal, familiar, social y económico que presentan"—. E imponen a los tres la obligación de comparecer a diario en un juzgado y les prohíbe salir de España, así como les retira el pasaporte y les obliga a fijar un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.

Por otra parte, en relación con la destrucción de pruebas, los magistrados subrayan que la mayoría de diligencias "han sido ya practicadas": "No existiendo la posibilidad de que entorpezcan, retrasen o dificulte la investigación, ni que puedan ejercer una influencia directa sobre personas, tales como testigos, otros imputados o peritos, mediante amenazas o chantajes".

Las defensas de los imputados difundieron en la mañana de este viernes una cuenta bancaria para recaudar el dinero necesario para las fianzas, que se depositó a las pocas horas. Además, también celebraron la decisión de la Sección Segunda, pero insistieron en "exigir el archivo de la causa" contra los nueve detenidos el 23 de septiembre.

Su papel en los ERT

Los investigadores otorgan a Garzón, Buigas y Duch un papel destacable en los conocidos como Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el ala más combativa y radical de los CDR. La Guardia Civil llegó a definir al primero de ellos como "el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal" —encargado de coordinar el trabajo de los dos grupos descubiertos dentro de los ERT: el "productor", dedicado a la fabricación de los explosivos; y el "ejecutor", centrada en la puesta en marcha del plan—. A Garzón se le sitúa también, al igual que a Duch, en el encuentro organizado con la hermana de Carles Puigdemont. Por su parte, Buigas "ejercía tareas propias de un aparato logístico", subraya el instructor, que destaca que llegó a ofrecer su casa "para reuniones clandestinas".

A los ERT se les atribuye "un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña, con el fin último de subvertir el orden constitucional". "Pretendían, dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo (al cual los investigados pertenecen), lograr la materialización de la República Catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas", recuerda también la Sección Segunda en su escrito de este viernes.