La Fiscalía se abre a dejar en libertad bajo fianza a tres de los siete CDR encarcelados por terrorismo

La Fiscalía se abre ahora a que tres de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados por la Audiencia Nacional salgan en libertad bajo fianza de 9.000 euros. Según confirmó este jueves el ministerio público, que les atribuye delitos de terrorismo, adopta esta nueva posición con aquellos que no tuvieron relación con los componentes para fabricar explosivos: Xavier Buigas, Eduardo Garzón y Guillem Xavier Duch. Todos ellos permanecen en prisión provisional desde el pasado 26 de septiembre.

Casi tres meses después de que la Audiencia Nacional activara la Operación Judas y detuviese a nueve miembros de los CDR —a siete de los cuales se envió a prisión provisional—, la Fiscalía aceptó este jueves por primera vez suavizar las medidas cautelares adoptadas contra varios de ellos. Según confirmaron fuentes del ministerio público, este cambio de postura sobre los tres que no manipularon explosivos ya se ha comunicado a la Sala encargada de revisar los autos de prisión del magistrado instructor Manuel García-Castellón, que acordó mantenerlos en la cárcel el pasado noviembre al considerar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Pese a esta iniciativa, los abogados de los imputados se mostraron muy prudentes este jueves. "Paciencia y cautela. Que la Fiscalía lo haya pedido no significa que la Audiencia Nacional lo acepte", expuso el colectivo de letrados encargado de las defensas. De hecho, según consta en el sumario de la causa, los investigadores consideran a Buigas, Garzón y Duch como tres piezas importantes de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más combativo y radical de los CDR, a los que se les atribuye "un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña, con el fin último de subvertir el orden constitucional".

La Guardia Civil llegó incluso a calificar a Garzón como "el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal", encargado de coordinar supuestamente el trabajo de los dos grupos detectados en los ERT: una célula "productora", dedicada a la fabricación de los explosivos; y otra "ejecutora", centrada en la puesta en marcha del plan. A él también se le sitúa, al igual que a Duch, en el encuentro organizado el 15 de septiembre de 2018 con la hermana de Carles Puigdemont con la "intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido de la justicia" y Quim Torra, actual jefe del Ejecutivo catalán. Por su parte, Buigas "ejercía tareas propias de un aparato logístico", subraya el instructor, que destaca que llegó a ofrecer su casa "para reuniones clandestinas".

Resolución del Parlament

El cambio de postura de la Fiscalía se produce también solo un día después de que el Parlamento catalán aprobase este miércoles una resolución impulsada por los tres grupos independentistas donde se reclamaba la libertad de los siete CDR y se denunciaban "constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales", además de exigir el archivo de la causa. Este texto salió adelante por 66 votos a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP), 54 en contra (Ciudadanos, PSC y PP) y la abstención de los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem.

La Audiencia Nacional acusa a los CDR de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. A través del análisis de las conversaciones telefónicas intervenidas, los investigadores concluyeron que los miembros de ERT tenían un "plan" para encerrarse en la Cámara una semana con Quim Torra, tras asaltarla y blindarla para evitar que nadie pudiera acceder desde fuera. Uno de los detenidos, incluso, declaró al juez que alguien dijo que el encargo venía de "Presidencia".