El Parlament pide la “liberación inmediata” de los CDR acusados de terrorismo
Los tres grupos independentistas reclaman el archivo del caso con la abstención de los comunes
El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una resolución conjunta presentada por los tres grupos independentistas en la que se reclama la libertad de los siete CDR encarcelados por la Audiencia Nacional —bajo la acusación de terrorismo y tenencia de explosivos—, denuncian “constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales” y se reclama el archivo de la causa. El texto ha sido aprobado por 66 votos a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP), 54 en contra (Ciudadanos, PSC y PP) y la abstención de los ocho diputados de los comunes.
La propuesta de resolución se ha tramitado por el procedimiento “de urgencia extraordinaria” que permite el reglamento de la Cámara. Familiares de los detenidos han seguido el debate desde la tribuna de invitados con camisetas amarillas en las que se reclama la excarcelación de los CDR y han exhibido carteles a favor de su libertad. Los diputados independentistas se han puesto en pie y han aplaudido mirando a los invitados.
El pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a nueve personas en diversas poblaciones catalanas en el marco de una investigación ordenada por la Audiencia Nacional. Fueron acusadas de terrorismo y tenencia de explosivos. Dos de ellos quedaron en libertad con cargos. Desde el primer día, y sin conocer el contenido de las actuaciones judiciales, el independentismo reivindicó su inocencia, hasta el punto de que cuando se conoció el encarcelamiento estaba reunido el Parlament y la mayoría de los diputados secesionistas y miembros del Gobierno de Quim Torra prorrumpieron en aplausos y gritos de “libertad”. Sus familiares y abogados ya denunciaron entonces que se les dificultó la asistencia de abogado y se les negó información de sus derechos y de los cargos que pesaban contra ellos.
Dos de los detenidos admitieron ante el juez la tenencia de explosivos y planes para ocupar el Parlament, aunque aseguraron que no pretendían causar daños, según sus declaraciones que constan en el sumario.
La resolución aprobada reclama “la liberación inmediata” de los siete encarcelados y el archivo de la causa ante lo que califican como “más que probable vulneración de derechos fundamentales y sus garantías procesales”. En esa línea, se considera que la investigación judicial es “una causa general, una operación de Estado” contra el independentismo, y se solicita que “organismos o instituciones internacionales y entidades del ámbito de los derechos humanos se impliquen en la investigación de vulneración de derechos que han sufrido los encarcelados”. También se pide que, mientras dure la investigación, los encarcelados sean trasladados a prisiones catalanas y “se acabe el régimen de aislamiento”.
El grupo parlamentario de los comunes había presentado tres enmiendas al texto para rebajar su contenido, pero todas ellas han sido rechazadas. Por lo demás, el independentismo ha cerrado filas con los detenidos con los argumentos habituales. Así, Aurora Madaula (Junts per Catalunya), que lucía una camiseta con la frase Jo també soc CDR (Yo también soy CDR) ha dicho que España "está en una carrera cada vez más rápida para parecerse a Turquía", en alusión a la supuesta falta de democracia.
José Rodríguez (ERC) ha justificado la propuesta de resolución por su confianza en "la independencia del poder judicial y no nos gusta que se abuse del delito de terrorismo, ni se banalice". Por su parte, Maria Sirvent, de la CUP, ha denunciado la "intención del Estado de criminalizar el movimiento independentista". Susanna Segovia, de los comunes, ha asegurado que el Parlament no era el foro adecuado para pedir el archivo de una causa judicial.
Desde la bancada de Ciudadanos, Lorena Roldán ha denunciado que "no hay semana de pleno que no haya aun despropósito de los partidos independentistas", mientras que Ferran Pedret (PSC) ha reclamado un respeto por la presunción de inocencia, pero también ha matizado que era precipitado reclamar la exculpación de los encarcelados. Alejandro Fernández, del PP, ha asegurado que el Parlament "no puede desacreditar al poder judicial" y ha censurado el doble lenguaje de Junts per Catalunya y Esquerra.
El texto arremete con dureza contra la Audiencia Nacional, de la que se dice que es un órgano “politizado y opaco que ha sido condenado en diversas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no respetar los derechos fundamentales”. También se denuncia “la instrumentalización del delito de terrorismo con finalidades políticas”.
