Anticorrupción investiga el paradero de 2,6 millones de la trama del 1% del PP de Aguirre

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que reclame al Gobierno de la Comunidad de Madrid nueva documentación sobre los contratos públicos que incluían la cláusula del 1% con la que supuestamente se desviaron fondos a la caja b del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. Con esa nueva diligencia, la Fiscalía pretende indagar el paradero de 2,6 millones de euros de esta partida ante la sospecha de que pudieron haber financiado campañas electorales de los populares.

La petición de Anticorrupción se produce después de que la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) remitieran recientemente a la Audiencia Nacional la documentación incluida en los 34 expedientes por los que el Ejecutivo autónomo licitó y adjudicó los contratos para realizar obras y explotar otros tantos hospitales y centros de salud de la región. Todos ellos incluían la obligación de las empresas adjudicatarias de dedicar un 1% del montante total del contrato a publicidad. En su escrito, adelantado por La Información y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía destaca que este porcentaje supuso el desembolso de 3,84 millones de euros.

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Los investigadores han constatado que, de esta cantidad, 1,19 millones de euros fueron pagados por las empresas adjudicatarias de las obras a empresas de Daniel Horacio Mercado, cuyas compañías de marketing participaban en las campañas electorales del PP. El propio Mercado aseguró al juez García-Castellón cuando declaró como imputado en diciembre de 2017 que dirigentes del PP le indicaron que las facturas por sus trabajos para el partido las girase a “cuatro o cinco empresas”. En aquella comparecencia señaló como implicados en estas supuestas irregularidades al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y a los dirigentes populares Francisco Granados e Ignacio González, todos ellos encausados. El pasado septiembre, el magistrado también imputó a la expresidenta Esperanza Aguirre por estos mismos hechos. Las cuatro sociedades de Mercado recibieron en 2006 contratos públicos de diferentes organismos de la Comunidad de Madrid por un importe superior a los 5,6 millones pese a que contaba con una plantilla de solo 30 empleados.

Con las nuevas diligencias, la Fiscalía intenta aclarar dónde acabaron los otros 2,6 millones de euros que las empresas adjudicatarias de los 34 contratos de Sanidad destinaron a publicidad por la cláusula del 1%. “Resulta relevante para la investigación conocer el destino y las empresas que recibieron facturas por un importe aproximado de 2.659.451,22 euros, que es el monto que no facturaron ni recibieron las empresas de Horacio Mercado y que pudieron derivarse a atender otros gastos del partido”, explica en su escrito Anticorrupción.

Omisión y olvido

En concreto, el juez quiere que la Consejería de Sanidad de Madrid “amplíe la información remitida aportando toda la relación de facturas que atendieron las empresas adjudicatarias de los contratos de los hospitales y centros de salud con cargo al 1% del presupuesto” y que detalle “los importes y perceptores, y con remisión de la documentación justificativa de los pagos”. La Fiscalía detalla las 33 empresas que se hicieron con aquellos contratos.

En el escrito, Anticorrupción justifica la medida en la estrategia de “omisión, olvido o inconcreción” que, en su opinión, han utilizado en sus declaraciones como imputados en los últimos meses todos aquellos que tuvieron “responsabilidades en la adjudicación, formalización [y] conformidad de la partida del 1% del Presupuesto de Ejecución Material”. La Fiscalía destaca que todos ellos evitaron concretar la identidad de “las personas que desde la Comunidad de Madrid realizaron la selección de los proveedores, empresas y firmas que iban a facturar en esa partida [del 1%] de publicidad, comunicación e información”.