Nuevos papeles de Bárcenas remontan a 2003 la caja b del PP de Madrid

Cuando Luis Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, abandonó su cargo de tesorero del PP en 2009 sacó de su despacho abundante documentación que entregó a su entorno al verse cercado por la justicia. Estos papeles, desconocidos hasta ahora, remontan la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre a la campaña electoral de 2003, y no a la de 2007, que es desde la que se investiga en el caso Púnica. Cheques, extractos bancarios y otros documentos contables revelan excesos en los gastos de la formación que fueron ocultados al Tribunal de Cuentas, el pago irregular de mítines por parte de fundaciones y aportaciones ilegales de empresarios que conseguían adjudicaciones públicas. Aguirre ha asegurado a EL PAÍS que desconocía esas prácticas.

En julio de 2003, la izquierda ganó las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero la traición —nunca aclarada— de los dos diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz impidió que se formara un Gobierno regional liderado por el PSOE. Se repitieron los comicios en octubre de ese mismo año y Esperanza Aguirre consiguió mayoría absoluta. Bárcenas fue gerente y tesorero del PP desde 1993 a 2009, por lo que tenía acceso a información y, sobre todo, a documentación relativa al funcionamiento financiero del partido en Madrid aquel año con dos citas con las urnas.

El dopaje electoral que reflejan esos papeles de Bárcenas es muy parecido al que ahora investiga la Audiencia Nacional en el sumario del caso Púnica, donde la Fiscalía acumula pruebas de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, pero relativo a las diferentes campañas electorales del periodo 2007-2011. De hecho, Esperanza Aguirre ha sido imputada como máxima responsable del partido en la Comunidad de Madrid en esas fechas. También están investigados por los mismos hechos otros dos exdirigentes del PP que ocuparon la presidencia de Madrid: Ignacio González y Cristina Cifuentes. Es decir: lo que vienen a demostrar estos nuevos papeles de Bárcenas es que el PP de Madrid engordaba su supuesta caja b desde antes de 2007.

Ahora bien, por la campaña de 2003 nadie podrá ser procesado, ya que el supuesto delito ya ha prescrito. Esperanza Aguirre asegura a EL PAÍS que nunca conoció que durante la campaña electoral de octubre de 2003 se excedieran los gastos electorales permitidos o que se estuvieran financiando algunos de sus mítines con fondos procedentes de las fundaciones del PP, FAES y Fundescam. “No conozco a ningún candidato que pregunte por el dinero con el que se financia la campaña. Eso lo llevaba el gerente del partido” añade.

Aguirre recuerda que por aquellas fechas no era aún presidenta del PP de Madrid, sino tan solo candidata a la presidencia de la Comunidad. Y aclara: “Cuando fui presidenta tampoco supe nada de las cuentas porque de eso se encargaba el gerente, Beltrán Gutiérrez [también imputado en el caso Púnica]. Tampoco creo que Pío García-Escudero, que era presidente [del PP de Madrid] antes de llegar yo, supiera nada”. Estas son las presuntas irregularidades que los nuevos papeles de Bárcenas dejan al descubierto:

Falsedad electoral: engaño al Tribunal de Cuentas. Algunos documentos que sacó Bárcenas del número 13 de la calle Génova (sede del PP Nacional y del PP de Madrid), y que no puso en su día a disposición del juzgado que instruye el caso Gürtel, reflejan el supuesto exceso de gasto electoral que el partido en Madrid ocultó al Tribunal de Cuentas. La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los papeles de Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones.

Se trataría de un delito de falsedad electoral similar al que ahora atribuye Anticorrupción a los dirigentes del PP de Madrid por las elecciones de 2007 y 2011, también con Aguirre de candidata. En ambas elecciones, el PP logró una clara mayoría absoluta. El sumario del caso Púnica acumula numerosos documentos requisados en el domicilio del tesorero del PP regional, Beltrán Gutiérrez, sobre los gastos electorales —6,2 millones de euros— de la campaña de 2011. La formación conservadora presentó ese año al Tribunal de Cuentas unos gastos de solo 2.986.000 euros.

Pago ilegal de mítines a través de fundaciones. También guardó Bárcenas diversa documentación sobre gastos electorales sufragados de manera ilegal por el PP de Madrid a través de dos fundaciones, Fundescam y FAES. Esas fundaciones solo podían dedicar el dinero a cursos de formación y actividades similares. Pero Fundescam y FAES, según esta documentación en poder de Bárcenas, costearon diversos actos de campaña de 2003, circunstancia expresamente prohibida por la ley. El juez Antonio Pedreira, que instruyó en 2009 el caso Gürtel, accedió a documentos de la trama corrupta sobre pagos de mítines con fondos de Fundescam, pero archivó la investigación porque el delito estaba prescrito. El tesorero Beltrán Gutiérrez guardó en su domicilio dos pendrives con información que acreditaba el uso de fondos de Fundescam para gastos electorales de la campaña de 2011, cuando Aguirre ya presidía el partido.

Las pruebas documentales de una supuesta caja b. Bárcenas también facilitó a su entorno copias de cheques y extractos bancarios de las cuentas del PP de Madrid en 2004 con aportaciones de empresarios. Esas donaciones nunca fueron declaradas al Tribunal de Cuentas.

En el caso Púnica figuran algunos apuntes de la agenda particular del que fuera secretario general del PP, Francisco Granados, con cantidades aportadas por contratistas de la Comunidad de Madrid y nunca declaradas. Granados ha declarado al juez que las iniciales que la Guardia Civil atribuye a determinados empresarios se refieren en realidad a siglas de órganos internos del partido y los números que reflejan las supuestas entregas de dinero, a asistentes a mítines de la formación. Los investigadores rechazan que sea así.

Los indicios que plasmó el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en su auto de imputación a Aguirre se basan en pruebas documentales similares a las que el extesorero Luis Bárcenas guardó sobre la campaña de 2003. El caso Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta, destapó la enemistad entre los tesoreros nacionales de la formación conservadora (Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas) y el Gobierno de Aguirre.

Cuando Bárcenas salió por primera vez de la cárcel antes de que se celebrase el juicio del caso Gürtel, Aguirre le trató como a un delincuente y le pidió cuentas sobre su dinero en Suiza. Bárcenas respondió: “Un presunto delincuente podría ser ella. Ella tendría que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas que han hecho en la regional de Madrid”. Aunque no quiso detallar a qué se refería, el extesorero ya tenía entonces en su poder los documentos sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Respuesta de Aguirre. La respuesta de Aguirre a este periódico es la misma que ofreció cuando declaró como imputada en la Audiencia Nacional y fue interrogada por las supuestas irregularidades descubiertas en la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Fundescam para desviar fondos públicos hacía el PP que ella misma dirigía.

El exconsejero autonómico Alberto López Viejo, que se ocupaba de la logística en los mítines de Aguirre durante la campaña de octubre de 2003, llegó a amenazar a la presidenta cuando estalló el caso Gürtel en 2009 con tirar de la manta. Tras ser expulsado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid por su imputación y pasar a formar parte del Grupo Mixto, López Viejo —condenado a 31 años de cárcel por el supuesto cobro de comisiones ilegales a la trama empresarial de Francisco Correa— sugirió a dirigentes del PP que iba a contar lo que supuestamente sabía de la financiación irregular del partido. Aguirre cuenta que cuando conoció aquella amenaza, contestó: “Ya estás tardando...”.