Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“El PP me dijo que tenía que facturar sus gastos electorales a 4 ó 5 empresas”

El empresario que confirmó la caja b del PP de Madrid señala ante el juez del 'caso Púnica' a Francisco Granados, Ignacio González y Beltrán Gutiérrez en la financiación irregular del partido

Francisco Granados en el banquillo de los acusados junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, y el guardia civil José Manuel Caro.
Francisco Granados en el banquillo de los acusados junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, y el guardia civil José Manuel Caro. EFE

El empresario argentino Daniel Horacio Mercado reconoció el pasado 19 de diciembre ante el juez instructor del caso Púnica que su empresa de publicidad, Over Marketing -ya extinta- realizó servicios para la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y que el partido le indicó que las facturas por estos trabajos las girase a “4 o 5 empresas”. Así se recoge en los audios de dicha declaración de más de tres horas, en las que señaló como implicados en las supuestas irregularidades al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y a los dirigentes populares Francisco Granados e Ignacio González. Las cuatro sociedades de Mercado recibieron en 2006 contratos públicos de la Comunidad de Madrid por un importe superior a los 5,6 millones de euros pese a que contaba con una plantilla de solo 30 trabajadores, según destacó la Fiscalía Anticorrupción durante el interrogatorio.

Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Mercado es uno de los principales financiadores del PP de Madrid durante la época en que estuvo presidido por Esperanza Aguirre. Sus empresas –Over Marketing, Traci Comunicación o Link América- recibieron grandes contratos publicitarios de la Comunidad de Madrid. Estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar la colocación de primeras piedras y cortes de cinta de grandes proyectos públicos, actos en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Posteriormente, las empresas dieron servicio al partido para sus actos de campaña y estos fueron pagados supuestamente por constructoras a las que Over Marketing giraba facturas falsas.

El empresario detalló ante el juez que fue el gerente del PP quien le dio “una lista de empresas que nos dicen que son conocidas de ellos” para que les enviasen los cargos por parte de la deuda que la formación había contraído con sus sociedades por la organización de actos electorales.“La ley [electoral] les marca un límite en inversión [publicitaria] y tienen que hacerlo por fuera. En este caso, facturo a una empresa ‘pepito’ que le dicen que lo pague y de esta manera ellos no pasan el límite”, explicó Mercado. A continuación, añadió que "el PP nos dijo [...] que teníamos que facturar a estas 4 o 5 empresas”, aseguró a preguntas de la defensa de Granados, del que Mercado se mostró convencido que estaba al tanto de las irregularidades: “Es muy difícil que un gerente de un partido no tenga el visto bueno del secretario general”.

A preguntas del juez Diego de Egea -que apoya al titular Manuel García Castellón en la instrucción de la causa-, el empresario también incidió en la misma idea: “Hablé de ello [sobre la facturación en b] con Beltrán y creo que tanto Granados con Ignacio González conocían el tema, sin ninguna duda". También añadió que una de las constructoras, que no concretó, a la que dirigió una de esas facturas se la devolvió porque no sabía a qué servicios concretos se refería y que tuvieron que hablar con el PP para que finalmente se hicieran cargo de ella. “Esas empresas nunca va a pagar una factura si no tiene el visto bueno del Partido Popular ¿Por qué me va a pagar a mí una empresa 10.000 euros si no hay un tema interno entre la empresa y el partido?”, señaló. También recalcó que el importe de esas facturas coincidía con el coste de sus trabajados electorales para los populares.

Un sistema similar al del PP de Baleares

El empresario Mercado también está encausado por hechos similares en una de las piezas separadas del caso Palma Arena, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP balear. El empresario describió en 2012 un sistema muy parecido al que recoge su reciente declaración en la Audiencia Nacional. Entonces también aseguró que la formación le pagó en dinero negro a través del entonces tesorero y gerente del partido, Luis Fernando Areal, o del consejero de Interior balear, José María Rodríguez. Estos pagos, según relató Mercado, se hacían por orden de Jaume Matas, presidente balear en aquella etapa, quien le contrató y le facilitó decenas de adjudicaciones públicas de su Gobierno, todas ellas amañadas. Los pagos en dinero negro, según el relato de Mercado, se hicieron o bien en las oficinas del PP en Palma de Mallorca o en una cafetería.

Mercado separó en su declaración a la entonces presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, de los manejos económicos de las campañas electorales. “Yo reuniones con Esperanza Aguirre he tenido muchas , pero que me dijeran que me iban a dar adjudicaciones no lo recuerdo. Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, no se puede decir que sea una persona que no se involucrara, pero conmigo nunca habló de eso”, sostuvo el empresario argentino.

Durante el interrogatorio, Anticorrupción detalló los numerosos contratos públicos que la Comunidad de Madrid adjudicó a las empresas de Mercado desde diferentes consejerías como las de Sanidad y Transportes, y sociedades públicas. En este punto, la representante de la fiscalía hizo especial hincapié en las adjudicaciones que recibió de Arpegio, una de los epicentros de la trama de corrupción, y de la subcontratación que de parte de las mismas hizo a una empresa participada por un familiar de Ignacio Palacios, mano derecha de Granados durante toda su carrera política. Anticorrupción mostró sus sospechas que parte del dinero que el ejecutivo regional pagó a Mercado por esos trabajos fue posteriormente desviado al “patrimonio particular” de otros imputados. El empresario argentino se escudó en que no recordaba los detalles y, como repitió en numerosas ocasiones a lo largo de su declaración, se comprometió a “recordar nombres exactos” más adelante.

Donde sí admitió supuestas irregularidades fue en el contrato de dos millones de euros que sus mercantiles recibieron del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) en 2006 para realizar una campaña de apoyo a los autónomos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE pidió el pasado octubre información a la Audiencia Nacional sobre dichas pesquisas ya que el mismo fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea (UE). Mercado reconoció al juez De Egea que antes de la adjudicación habló con el gerente de dicho organismo, aunque en un primer momento aseguró que desconocía si hubo amaño: “No soy consciente de si me ayudan”. Sin embargo, admitió que subcontrató a otra empresa investigada en la causa, Swat, y que también había hecho trabajos electorales para el PP. La Fiscalía destacó que Swat había participado precisamente en la mesa de contratación que adjudicó dicho concurso a la empresa de Mercado.

Más información