El juez de Púnica reclama pruebas de la trama del 1% del PP a dos hospitales

El pasado 29 de noviembre, García-Castellón reclamó al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, y al Hospital del Tajo, en Aranjuez, tres documentos que la Fiscalía Anticorrupción ha echado en falta en la documentación remitida recientemente por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre 34 contratos para obras públicas que obligaban a las adjudicatarias a dedicar un 1% del montante total a publicidad, y que acabaron en las empresas de Mercado. Este, a su vez, era responsable de parte de las campañas electorales del PP, que gobierna la región desde 1995.

Al centro sanitario de Majadahonda, el juez le pidió copia del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) de aquel concurso, y el que denomina "acto del consejero de adjudicación del contrato". Y al hospital de Aranjuez le solicitó copia de este segundo documento.

No son requerimientos casuales. García-Castellón ha centrado su investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en las dos consejerías con más presupuesto de la Comunidad de Madrid bajo las presidencias de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015). A la de Transportes, Infraestructura y Vivienda, junto a sus entidades dependientes, le ha solicitado un total de 16 contratos. Y a la de Sanidad, a la que está vinculada el Servicio Madrileño de Salud, otros 34. Esos 50 acuerdos, que incluyen la cláusula del 1%, totalizan decenas de millones de euros. Y el magistrado está documentando al detalle cada uno de esos expedientes.

Así, la petición de información a los dos hospitales se produjo solo unas semanas después de que el hospital de Majadahonda se pusiera en contacto por iniciativa propia con la Audiencia Nacional para informarle de que había localizado nueva documentación ligada a la cláusula del 1% de las adjudicaciones.

En el escrito remitido al juzgado, la dirección del centro médico detalla que en marzo de 2017 ya entregó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la documentación que entonces se le reclamó sobre los contratos firmados con la empresa de Mercado, pero que recientemente había encontrado nuevas facturas, certificaciones y fotocopias de cheques.

"Hemos tenido en conocimiento, a través de noticias de prensa, de la existencia de una investigación judicial en curso que está relacionada con el referido requerimiento que fue contestado en su día con la totalidad de la documentación de la que se disponía en aquel momento", explica la responsable del centro en una misiva de octubre a la que accedió EL PAÍS. "(...) En relación con las sociedades Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, y Link America SL, ha sido localizada otra documentación más antigua a la remitida en 2017, correspondiente a un periodo en el que el archivo de la documentación contable se encontraba en una sede física distinta", sigue el escrito. "Por ello, y por si pudiera ser de interés para la investigación que se lleva a cabo, venimos a aportar los documentos adicionales hallados, relativos a las tres mencionadas sociedades", añade. Y constata: "Previamente se ha contactado con la Unidad Central Operativa, a quien se ha informado de estos hechos y siguiendo sus indicaciones, procedemos a su remisión a este juzgado".

A la misiva, el centro médico adjuntaba 44 facturas giradas entre junio y noviembre de 2005 por Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas propiedad de Daniel Horacio Martín. En total, suman pagos a estas sociedades por un montante que se acerca al medio millón de euros.

Facturas de 135 euros

La de mayor importe es una emitida por Over en agosto de aquel año por la difusión en diferentes medios de comunicación audiovisuales de anuncios para la supuesta promoción del centro. En total, 154.006 euros, IVA incluido. La menor, de tan solo 135 euros, la emitió Link América por la instalación de "tres calentadores" para una "caseta" del centro. Gran parte de las facturas cuentan con el visto bueno firmado de Germán Rasilla, alto cargo de la Consejería de Sanidad ya imputado en el caso Púnica por la trama del 1%.

A poco más de seis meses para que el juez tenga que concluir el próximo 6 de junio la instrucción del sumario del caso Púnica, los investigadores aceleran la búsqueda de pruebas.

El pasado 8 de octubre, solo 10 días antes de que la propia Aguirre declarase como imputada en la causa, las dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, presentaron ante el magistrado un escrito en el que solicitaban identificar y tomar declaración a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que en 2013 habían denunciado sin éxito la cláusula del 1% en dos cartas enviadas al Ejecutivo madrileño irregularidades en numerosos contratos públicos. Y ahora comienzan los requerimientos de información y aclaraciones de hospital en hospital.