La justicia paga las primeras indemnizaciones del ‘Prestige’ 17 años después
Son poco más de 50 millones de euros de los 2.500 fijados como compensación de los que la aseguradora del petrolero no aporta ni la mitad
El proceso judicial para saldar cuentas por una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido Europa ha dado otro pequeño paso 17 años después. La Audiencia Provincial de A Coruña ha acordado el reparto de la primera parte de las indemnizaciones por la marea negra del Prestige en 2002, una mínima porción de los más de 2.500 millones de euros en los que se ha cuantificado el daño. Son un total de 51,7 millones, según informa este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una cantidad que ya estaba depositada en el órgano judicial y que se distribuirá entre los 265 afectados por el chapapote que contaminó en noviembre de 2002 más de 2.000 kilómetros de costa española y francesa.
La mayor parte de este dinero consignado judicialmente (algo más de 27 millones) ha sido aportado por el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) y menos de la mitad (22,7 millones) los entregó la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club), que es la entidad con la que tendrá que pleitear el Estado español para intentar cobrar al menos una parte del resto de la multimillonaria compensación que aún queda pendiente. Unos dos millones de los 51,7 que se repartirán entre los afectados por la marea negra fueron recaudados por la venta del fuel recuperado del viejo petrolero hundido, que aquel 13 de noviembre de 2002 en que lanzó el SOS por una vía de agua en el casco navegaba frente a la costa gallega con 70.000 toneladas de hidrocarburo.
Estos primeros fondos se distribuirán proporcionalmente según las indemnizaciones reconocidas por el Tribunal Supremo en la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada del desastre, un fallo que fue dictado hace aproximadamente un año. Al Estado español, como principal perjudicado, le corresponden 40,6 millones; al Gobierno francés, 9,2 millones; y a la Xunta, 202.000 euros. Los 262 damnificados que restan, entre los que se incluyen empresas, Ayuntamientos, mancomunidades y ciudadanos particulares se repartirán 1,5 millones.
Los 2.500 millones de indemnización total por la catástrofe del Prestige los fijó la Audiencia de A Coruña sumándole a la cantidad principal de 1.500 millones de euros otros 1.000 millones de intereses, costas y gastos de ejecución. El cobro de esta cantidad se presenta complicado. Difícilmente la pagará el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, declarado único responsable civil de la marea negra tras su condena por delito ambiental. La responsabilidad civil subsidiaria recae en la propietaria del buque, Mare Shipping, por lo que el Estado español deberá emprender una batalla legal para que su aseguradora, la británica The London P&I Club, aporte al menos los 900 millones de la póliza.
La providencia de la Audiencia de A Coruña que acuerda el reparto de las primeras indemnizaciones del Prestige se ha conocido solo cuatro días después de otro naufragio que pudo acabar en catástrofe ambiental. Un barco quimiquero embarrancó el pasado viernes en la ría de Ares en medio de un fuerte temporal. Afortunadamente el Blue Star iba vacío y no se ha producido ningún vertido, aunque el buque permanece desde entonces empotrado en las rocas porque los medios de salvamento no han sido capaces de desencallarlo. Las malas condiciones meteorológicas han obligado este martes a suspender los trabajos para extraer las 100 toneladas de carburante del buque y evitar fugas contaminantes.
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