Arranca la reclamación de las indemnizaciones del ‘Prestige’ 16 años después de la catástrofe
El proceso está abocado a una batalla judicial en Reino Unido para que pague la aseguradora del barco ante la insolvencia del capitán
Nuevo paso en el interminable camino para cerrar las heridas del Prestige. La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido este miércoles una providencia con la que inicia el proceso para reclamar el pago de las indemnizaciones a los condenados por la marea negra que asoló 2.600 kilómetros de costa en noviembre de 2002. La factura ronda los 2.300 millones de euros tras la suma de las costas e intereses de esta larga demora a las compensaciones fijadas por el Tribunal Supremo el pasado diciembre. Los beneficiarios de esta cantidad son el Estado español como principal perjudicado, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas y Ayuntamientos.
La Audiencia coruñesa da 20 días al capitán, a la propietaria del petrolero y a la aseguradora para que procedan al pago voluntario, pero el cobro de este dinero no se presenta nada fácil, explican fuentes implicadas en el procedimiento. La principal esperanza de los damnificados por el desastre está en la póliza de cerca de 900 millones de euros que tenía suscrita el Prestige con una aseguradora de Londres. Para llegar a ella habrá, sin embargo, que pleitear en Reino Unido, una batalla cuya estrategia judicial aún está pendiente de "armarse", añaden las mismas fuentes.
La sentencia firme del caso que emitió el Supremo en enero de 2016, en la que se condenó al capitán Apostolos Mangouras a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, dejó pendiente la determinación de las indemnizaciones. Ahora que ya se han aclarado las cantidades, la providencia que se acaba de notificar a las partes emplaza a Mangouras a pagar pero, “ante la previsible insuficiencia de bienes” de quien fue el único condenado por la catástrofe, la Audiencia extiende el requerimiento a Mare Shipping Inc., la dueña del buque que fue declarada en aquel fallo responsable civil subsidiaria.
La misma petición se dirige a la aseguradora del barco, The London Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club), para que pague voluntariamente “hasta el límite de la póliza suscrita”. Sobre el eventual pleito que será necesario activar en Reino Unido para acceder a estos fondos pende la amenaza del Brexit y las complicaciones que la ruptura con la Unión Europea pueda provocar en la reclamación. Finalmente, la Audiencia también insta al Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) para que en el mismo plazo abone “la cantidad correspondiente a los límites establecidos en el convenio que lo regula, descontadas las sumas ya pagadas”.
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