La batalla de los Franco y el prior del Valle contra todos

No ha sido breve, ni sencilla. La batalla de los Franco para evitar hasta el final la exhumación del dictador tampoco ha sumado aliados, más allá de su familia, su albacea y el prior del Valle de los Caídos. El mandato del Congreso, las sentencias del Tribunal Supremo y la determinación del Gobierno de Pedro Sánchez han doblegado su pretensión de impedir la exhumación de los restos del dictador y dirigir la reinhumación a su gusto. Reconocida la derrota, con sensación de haber sido humillados por el Gobierno y abandonados por la Iglesia, los familiares se contentan ahora con completar una ceremonia digna, colocarle al féretro un pendón en el Valle y, ya en Mingorrubio, la bandera preconstitucional del águila de san Juan.

El 18 de junio de 2018, dos semanas después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez confirmó su decisión de cumplir una de las exigencias más polémicas de la ley de memoria histórica: “España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrar heridas, y apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios”.

El abogado de los siete nietos vivos de Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, hijo de José Utrera-Molina, exsecretario general del Movimiento, convocó a todos a una primera reunión. Y les soltó: “Esta batalla va a ser difícil pero solo podemos darla si estamos todos unidos”. No era un aviso de cortesía. Había sido albacea de la hija de Franco, Carmen, fallecida hace año y medio. Ella misma le había encomendado que velara por la unidad familiar. Esa posición no se ha resquebrajado en estos 16 meses. La adversidad les ha reconciliado porque han comprobado que la exhumación de su abuelo les afecta profundamente. Han creado un grupo de WhatsApp, se han citado casi semanalmente y cuando alguno faltaba han mantenido las reuniones por Skype.

De aquella primera charla Utrera-Molina salió con el mandamiento de los Franco de reclamar "un trato digno" hacia los restos de su abuelo. Lo primero que hizo al día siguiente fue escribir una carta al prior del Valle, Santiago Cantera, para trasladarle la oposición de la familia al desalojo de la tumba en el centro de la basílica donde el dictador fue enterrado, con todos los honores políticos y militares, a las 14.11 horas del 23 de noviembre de 1975.

La cuestión de la exhumación, 44 años después, ha sido muy diferente. Nada honorífica y sí muy polémica. Los Franco lo han intentado todo para impedir, paralizar y condicionar una operación que Sánchez había prometido que se haría “en breve” y que sorprendió al Gobierno por su complejidad.

Utrera-Molina, especializado en derecho mercantil y procesal, tuvo que ponerse al día sobre asuntos contencioso-administrativos y delegar el resto de casos de su despacho. Pese a su amistad con la familia, no lo ha hecho gratis. Ha pasado sus minutas. Ha aprendido de recursos, incidentes, escritos, resoluciones, peticiones de suspensión o de amparo. Ha presentado casi 50 escritos. Algunas de esas maniobras pusieron de los nervios al Ejecutivo en algún momento, pero solo lograron retrasar la exhumación.

El Tribunal Supremo sentenció por unanimidad a favor del real decreto aprobado en octubre de 2018 por el Ejecutivo. Francis, el nieto varón mayor de los Franco, tuvo que reconocer en el último contacto con el Gobierno, el miércoles de la semana pasada en La Moncloa, la contundencia de la derrota: “En el Supremo hemos perdido 10-0”. Después, el Constitucional desestimó su recurso. Cerrada la vía judicial en España, por primera vez un miembro de la familia se vio con un alto cargo del Ejecutivo, el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, un abogado penalista vinculado profesionalmente al Banco de España, que Sánchez se empeñó en reclutar para su gabinete por su lealtad personal y política.

La charla en La Moncloa entre Francis Franco, su abogado y el representante del Ejecutivo duró dos horas y media y casi la mitad la emplearon en discutir, con tensión, aspectos y detalles de la irremediable exhumación. La familia pretendía que el féretro portase la bandera preconstitucional con el águila de san Juan con que Franco fue enterrado y que el dictador convirtió en emblema de su régimen. Pese al rechazo de su demanda, los parientes programaron instalarla sobre el ataúd en la cripta del panteón de Mingorrubio, donde descansarán sus restos junto a su viuda, Carmen Polo. Antes, Francis Franco tiene el mandado de sus hermanos de situar sobre el féretro, ya en el traslado desde el Valle, una guirnalda especial con el pendón laureado de la familia perteneciente al actual marqués de Villaverde.

La auténtica obsesión de los Franco, en este periodo, había sido evitar una exhumación “humillante y ultrajante”, pero defienden que nunca se negaron a que los medios de comunicación tuvieran acceso a realizar imágenes incluso dentro de la basílica. Culpan de esa restricción al Gobierno. Piensan que han sido maltratados, especialmente por esa negativa tajante a acomodar el féretro en el traslado final con una enseña nacional, aunque fuese ya sin ningún símbolo añadido. El Gobierno explica que no querían conceder a los Franco ningún resquicio que se interpretase como un privilegio o que ofendiese a las víctimas de la dictadura.

Dos de los siete nietos, Cristóbal y María del Mar (Merry), fueron los elegidos para observar en directo el momento de la exhumación de su actual tumba dentro de la basílica. Francis fue el seleccionado para ir en el helicóptero al lado del ataúd. En el otro debía viajar la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para dar fe del acto. Todos los familiares, en total 22 entre nietos y bisnietos, tienen prohibido portar móviles para evitar imágenes del acontecimiento.

El contacto final de los Franco para negociar los pormenores del traslado llegó precedido de otros intentos infructuosos de convenir una solución al conflicto. Bolaños y Utrera-Molina se reunieron en febrero en el restaurante de un hotel del barrio de Moncloa con el mismo objetivo. En las últimas Navidades la mediación se intentó a través del obispo de Madrid, Carlos Osoro, con el que el Ejecutivo socialista mantuvo reuniones discretas que acababan siempre con la misma sensación de impotencia: el representante de la Iglesia solo les daba buenas palabras. Lo mismo sucedió con la Conferencia Episcopal. La vicepresidenta, Carmen Calvo, abordó en Roma el asunto en noviembre de 2018 con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con división de interpretaciones sobre el éxito de la entrevista.

El Gobierno envió al Valle, para convencer al díscolo prior Santiago Cantera, al presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, para esgrimir su responsabilidad sobre la conservación del recinto, exigir más claridad en las cuentas internas y hacerse con las llaves del recinto. Nada sirvió. El prior se encastilló y advirtió de que solo el Papa podría rectificarle. Esa intervención nunca se produjo.

Lo que sí se evidenció fue un distanciamiento entre la Iglesia y los Franco que el propio Francis reconoció este martes en una entrevista en EL PAÍS cuando se le preguntó cuál creía que había sido su comportamiento: "Acomodaticios. El prior del Valle, que era el depositario de los restos de mi abuelo, el fin de semana tuvo que denunciar que le impedían el acceso a la basílica, que es de ellos, y eso es una ilegalidad, un atropello. La Iglesia tendría que protestar, porque va contra el convenio del Vaticano, pero están callados y miran para otro lado en una actitud cobarde".

Su abogado ratifica esa posición: “Como católico no ha habido mayor decepción en este proceso que la absoluta soledad en la que la Iglesia ha dejado a una familia católica para que no se profanase la tumba de su abuelo en un lugar sagrado, una Iglesia a la que Franco cuidó y salvó y le dio un poder excesivo”.