El exsenador del PNV Víctor Bravo rechaza los delitos contra Hacienda que se le imputan

Víctor Bravo ha rechazado todas las acusaciones de fraude contra la Hacienda Pública que penden sobre él. El que fuera director de la Hacienda foral de Gipuzkoa entre 1991 y 2003, y senador del PNV entre 2004 y 2007, ha declarado este martes en la primera jornada del juicio en el que se le imputan tres delitos de fraude fiscal a través de la promotora inmobiliaria catalana Glass Costa Este Salou S.L. A pesar de tener una participación del 6,66% en la empresa, Bravo ha defendido que jamás ostentó ninguna responsabilidad. El político nacionalista no se ha sentado en el banquillo de los acusados, sino junto a los letrados, ya que ha asumido su propia defensa.

La Fiscalía entiende que sí tiene responsabilidades. Le atribuye un perjuicio de 1,8 millones de euros para la Hacienda guipuzcoana debido a sus maniobras para aminorar el pago del Impuesto de Sociedades de la promotora. En base a esas acusaciones, pide seis años de prisión para los acusados, mientras que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, solicita nueve, así como una cuantiosa compensación económica que supera la cantidad presuntamente defraudada entre 2003 y 2006. Además de Bravo, ha declarado como acusado en el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián Fernando Isidoro González, que fue administrador de Glass Costa Este Salou y es amigo del exsenador peneuvista.

La comisión de investigación de las Juntas Generales de Gipuzkoa dictaminó en mayo de 2010 que el exdirector de Hacienda mantenía bajo su control 145 expedientes, sobre todo de inmobiliarias. El dictamen establecía que Bravo controlaba esos expedientes e impedía que fueran inspeccionados por terceros. Una atribución que se atribuía como director de Hacienda. Las cuotas defraudadas ascendieron a 922.613,68 euros en 2003, 441.547,89 en 2004 y 469.875,97 en 2006. La Agencia Tributaria lo acusa porque ese dinero debería haberse ingresado en la Hacienda estatal, ya que la empresa no tenía actividad en Gipuzkoa. Es decir, no podía acogerse a la tributación especial del territorio guipuzcoano para las Sociedades de Promoción de Empresas, SPE.

Bravo, que ejerce en el juicio su autodefensa asistido por otro letrado, ha señalado que Glass Costa Este Salou S.L. se constituyó en 2001 y él tenía "un 1,66% de participación directa" en la sociedad, y "a través de otras dos sociedades otro 5%", es decir, "en total un 6,66% invariable desde el principio". De acuerdo con su versión, el "holding" Glass Costa Este Salou tuvo su sede fiscal inicial en la calle Loyola de San Sebastián, posteriormente en la avenida de Tolosa de la capital guipuzcoana y más tarde en un local que adquirió la sociedad en el barrio donostiarra de Portuetxe. Según ha indicado, él no tuvo conocimiento de los cambios de la sede fiscal hasta el comienzo de esta causa judicial.

Bravo ha negado que conociera, siendo director foral de Hacienda, el expediente para que Glass Costa se acogiera al régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura exclusiva de Euskadi ya derogada, para acogerse a los beneficios fiscales que ofrecía. El SPE posibilitaba tributar un 1% por el Impuesto de Sociedades en vez de un 28%. Una diferencia en la que está la base del fraude.