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El PNV abandona a Víctor Bravo en el 'caso Irún' para salvar a sus cargos

Las Juntas señalan al ex senador como el gran culpable político del fraude

El ex senador del PNV Víctor Bravo, director de la Hacienda de Guipúzcoa entre 1992 y 2003 y hermano del principal imputado en el caso del millonario fraude de Irún, quedará hoy como la gran víctima propiciatoria en el plano político del mayor escándalo conocido en esta provincia. Todos los grupos políticos de las Juntas Generales le atribuyen una responsabilidad principal por no haber impedido los hechos que investiga un juzgado de esa localidad. Incluso su propio partido, sobre el que además recaerá todo el peso de la culpa política por descuidar la vigilancia sobre los dineros públicos, evitará hoy salir en defensa de ex senador.

El pleno de la Cámara guipuzcoana debatirá el dictamen final elaborado por la comisión que ha investigado las presuntas responsabilidades políticas del fraude de Irún. En un informe de 51 páginas, los grupos concluyen que el "incorrecto" funcionamiento de los servicios de Recaudación y los "insuficientes" controles internos en Hacienda favorecieron que la trama supuestamente dirigida por José María Bravo, ex director de la delegación de Irún, dejara de ingresar ocho millones de euros en las arcas forales y se apropiara de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.

El PNV defiende a Txabarri y su equipo por hallar y denunciar el fraude

La comisión censura fallos en Recaudación y falta de controles internos

El informe es firme al atribuir a Víctor Bravo una responsabilidad directa por descuidar durante muchos años el control sobre el cobro de las obligaciones tributarias, así como de la actividad de las oficinas tributarias. De la etapa en que se cometieron los hechos que se juzgan, también aparecen censurados el director general de Finanzas Juan Romero y el diputado de Hacienda Antton Marquet, la única persona que ha admitido su parte de responsabilidad.

Los partidos también empañan la labor del anterior gobierno foral, presidido por el peneuvista Joxe Joan González de Txabarri, y de su equipo de Hacienda -el diputado Juan José Mujika; el director de Hacienda Iñaki Rica, y el director de Finanzas Asier Esnal-, por haber archivado provisionalmente una auditoría sobre bajas por insolvencias.

El PNV ha presentado correcciones (once votos particulares) al dictamen de la comisión para tratar de limitar el número de inculpados políticos y, al mismo tiempo, proteger a sus principales cargos forales. Así, distingue claramente entre quienes ayudaron, por omisión, a que se cometieron los delitos (Bravo) y quienes finalmente detectaron las irregularidades y las pusieron en conocimiento de la Fiscalía (Txabarri y su equipo).

El PNV pasa de largo sobre todas las infracciones que en el dictamen de la comisión se imputan a Víctor Bravo durante su etapa como director general de Hacienda. Le achacan, entre otros defectos, la existencia de "carencias organizativas" en el servicio de Recaudación y la falta de control e instrucciones claras en esta área, así como que no se atajaran desde su cargo procedimientos administrativos de dudosa legalidad (cobros de deudas en metálico) o que permitiera que su hermano siguiera al frente de la oficina de Irún cuando no contaba con la titulación requerida para ello.

En cambio, matiza las responsabilidades que se atribuyen a los cargos forales de la etapa de Txabarri. Los peneuvistas consideran que cuando se archivó provisionalmente la auditoría no existían indicios suficientes para sospechar la existencia de una maquinaria urdida para defraudar a Hacienda. Según los peneuvistas, fue a raíz de los testimonios realizados más adelante por contribuyentes ante la propia Hacienda cuando quedaron al descubierto las anomalías en la oficina de Irún, lo que desencadenó la inmediata denuncia penal a instancias de la Diputación que dirigía Txabarri.

A menos de dos meses de las elecciones autonómicas, los partidos de la oposición (PSE, PP, EB y Aralar) tratarán de visualizar en el pleno de las Juntas la carga de responsabilidad política que el PNV ha tenido en este caso. Con matices, van a hacer que el peso de la culpa recaiga sobre esta formación. Los socialistas asumen en su integridad y sin variaciones el contenido del dictamen, mientras que el PP y EB son partidarios de cargar más las tintas contra el ex senador peneuvista. Aralar se limita a censurar la falta de colaboración del actual diputado de Hacienda, Pello González, de EA, con la comisión.

Nuevo imputado con indicios "escasos"

El trabajo desarrollado durante los últimos 13 meses por la comisión de investigación de las Juntas Generales ha mantenido un curso paralelo al que ya había abierto, a través de un procedimiento penal, el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún. En un auto reciente, el juez que instruye esta causa, Julián García Marcos (el tercero que asume esta tarea) ha incorporado a un nuevo imputado por el fraude cometido en la Hacienda de Irún, lo que eleva a seis la lista de acusados.

A José María Bravo, ex director de la oficina de Hacienda de Irún, su esposa, Rosa Cobos; la funcionaria foral Pilar Gracenea, Pedro Atristain, socio del primero, y el decorador José Lam se suma ahora el nombre de Juan Pardo. Este fue jefe de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias cuando se produjeron los hechos e inmediato superior de Bravo en el organigrama de Hacienda. No obstante, el juez señala en su escrito que los indicios que presenta la Hacienda guipuzcoana para inculpar a Pardo son "sin duda escasos".

El Departamento de Hacienda había pedido imputar, además de Pardo, a otras tres personas que actuaron como asesores fiscales de contribuyentes y negociaron a la baja el pago de sus deudas. Sin embargo, el instructor de la causa ha rechazado en el mismo auto la acusación formulada por la Diputación.

La solicitud de imputar a estas cuatro personas fue el desencadenante de la renuncia del anterior letrado de la Diputación en este procedimiento, el penalista José Ricardo Palacio, quien se mostró contrario a formular dicha acusación. Al respecto, el portavoz foral, Eneko Goia, anunció ayer que el sustituto de Palacio será contratado de forma "inminente", probablemente, esta misma semana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de enero de 2009

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