La comisión del 'caso Glass' constata la "peculiar" actuación de Bravo en Hacienda
La investigación oficial se ampliará a nuevos expedientes "atípicos"
La primera reunión de trabajo de la comisión de investigación de las Juntas Generales de Guipúzcoa sobre el caso Glass puso ayer de relieve el "peculiar" funcionamiento de la Hacienda foral en la época en que ésta estuvo dirigida por Víctor Bravo, ex senador del PNV y uno de los seis imputados en esta causa. Los miembros de la citada comisión se quedaron "sorprendidos" al conocer determinadas actuaciones que se habían instalado en el fisco guipuzcoano y podrían haber dado pie a escándalos como el fraude de la Hacienda de Irún y el cometido por la empresa catalana Glass Costa Este Salou, ambos en fase de instrucción en los tribunales.
El presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, sujeto a la obligación de guardar secreto sobre el contenido de las declaraciones que se toman en este órgano, sólo pudo admitir que sus miembros se sorprendieron con las explicaciones que dieron el diputado de Hacienda, Pello González, y el director de su departamento, Pedro Mari Ruiz de Azua, quienes desvelaron "un modo de funcionar peculiar" de la Hacienda foral en el pasado.
La empresa Glass Costa Este Salou ya ha fijado su sede social en Tarragona
González y Ruiz de Azua fueron los primeros comparecientes en la comisión que investiga el caso Glass, la trama que, según la denuncia presentada a mediados de junio pasado por el fiscal, causó presuntamente unos perjuicios económicos a la Agencia Tributaria estatal por 2,1 millones de euros.
En su escrito, el fiscal detalla que la empresa catalana Glass Costa Este Salou falseó tener su domicilio fiscal en San Sebastián -la firma no tenía actividad alguna en Guipúzcoa- para acogerse a "cuantiosos beneficios fiscales" durante al menos tres ejercicios. Para la comisión del delito fiscal, la compañía contó con la colaboración entre otros de Víctor Bravo, ex director de Hacienda, y del funcionario de la Diputación Rufino Eizaguirre, ambos imputados por cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. También figuran como imputados Arantza Arbelaitz, esposa de Bravo; Jesús Jiménez Oruna, ex jefe del servicio del Impuesto de Sociedades y actual directivo de Cialt Asesores; el dueño de Glass Costa Este Salou, Fernando González Enfedaque, y su esposa, Yolanda Zuinaga.
El responsable del fisco guipuzcoano detalló ante los integrantes de la comisión de las Juntas los expedientes relacionados con el caso Glass que se han puesto en manos de la justicia, aunque también hizo referencia a otros "expedientes atípicos" que están siendo analizados y que podrían guardar relación con la mencionada trama. González no quiso aclarar si esos expedientes podrían implicar a otras empresas.
Glass Costa Este Salou es la cabecera de un grupo empresarial (F&G) que engloba a 23 compañías dedicadas al negocio inmobiliario y de hostelería. González informó de que, recientemente, Glass Costa Este Salou ha modificado su razón social y la ha fijado en Tarragona. Según la denuncia del fiscal, esta compañía estableció, desde su constitución en 2001, un domicilio fiscal falso en San Sebastián para acogerse al régimen fiscal especial de Sociedades de Promoción de Empresas. Este régimen le fue concedido en febrero 2002, cuando Víctor Bravo era director de Hacienda. Sólo tres meses antes, Bravo adquirió el 7,1% de las acciones de Glass sin hacer aportación dineraria ninguna.
Tras las declaraciones de González y Ruiz de Azua, la comisión volverá a reunirse el miércoles de la próxima semana, fecha en la que cada grupo político presentará un listado con las solicitudes de comparecientes y pruebas documentales. Este órgano trata de averiguar las posibles responsabilidades políticas de antiguos o actuales cargos de la Diputación guipuzcoana en los hechos denunciados.
La comisión tiene seis meses de plazo para elaborar sus conclusiones. La Cámara provincial también aprobó por unanimidad que se realice una auditoría de todas las actividades económicas y los expedientes tramitados por los cuatro ex altos cargos implicados en la estafa a la Agencia Tributaria: Bravo, Eizaguirre, Arbelaitz y Jiménez Oruna. Si las auditorías exceden de los seis meses de plazo que dispone la comisión para hacer su trabajo, las Juntas habilitarán los cauces necesarios para informar del resultado de la fiscalización a los grupos políticos.
